La Junta de Supervisión atrasa los recortes presupuestarios por un año

Mientras, en el nuevo plan fiscal que se certificará mañana el ente reduce en 65% el pago a bonistas

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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se propone certificar mañana un nuevo plan que centrará sus esfuerzos en que el gobierno haga los ajustes necesarios para ofrecer mejores servicios educativos y de salud pública mientras pospone los recortes presupuestarios antes contemplados por espacio de un año.

La decisión del organismo fiscal es la respuesta al efecto que el coronavirus comienza a tener en las condiciones económicas y financieras de Puerto Rico, explicó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, quien adelantó que la pandemia aceleraría, por unos seis años, el cuadro de déficit presupuestario del gobierno y reduciría en casi dos terceras partes el efectivo disponible para pagar a los bonistas.

“Puerto Rico no podía costear antes sus obligaciones legales contraídas, ahora puede menos”, indicó Jaresko, al señalar que las nuevas proyecciones fiscales descansan en lo que estima que serán cinco años de contracción económica como resultado de la pandemia.

De acuerdo con Jaresko, en los siguientes cinco años, a medida que el coronavirus se traduzca en menos ingresos y recaudos al fisco, el sobrante disponible para pagar a los bonistas se reduce a unos $8,000 millones o alrededor de 65% menos que el dinero que antes estaba disponible para los acreedores.

Según el plan fiscal que adoptaría la JSF, los recaudos del erario se quedarán cortos por unos $1,300 millones por causa del COVID-19 y por otros $1,200 millones en el año fiscal 2019.

Esas proyecciones podrían quedarse cortas, pues la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) indicó ayer que en apenas las ocho semanas del encierro por el coronavirus, los recaudos del erario se habían quedado cortos por $1,433 millones.

“No hay un cambio de prioridades”, subrayó Jaresko, al señalar que ahora las reformas estructurales que la JSF ha reclamado por casi cuatro años resultan más necesarias.

Según Jaresko, ahora que la actividad económica se verá más afectada como resultado de la pandemia en la isla y a nivel global, es cuando Puerto Rico tiene que acabar de tener un gobierno que funcione, para que la isla pueda atraer la inversión que pueda, incluyendo ser parte de la cadena logística estadounidense para efectos de seguridad nacional.

“Es un año para ponerse al día”, dijo Jaresko, quien planteó que ofrecer servicios de calidad a la gente y las empresas en Puerto Rico no puede posponerse porque sea un año de elecciones.

El plan fiscal presentado por el gobierno contemplaba postergar los recortes presupuestarios por dos años y recomendaba revisar el plan de ajuste de deudas radicado ante el tribunal.

Jaresko subrayó que no se trata de medidas como la derogación de la Ley de Despido Injustificado (Ley 80), sino de estrategias dirigidas a que el gobierno funcione mejor. Ese sería el caso, por ejemplo, en el Departamento de Educación, donde todavía se aguarda por un plan de enseñanza que incluya innovaciones tecnológicas o del Departamento de Seguridad Pública (DSP), en el que no se ha completado el proceso para que los miembros de la Uniformada en trabajos administrativos regresen a las comunidades.

De acuerdo con Jaresko, para que esa transformación sea factible, el plan contiene alrededor de $6,000 millones en inversiones específicas, incluyendo mejoras capitales al sistema de salud y mayores pagos a proveedores en los próximos cinco años.

No obstante, a preguntas de El Nuevo Día sobre cómo las nuevas proyecciones redundarán en la negociación con los acreedores, Jaresko sostuvo que, al presente, el foco de la JSF es lograr la aprobación de las nuevas proyecciones y el presupuesto.

La JSF llevará a cabo hoy su reunión pública de manera virtual, a partir de las 10:00 de la mañana, y se transmitirá a través del sitio web del organismo fiscal.