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Molestia

ATP: revuelo por la difusión de datos de empresas beneficiarias

La polémica se armó por la decisión del gobierno de publicar los datos de las compañías y los trabajadores que recibieron la asistencia nacional.

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Una polémica se generó en las últimas horas por la decisión del gobierno nacional de publicar los datos de las empresas y trabajadores que fueron beneficiarios del  Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

“En orden a una adecuada difusión de la información relativa al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el Comité recomienda que la Jefatura de Gabinete de Ministros proceda a publicar en el sitio web una serie de datos”, señala la resolución del Gobierno.

Frente a esto se solicitó que se publique la siguiente información:

“Al efecto, la Anses y la AFIP deberían proporcionar la información correspondiente a tales beneficios a la Jefatura de Gabinete procediendo a actualizarla con la periodicidad que se determine para su correcta difusión”, expresó la norma oficial.

A esto se suma la difusión, días atrás, de una lista de beneficiarios de estos programas, incluyendo empresas de diversos rubros, como salud y transporte.

Los abogados constitucionalistas Gregorio Badeni y Daniel Sabsay  cuestionaron la decisión de difundir datos.

“Es un mensaje extorsivo. El Estado tiene la obligación de colaborar y ayudar a las empresas privadas a resolver sus problemas; lo puede hacer bajando impuestos o con esta asistencia, pero no difundiendo sus datos. Porque esto viola la intimidad de los datos privados y el secreto fiscal; eso es usar la ley para extorsionar”, dijo Badeni.

En cuanto al levantamiento del secreto fiscal, por más que haya sido aceptado como condición para el otorgamiento del beneficio, Badeni consideró que “es un sistema perverso cuyos fines no están claros; seguro que no es para colaborar con la empresa. El sector privado hace años hace años debería haber reaccionado, pero no lo hizo porque siempre pensó que lo iba a superar”.

Por su parte, el abogado experto en temas tributarios, Diego Fraga, dijo que “si la información difundida hubiese sido obtenida de la AFIP entiendo que podría haberse visto afectado el secreto fiscal, ya que se publicaron datos personales de empleados del sector de transporte a los que se le abonó parte del sueldo”.

“Si bien a las empresas les hacían firmar una dispensa del secreto fiscal para acceder al programa de ayuda estatal, la misma era para evaluar la procedencia del beneficio y sólo implicaba compartir datos con ANSES y el Ministerio de Trabajo. Y eran datos de la empresa, no de sus empleados”, aclaró el profesor de la Universidad Austral.

Fuente: Infobae

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