El hambre en la pandemia

Aunque la “cuarentena total” es una medida de control de epidemias generalmente aceptada por salubristas, lo cierto es que el término mundialmente repetido de “lockdown” no tiene el mismo impacto en las diversas regiones, países, ciudades, comunidades e individuos, si no se acompaña de medidas para compensar las grandes desigualdades existentes, que se exacerban y resaltan dolorosamente en estos momentos.

El inicio de la cuarentena obligatoria, que desde el viernes 15 de mayo afecta a un número importante de comunas del país (principalmente de la Región Metropolitana) ha aumentado la tensión de las mismas asimetrías desencadenantes del movimiento social de octubre de 2019, las que se han expresado de forma dramática en el contexto de la actual pandemia por COVID-19.

La inestabilidad laboral (expresada muchas veces como trabajos informales), los altos niveles de endeudamiento, viviendas de espacio reducido, hacinamiento, incompatibilidad laboral con los cuidados de la familia y del hogar, entre muchas otras dimensiones, dan cuenta de la imposibilidad de que se cumpla de una misma manera el confinamiento.

Proponemos en concreto la necesidad de avanzar en tres puntos. En primer lugar, aumentar el IFE, para asegurar un ingreso mínimo que permita cubrir las necesidades básicas, al menos por todo el periodo de pandemia. En segundo lugar, fortalecer el canal agroalimentario tradicional en tres aspectos: a) considerar la producción agrícola orientada al consumo nacional como recurso estratégico; b) facilitar la distribución de los alimentos (campo, mar-ciudad) desde pequeños y medianos agricultores y pescadores; y c) establecer medidas que permitan el seguro funcionamiento de ferias libres, asegurando el distanciamiento físico entre las personas y su debida protección. Finalmente, en tercer lugar, es necesario fortalecer los programas alimentarios estatales de salud y educación, asegurando su entrega programática y aumentando su cobertura y distribución.

El lunes 18 de mayo, pobladores de las comunas de El Bosque, La Pintana y la Cisterna realizaron desesperadas protestas en la vía pública. Tras un mes de cuarentena (iniciada en El Bosque el 16 de abril), los vecinos hicieron evidentes las desigualdades sociales y la vulnerabilidad: “Estamos pasando hambre”, indicaron a la prensa, “la gente que no tiene de comer, ¿tomamos agua en cuarentena?”. La pandemia y la cuarentena como medida necesaria de mitigación, ponen en evidencia la fragilidad de nuestra seguridad alimentaria y la ausencia del derecho constitucional a la alimentación.

Es probable que, en las próximas semanas, escenas como estas se repitan, por lo que no es posible seguir esperando y es necesario que el Estado tome un rol activo frente a la inseguridad alimentaria y garantice tanto la disponibilidad como el acceso a alimentos saludables para toda la población.

Algunas horas antes del inicio de las protestas del hambre, el Presidente Sebastián Piñera Echenique anunció, por cadena nacional, la distribución de 2,5 millones de canastas de alimentos (lo que equivale, siguiendo datos del Censo 2017, a aproximadamente a 7.750.000 personas), medida que sin duda contribuirá a paliar el hambre, pero que parece absolutamente insuficiente para garantizar la seguridad alimentaria de la población en el mediano y largo plazo.

La canasta de alimentos ha sido presentada como un complemento al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el que se plantea como una subvención pública entregada a “familias que reciben ingresos informales, y que han visto disminuidos estos recursos, debido a que no pueden trabajar a causa de la emergencia producida por el COVID-19”. Esta se entregará durante tres meses en tres pagos de 65 mil, 55 mil y 45 mil per cápita. La distribución de estas canastas, en lugar de un aumento monetario del Ingreso Familiar de Emergencia IFE, nos plantea algunas dudas a profundizar.

Actualmente, no existe una información oficial del contenido de la canasta de alimentos, aunque extraoficialmente se indica que esta contendría solo alimentos no perecibles, como “harina, legumbres, fideos y aceite”, lo que representa una transferencia indirecta de recursos más que una preocupación real sobre la calidad de la alimentación de la población. Asimismo, se desconoce la periodicidad de entrega de estas canastas, si serán entregadas una sola vez o por el tiempo que dure la pandemia. Para que haya seguridad alimentaria, debe haber estabilidad en el acceso a los alimentos.

También sería de interés saber si el contenido de las canastas será adquirido de mercados locales y ferias libres, para favorecer a estos grupos pequeños de productores y comerciantes, que se encuentran económicamente afectados por la crisis, o se optará por la compra a grandes cadenas de retail. Es dable pensar que, si en lugar de canastas se hiciese un aumento del IFE, las necesidades de alimentación de la población serían satisfechas en su propio entorno comunitario, favoreciendo a los más necesitados.

La idea de una canasta homogénea para todos supone un ciudadano estandarizado en necesidades nutricionales, pero desconoce preferencias y prácticas alimentarias, no tomando en cuenta la diversidad cultural que existe en el territorio, incluyendo la población migrante. Finalmente, la entrega de una canasta –en lugar de dinero– supone que los ciudadanos toman malas decisiones, que eventualmente no lo usarán en alimentación, priorizando la cobertura de otras necesidades, infantilizando a los sectores populares.

Es función del Estado garantizar que “todas las personas tengan, en todo momento, acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias, a fin de llevar una vida activa y sana” (Declaración de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, Roma, 1996).

Ante esta situación, proponemos en concreto la necesidad de avanzar en tres puntos. En primer lugar, aumentar el IFE, para asegurar un ingreso mínimo que permita cubrir las necesidades básicas, al menos por todo el periodo de pandemia. En segundo lugar, fortalecer el canal agroalimentario tradicional en tres aspectos: a) considerar la producción agrícola orientada al consumo nacional como recurso estratégico; b) facilitar la distribución de los alimentos (campo, mar-ciudad) desde pequeños y medianos agricultores y pescadores; y c) establecer medidas que permitan el seguro funcionamiento de ferias libres, asegurando el distanciamiento físico entre las personas y su debida protección. Finalmente, en tercer lugar, es necesario fortalecer los programas alimentarios estatales de salud y educación, asegurando su entrega programática y aumentando su cobertura y distribución.

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