Gobierno se retracta de restablecer la Ley de Información Pública en El Salvador
La postura causó rechazo de parte de las bancadas mayoritarias. Diputados y Gobierno discutirán temas medulares en privado.
Que ya no se restablezca la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley de cuarentena, sino que se espere al menos 15 días más, propuso ayer el Gobierno a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.
La petición contrastó con la propuesta de ley que el Gobierno mandó el jueves pasado. Específicamente, el artículo 27 reconocía que "la Ley de Acceso a la Información Pública, su reglamento y lineamientos tienen aplicación de manera plena a partir de la vigencia de este decreto".
El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, justificó el motivo.
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"No estaríamos de acuerdo con eso respecto de que significa que dentro de todas las instituciones tenemos que abrir todas las OIR y cada vez que se presenta un requerimiento de información estas lo mandan a una unidad que posiblemente no esté trabajando y tiene que hacer llegar a más personas. Si lo que estamos procurando es cuidar a las personas para que no lleguen, esto lo que hace es que se genere un montón de gente trabajando sobre el mismo tema", dijo el secretario.
Inmediatos fueron los rechazos al cambio de postura gubernamental. El FMLN les cuestionó la pretensión de mantener la suspensión de la LAIP por más tiempo, ya que esta no se aplica desde que se declaró el estado de emergencia en marzo pasado.
"Sí hay instituciones relacionadas al manejo de recursos o en el manejo de actividades relacionadas a la pandemia que sí deben de quedar habilitadas", consideró la diputada Cristina Cornejo, del FMLN.
La discusión sobre el tema se alargó y por eso tomaron la decisión de "dejarlo en el congelador". Así pasó con varios otros aspectos claves de la normativa, debido a las marcadas discrepancias.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, dijo en varias ocasiones que estas diferencias se iban a discutir en reuniones bilaterales en privado.
Uno de los puntos que sí tuvo acuerdos es el que establece la entrega de informesa la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre la situación dentro de los centros de contención . El ministro de salud, Francisco Alabí, pidió que se cambiara que la entrega no fuera diaria sino semanal. Los diputados aceptaron esa modificación.
Términos de reapertura
Aún sin discutir cuándo se comenzará el proceso de reapertura de la actividad económica en el país, los diputados y el Gobierno comenzaron a definir los términos en los que se hará el proceso.
Uno de los primeros aspectos pactados es que pasados 10 días de la entrada en vigencia de la ley, el Gobierno deberá remitir al Congreso un plan para "el regreso seguro y progresivo de las actividades sociales, económicas, comerciales e industriales".
Se acordó también que desde la Fase I de la reapertura se permitirá la circulación del transporte público. Los buses deberán cumplir procesos de desinfección continuos.
Además, en la fase II se permitirá que los establecimientos que vendan alimentos permitan el servicio en mesa para grupos familiares. Para permitir esto, en los recintos debe haber distancia de al menos tres metros entre las mesas.
Uno de los aspectos en los que no hubo acuerdo es el relacionado a si permitir o no la apertura parcial de museos, salas de exposiciones y centros de convenciones. El Gobierno sostuvo que la experiencia de otros países es que la reapertura de esos espacios se deja hasta el final del proceso, no a mitad de este.
Al cierre de esta nota, los diputados y el Gobierno seguían sin discutir lo relacionado a los plazos para la reapertura. Sin embargo, el presidente de la república, Nayib Bukele, reiteró que este se debe comenzar a ejecutar 15 días después de una "cuarentena estricta".