Lo que las ARL olvidaron

En tiempos de crisis se sabe quién es quién. Ciertamente, al coronavirus hay que agradecerle haber evidenciado la voracidad y egoísmo de las ARL, ya que han demostrado que su única prioridad son las utilidades a expensas de los empleadores. La covid-19 nos tomó por sorpresa, llegó sin previo aviso. Estamos en medio de un estado de emergencia, en el cual estas entidades deberían acatar la directriz presidencial y solidarizarse, para que se hiciera más llevadera la carga sobre quienes hoy exponen sus vidas en medio de la crisis.

Muy por el contrario, lo que se ha evidenciado es que las ARL han evadido sus responsabilidades para evitar responder. Ni siquiera han financiado la adquisición del material que garantice los insumos de bioseguridad a los trabajadores que no han podido cesar su actividad laboral. Hasta nos recordaron que no son la única y principal fuente de financiación para conseguir dichos materiales. Según las ARL, y una normatividad acomodada, son los empleadores, el Estado y los entes territoriales quienes deben costearlo, pasándose por la faja la directriz presidencial.

Sin embargo, las ARL no pueden lavarse las manos y hacerse las de la vista gorda. Es como si olvidaran que los recursos que manejan no les pertenecen a ellas, sino que son recursos públicos. Es cierto que las ARL están en su legítimo derecho de lucrarse al recibir ganancias producto de los dineros que administran, pero solo es posible si prestan un servicio satisfactorio y eficiente. La prioridad no es su lucro, sino que destinen los recursos para proteger a los trabajadores del país.

Quiero informar a los colombianos que para garantizar la prestación del servicio de las ARL radicaré en el Congreso de la República un proyecto de ley que las regule. El proyecto estará enfocado en supervisar tres elementos específicos: el monto de las cotizaciones; los gastos administrativos, que se pueden descontar, y la forma en que son usados estos recursos públicos.

Conviene recordar que, si tenemos en cuenta el monto cotizado en otros países, el porcentaje que reciben las ARL del sueldo de cada trabajador es exagerado. Los colombianos pagan hasta 8,7% de su salario según el nivel de riesgo. En los países de la región esa cifra no supera 4%. Solo en los últimos siete años, los gastos administrativos burocráticos han sido de 9,2% de nuestras cotizaciones, es decir $2,2 billones y, aun después de financiar dicho despilfarro, han obtenido utilidades de $2,3 billones. Ganancias que privatizan, por administrar nuestros aportes, que son públicos.

Los colombianos no pueden seguir financiando la ineficiencia y el egoísmo de unas entidades a las que solo les interesa salvaguardar sus ganancias. Del total de contagiados por covid-19 en el país, 760 casos corresponden a trabajadores del sector salud, 10 de ellos han perdido la vida cumpliendo su indispensable labor. Nuestros médicos necesitan menos aplausos y más garantías.

A todos los trabajadores, cuya labor sea vital para la sociedad en medio la pandemia, quiero informarles que cuentan con un aliado que luchará por sus derechos. No están solos, la batalla es larga. Espero contar con el apoyo del Gobierno Nacional y el resto de legisladores para sacar adelante esta iniciativa.

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