"El manejo de la pandemia en las cárceles es muy improvisado", dice Cristosal

La organización Cristosal considera que el Gobierno no tiene un plan para prevenir la expansión de covid-19 en las prisiones. Advierte que el hacinamiento y la falta de información pueden provocar contagios masivos en los reos.

Las cárceles se han convertido en uno de los principales focos de contagios del nuevo coronavirus en el mundo. El hacinamiento y el nulo aislamiento hacen casi imposible impedir que en una prisión no se expanda este virus, aunque en El Salvador la situación parece otra: un país con casi 40,000 reos solo ha reportado 36 pacientes, hasta ayer.

Una realidad que no parece convencer a especialistas en derechos humanos como Abraham Ábrego, quien no confía en los datos publicados por el Gobierno. El director de Acompañamiento a Víctimas de la organización Cristosal, que trabaja en la protección de los derechos humanos, critica la falta de protocolos en las cárceles para prevenir contagios de una enfermedad que hasta ayer por la tarde había provocado 36 muertes en el país.

Publicaron una carta a favor de los privados de libertad en esta pandemia...

Era una carta de más de 20 organizaciones nacionales e internacionales dirigida al presidente de la República, donde se mostraba la preocupación por las medidas de emergencia en los centros penales y se hacía un llamado a tomar las medidas de protocolos adecuados para evitar la ampliación del contagio. En particular, para proteger a mujeres y niños que están en las granjas penitenciarias.

En la carta también se expresa que hay algunas demandas que han sido presentadas por las reformas a la Ley Penitenciaria, que implicaban que en los declarados centros de máxima seguridad se permitía el aislamiento indefinido. Implica casi anular totalmente las visitas familiares y prolongar el aislamiento.

¿Esto tiene relación con lo que anunció el Gobierno de sellar las celdas?

Igual que ha estado pasando en los últimos meses, no se ha seguido el procedimiento. Porque el procedimiento no es que el presidente ordena decretar los estados de emergencia, sino que prácticamente eso es una facultad discrecional que pueden tener los directores de los centros penales; pero debe ser ratificados por Centros Penales y por los jueces de vigilancia penitenciaria.

Estamos viendo órdenes del presidente que directamente pasa a cumplirlas el director general de Centros Penales, pero sin el debido proceso y sin la debida garantía del juez de vigilancia penitenciaria, que es el que se encarga de ver si procede la medida de emergencia. Estas últimas vienen a ser como medidas ilegales.

25 reos del penal San Vicente contagiados de covid-19

¿Sellar celdas entra en esa ilegalidad?

Sí, porque primero es una medida que implica el aislamiento prolongado indefinido, además que está incluso en contra de los protocolos y de las normativas en términos de la epidemia, que plantea que todos los centros de detención deberían contar con las medidas de aislamiento.

En la carta también mencionan el hacinamiento. ¿Cómo está esa situación?

Nosotros hicimos una petición de información a la Dirección General de Centros Penales sobre el número y el último dato, al 27 de abril, era que había 37, 280 privados de libertad. Eso significa que se rebasa en un 33.12 % la capacidad instalada, que es de 28, 005 personas privadas de libertad en los centros penitenciarios.

Por eso planteamos que una de las recomendaciones (para prevenir contagios de covid-19) es que se reduzca la población penitenciaria a través de medidas alternas a la prisión que ya están reguladas en el Código Procesal Penal y en la Ley Penitenciaria. Ese es un plan que ya había planteado el director de Centros Penales, pero se invitaba a agilizarlo para reducir la población penitenciaria y particularmente de personas mayores de 60 años, de mujeres embarazadas y de personas con enfermedades crónicas.

¿Saben por qué el director de Centros Penales no siguió con ese plan?

No tenemos una explicación (...) No sé por qué ya no siguió con eso, pero por eso lo estamos recomendando ahorita. Porque con el hacinamiento realmente así como están las cárceles es bastante riesgoso que alguien se contagie, como ya ha pasado con las bartolinas policiales. Una vez que se contagie alguien eso va a ser un contagio masivo.

El Gobierno dice que ha reducido el hacinamiento, ¿se percibe la reducción?

Hubo una reducción importante a partir del gobierno anterior, porque, por un lado, se crearon nuevos centros penales y eso permitió sobre todo bajar el hacinamiento en las bartolinas policiales y algunos centros penales. El Salvador sí había bajado el hacinamiento el año pasado. Entiendo yo que luego, a partir del año pasado que empezaron a incrementarse las detenciones, volvió a crecer. S in embargo, si lo comparamos con hace dos años, sí hay una reducción.

¿Cómo está la salud de los reos?

Es un problema. Hasta donde hemos conocido con la situación los enfermos crónicos y de los enfermos de tuberculosis es que se habían muerto varios. El problema es que ahorita hay falta de información.

Lo que sí podemos decir es que sigue la deficiente atención de salud porque no hay condiciones en los centros para una adecuada atención, creo que es muy mínima la atención médica que reciben y dependen sobre todo de los familiares. Pero no hay mucha información sobre cosas que se hayan hecho para mejorar las condiciones.

¿Cuál es su valoración del manejo de la pandemia en las cárceles nacionales?

Es muy improvisado. En general como ha pasado afuera en los hospitales y en la Policía, es muy tardado en darles los insumos de protección como guantes, mascarillas, jabón. Todos los utensilios para la sanitización (sic). Hasta ahora no conocemos un protocolo en las cárceles de seguridad sanitaria. Esto puede causar un gran impacto.

Fue a raíz de una demanda en la Sala de lo Constitucional de unos custodios que se quejaban que no tenían estos mecanismos de protección en marzo, que comenzaron a darlos. Me parece improvisado, no hay un protocolo y estas medidas que no se tomaron antes podrían afectar. Eso lo vamos a ver con el nivel de contagio que pueda haber en los centros penales.

Puede generar un problema...

Si de por sí es difícil en la infraestructura del centro penal, si usted no toma siquiera las medidas, por ejemplo si no hay acceso a agua y jabón, es difícil garantizar que no haya contagio. El otro tema es si las cárceles no tienen la infraestructura para aislar a los casos sospechosos, o adonde los van a llevar. Si eso no lo tienen, seguramente así como están se van a contagiar todos.

¿Qué proponen ustedes?

Primero, la existencia de un protocolo, eso ayudaría. Hay que recordar que como cada centro penal tiene su propio director, cada uno puede tomar las medidas; y tener un protocolo que unifique las medidas y establezca criterios es lo más importante. Luego yo pensaría en revertir, como han aconsejado organismos internacionales, la medida del encierro total y buscar hasta donde sea posible el aislamiento; pero esta medida si es contraria a la salud, de encerrarlos hacinados en las celdas. Y sobre todo reforzar el tema de salud en los centros penales por parte del Ministerio de Salud.

¿Y las pruebas de detección?

El acceso a las pruebas creo que es necesaria; si no, difícilmente se pueda estar detectando los casos. Eso el Ministerio de Salud debería poner el acceso a todas las condiciones, incluidas las pruebas.

*Penales dice que no hay contagios de coronavirus en las cárceles, ¿es confiable esa información?

No se puede confiar en esos datos porque el sistema penitenciario ahorita está con nula información, creo que ni la Procuraduría de Derechos Humanos tiene acceso para verificar la situación en los centros penales; por lo tanto, no. Igual dijeron con las bartolinas policiales que no había riesgos y ya hay nueve contagiados.

Es decir que yo dudaría de la confiabilidad de los datos que no hay nadie contagiado. El problema es que ahorita no hay forma de verificarlo, dependemos de la información que trasladen las autoridades de los centros penales.

* Esta entrevista fue realizada antes del domingo 24 de mayo, cuando el Gobierno confirmó los primeros reos con covid-19.