El 8-M, otra vez centro de la polémica

De Bildu a Marlaska: el Gobierno suma otra crisis más en medio de la pandemia

El Ejecutivo pasa de tambalear el diálogo social por la reforma laboral a un caso donde el ministro del Interior es acusado de injerencias.

De una crisis por un acuerdo parlamentario a cambio de una abstención a otra por una destitución donde tiene un papel relevante la gestión de una manifestación previa al estado de alarma. Esa es la realidad que ha vivido el Gobierno en la última semana, al atravesar dos grandes problemáticas que han puesto en cuestión su credibilidad. La primera fue el pacto con Bildu para la derogación total de la reforma laboral que fue rectificado casi de madrugada, y que provocó cruces de declaraciones entre ministros. La segunda es la de Fernando Grande-Marlaska, que con su decisión de destituir a Diego Pérez de los Cobos se ha puesto en contra a las Fuerzas de Seguridad y ha intentado apagar el fuego con subidas de sueldo e inversiones para Policía y Guardia Civil. Todo con las dudas sobre la gestión de las marchas del 8-M investigadas por una jueza de fondo.

El pacto con los abertzales fue el desencadenante de una tormenta política que no solo enfrentó al Ejecutivo con la oposición. Los propios miembros del gabinete de Pedro Sánchez se enzarzaron a través de los medios por su postura sobre la reforma laboral, cuya derogación de sus "aspectos más lesivos" forma parte del pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Una dinámica similar a la que rodea al caso de Marlaska, donde de una destitución se ha pasado a acusaciones de injerencia, a descontento de la Guardia Civil y a dimisiones sorprendentes como la de Laurentino Ceña cuando apenas le quedaba una semana para jubilarse. 

El lío de Bildu

Tras conocerse el acuerdo con Bildu después de la aprobación de la quinta prórroga del estado de alarma, los socialistas rectificaron levemente para asegurar que acabar con ella no sería algo inmediato y que no afectaría a su totalidad. Y desde ahí, la bola de nieve comenzó a crecer. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, insistió en que valía lo firmado en un primer momento. Horas más tarde, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tachaba de "absurdo" hablar de derogación en un momento de crisis sanitaria y con Europa pendiente de cada movimiento por las posibles ayudas que reciba España tras el paso de la Covid-19. Mientras, la responsable de esa ley, la ministra Yolanda Díaz, permanecía en silencio a la vez que la CEOE anunciaba que se levantaba de la mesa del diálogo social. Un embrollo que parece haberse reconducido en las últimas horas, y al que la titular de Trabajo no se ha referido expresamente más allá de insistir en que quiere acabar con la norma aprobada en 2012.

La oposición no tardó en cargar contra Moncloa por un pacto con "los herederos de ETA" para asegurarse que el estado de alarma salía adelante. Algo que el Ejecutivo justifica con que necesitaba apoyos 'extra' tras asegurarse de que el PP votaría en contra de la prórroga. Lo que encendió aún más los ánimos entre los de Pablo Casado, que junto a Vox no dieron respiro a Sánchez y su equipo por ese acuerdo. Pero no solo en los partidos rivales hubo críticas. Dirigentes socialistas destacados como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, declararon estar decepcionados por ese documento. Además, incidió en que hay dos almas en el Consejo de Ministros al mostrar su apoyo a Nadia Calviño frente a Pablo Iglesias. 

El lío de Marlaska

Todo lo que rodea a Marlaska y la investigación judicial sobre el 8-M ha sido aprovechado de igual manera por las fuerzas de la oposición, que se han encontrado con otra oportunidad para desgastar a la coalición de gobierno. La destitución de Pérez de los Cobos como responsable de la Guardia Civil en Madrid ha despertado una ola de peticiones de dimisión al titular de Interior, que este miércoles se enfrentará a una dura ofensiva de PP, Vox y Ciudadanos en la sesión de control al Gobierno. Un cese que el ministro ha justificado con un simple "cambio de equipos", al sustituirle por otros perfiles que le merecen más confianza. 

De fondo está una cuestión controvertida como la celebración de las manifestación por el Día de la Mujer del 8 de marzo cuando el coronavirus comenzaba a extenderse por todo el país. El informe que la Guardia Civil ha preparado sobre ello tras varias denuncias para la jueza Carmen Rodríguez Medel estaría relacionado con la decisión de Marlaska de prescindir de Pérez de los Cobos, a pesar de que el contenido del documento que elaboran los agentes de la Benemérita solo puede estar accesible para la magistrada. Por tanto, el ministro no podría acceder al mismo aunque así lo solicitara, aunque él mismo ha asegurado que no está en su poder y que nunca cometería una injerencia de ese tipo.

El 8-M ya provocó una crisis previa en el Ejecutivo antes de todos los problemas que trajo la Covid-19, ya que la aprobación de la ley de libertad sexual justo antes de esa fecha simbólica enfrentó a Pablo Iglesias e Irene Montero con Carmen Calvo y Juan Carlos Campo. Algo que finalmente se produjo, y el Gobierno casi en pleno invitó e incluso acudió a las protestas, que no fueron desaconsejadas por el Ministerio de Sanidad ni prohibidas por la Delegación del Gobierno. Ahora, ese famoso informe apunta a que Moncloa conocía los riesgos de las manifestaciones. Una revelación que coincide con la salida de Pérez de los Cobos, y la posterior dimisión del ya exDAO Laurentino Ceña por su desacuerdo en el cese del primero. Y por la que la oposición ha sumado una nueva causa con la que continuar su ofensiva contra un Gobierno que empieza a sufrir las consecuencias de la pandemia.