Opinión
Dos debates legislativos lejos de la historia y de ser históricos
Los tratamientos de la eliminación de la equiparación salarial a magistrados y el desafuero del senador Romano defraudaron.
by Marcelo TorrezLa Legislatura provincial se pasó ayer, por buena parte del día, discutiendo y votando dos proyectos que venían precedidos de un alto impacto político y también, por supuesto, de cierta relevancia en los medios por la expectativa que se había creado a su alrededor.
Fue el Senado el que se ocupó primero de darle media sanción a una iniciativa que tres meses atrás se había anunciado provocando un estruendo en la relación, siempre sensible, entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Se trató de un intento que impulsó el propio jefe del Ejecutivo, Rodolfo Suarez, para terminar con años de inequidades e injusticias que beneficiaban a cerca de 80 empleados jerárquicos del Judicial, a quienes, por extrañas razones y gambetas casi nada explicadas ni mucho menos fundamentadas, sus sueldos les fueron equiparados con los de los magistrados, sin serlo, claro está. Estos agentes llegaron a cobrar más que el gobernador, alcanzando sumas siderales que en algunos casos superaron largamente los 400.000 pesos.
El otro proyecto, también impulsado por el oficialismo, buscó y logró por mayoría despojar de los fueros al senador opositor de Protectora Marcelo Romano, investigado por un probable abuso de autoridad contra un grupo de policías durante un altercado que mantuvo con ellos en la ruta en agosto del 2019.
Los dos asuntos, más allá de haber dejado satisfecha a la bancada de senadores oficialistas de Cambia Mendoza por el resultado obtenido, se quedaron a mitad de camino al analizarse desde lo que potencialmente prometían. Para el caso de los famosos equiparados a magistrados, lo que el gobernador anunció en su momento fue la intención de terminar con un régimen de beneficios elevados a la altura de privilegios poco fundados, flojos de papeles, o ambas cosas. En algún momento se habló de que ese sistema de beneficios alcanzaba a un centenar de empleados, luego a 80 hasta que, finalmente, se detectaron 78 casos concretos de empleados y funcionarios del Judicial percibiendo haberes como si fuesen magistrados, los que cobran por arriba de los 300.000 pesos alcanzando, algunos, los 500.000. Pero ayer, cuando el Senado se propuso eliminar el régimen de los equiparados y así lo consiguió, los casos a los que se les guillotinó el sueldo no superarían los 15. A los 60 o más que restan y que fueron apuntados, sus ingresos no podrían alterárseles por estar, se argumentó con sorpresa, aprobados y nombrados de esa manera, con tal prerrogativa, por ley. Si se seguía adelante, el Estado –así se afirmó– podría sufrir demandas en contra que, seguramente, perdería, impulsadas por aquellos que se verían afectados. Lo que en principio pareció ser una embestida profunda para darle un fin a lo que se consideraban arbitrariedades, más allá de privilegios, se habría reducido a sólo un puñado de empleados jerárquicos. El tema había sido puesto en agenda por el propio gobernador cuando se quejó, vía redes sociales, de que la secretaria privada del presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, estaba cobrando 406.000 pesos mensuales, cuando el sueldo del jefe de Estado no supera los 200.000.
El debate se montó precedido de una fuerte expectativa porque desde el propio Gobierno se había prometido terminar con los “privilegios” del Judicial donde, argumentó más de un funcionario, a quienes estaban percibiendo esos sueldos siderales se los equiparaba a los magistrados, cuando, en algunos casos, ni siquiera llegaban a ser abogados. Los no más de 15 casos que finalmente resultaron ser los detectados como privilegios se ocupan de las funciones de secretarías y direcciones, mientras que los relatores, aunque con un máximo por juez de la Corte, seguirán manteniendo los sueldos y las prerrogativas que habían sido cuestionadas en el comienzo.
Lo de Romano fue, tal como se esperaba, la difusión de una película de la que se sabía de antemano el final. Los votos de Cambia Mendoza serían suficientes para dejar sin fueros al senador que, sin embargo, seguirá siendo senador, con todas sus facultades, funciones y haberes mensuales inalterables. El punto es que la Justicia, para continuar con la investigación que lo tenía a Romano como apuntado de haber cometido un abuso de autoridad y de poder en contra de un grupo de policías, debía imputarlo, pero los fueros del senador se lo impedían. En verdad y visto por arriba, el caso en el que se vio envuelto el legislador no pareció ser de una gravedad tal como para movilizar a la Cámara a retirarle los fueros. Las sospechas apuntan a un viejo entripado entre Romano y el radicalismo desde la época en que Alfredo Cornejo, el actual diputado nacional, se preparaba para ser gobernador de la provincia. Rencillas personales, viejas internas departamentales y una seguidilla de denuncias de Romano hacia Cornejo, más su posición de defensa férrea de la Ley Antiminera (7.722), que impidió avanzar en el desarrollo de la minería en aquellas zonas con alto potencial de minerales y con licencia social para la actividad, y el intento del propio senador por bajar la licitación de Portezuelo del Viento denunciando irregularidades en el pliego, desembocaron, todo parece indicar, en la decisión del oficialismo para sacarle los fueros a Romano y que la Justicia lo pueda investigar.
Los dos acontecimientos políticos, quizás los más importantes desde que la Legislatura se debió adaptar a sesionar a distancia, de forma virtual, por los efectos de la pandemia de coronavirus defraudaron, por el alcance que prometía tener uno de ellos en la eliminación de privilegios y por los motivos que desencadenaron en la quita de fueros para un senador de la provincia. Y a los dos, por si fuera poco, los abandonó la creatividad, el alto vuelo y la riqueza que tienen los buenos debates, de esos que hacen historia como muchos creyeron que se haría ayer.
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