La legitimidad de Juan Guaidó se esfuma

El opositor se queda sin liderazgo parlamentario y, por tanto, sin respaldo político para erigirse en presidente encargado de Venezuela. Desahuciado.

Sabela Bello y Héctor Pereira

EFE | LA PATRIA | Caracas

La Justicia de Venezuela dejó ayer a Guaidó sin la presidencia del Parlamento, que compartía de facto desde el 5 de enero con Luis Parra, y cede terreno al chavismo en el año en que deberían celebrarse elecciones legislativas a las que el oficialismo va con ventaja después de este giro, al menos sobre el papel.

La junta directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) encabezada por Guaidó fue anulada definitivamente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que reconoció a Parra -un disidente de la oposición- como legítimo presidente de la institución legislativa.

El fallo también establece que cualquier persona, pública o privada, "que preste o ceda espacio" para la instalación de un Parlamento paralelo o virtual "será considerado en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo".

Esto impide a Guaidó y a los miembros de su junta directiva continuar con la celebración de sesiones parlamentarias en lugares diversos e improvisados al tener vetada la entrada a la sede de la AN, que está ocupada por su rival, Parra.

"Presidente" por partida doble

En el último año y medio, Guaidó se ha presentado como jefe del Parlamento y como presidente encargado (interino) de Venezuela, reconocido así por 50 países en detrimento de Nicolás Maduro, a quien numerosos mandatarios consideran "ilegítimo" por no resultar elegido, según sus detractores, en unas elecciones "democráticas y libres".

La presidencia de la Asamblea Nacional había sido la catapulta para que el líder opositor se ganara el reconocimiento de la comunidad internacional y tratado con honores de jefe de Estado por quienes lo defendían como tal, después de que se proclamara como presidente de Venezuela en enero del 2019.

Pero al perder, por orden judicial, su cargo al frente del Parlamento, el poder político de Guaidó queda en entredicho y a expensas del trato que, a partir de ahora, le den los mandatarios que hasta hoy lo apoyaban y que conforman una larga lista encabezada por Estados Unidos.

Desahucio interno

Más allá del reconocimiento internacional, que le ha valido entre otras cosas para ser recibido como un homólogo por el presidente, Donald Trump, en Estados Unidos, Guaidó ha visto mermar su poder dentro de Venezuela.

El líder opositor ha intentado varias iniciativas para demostrar su fuerza, como declaraciones internacionales contra el Gobierno o un fallido levantamiento militar, y en ningún momento ha puesto en peligro la continuidad de la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999.

Y aunque su margen de maniobra siempre ha estado reducido por el control gubernamental, Guaidó contó durante su primer año de jefe parlamentario con dos facultades que hoy tiene diezmadas: el poder de convocatoria a manifestaciones contra el chavismo y el dominio de la escena en los medios de comunicación.

El opositor controla millones de dólares provenientes de cuentas estatales de Venezuela en el exterior y filiales como la petrolera Citgo, pero no ha podido convertir todos esos recursos en ayudas para la población que atraviesa una severa crisis económica.

Todo este desahucio interno se ha incrementado desde marzo, cuando el país entró en cuarentena y, desde el confinamiento, solo se siguen las indicaciones del Ejecutivo de Nicolás Maduro mientras las apariciones de Guaidó se han limitado a comentarios en redes sociales y sesiones virtuales de la Cámara.

Arrinconamiento judicial

En los últimos 17 meses, Guaidó ha sido arrinconado por la Justicia y el Gobierno venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por chavistas y de legitimidad cuestionada por numerosos países, dio por levantada la inmunidad parlamentaria del opositor. Entre las numerosas acusaciones que ha procesado la Fiscalía contra Guaidó figuran delitos como rebelión, conspiración, instigación a delinquir, intento de golpe de Estado y terrorismo.