La ayuda a empresas a cambio de acciones

Trajo alivio al sector privado la aclaración oficiosa acerca que el Gobierno nacional no impulsa ni estudió el proyecto de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, que propone atender la situación financiera de las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus con recursos del Estado a cambio de una participación accionaria. No obstante, como muchas ideas de los legisladores oficialistas, esta no deja de inquietar al empresariado en momentos que soporta un descalabro por más de dos meses de paralización, sin ingresos pero con obligaciones puntuales, como el pago de salarios y la prohibición de despidos. Toda una fórmula para el quebranto.

La propuesta de Vallejo, apoyada por otros miembros duros de su bancada, sugiere que el Estado se quede con una participación en el capital accionario de aquellas firmas que reciben asistencia financiera en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), a fin de palear los efectos de la pandemia. Sin entrar en más detalles, esto se interpreta como un avasallamiento al derecho de propiedad al involucrarse el Estado en los negocios privados mediante acciones canjeadas por la ayuda en la emergencia, lo cual se puede interpretar como una confiscación encubierta de bienes.

Por una ayuda circunstancial y atípica, el Estado no puede hacerse lugar en una empresa que demandó años de trabajo e inversión, menos si el propio Estado le prohibió trabajar y tampoco despedir o suspender al personal a pesar de la extensa inactividad por el aislamiento social. De hecho se plantea la inconstitucional al avasallar el derecho de propiedad e igualdad, si la medida se llegara a aplicar en forma retroactiva y unilateral como un avance sobre la propiedad privada, a modo de expropiación. Sería diferente si el Gobierno ofreciera un préstamo con la cláusula de opción de compra, en caso que la empresa no pague esa deuda y entonces transformarse en accionista de la firma.

Pero ¿cuál sería la valuación de las acciones si la mayoría de las sociedades son cerradas, no cotizan, y los balances no reflejan el valor real de las empresas? Además, el capital de trabajo cae estrepitosamente en medio de una crisis sin precedentes. Y lo más absurdo, crecería el gigantesco aparato estatal con más representantes oficiales en el ámbito privado, que ya es enorme, mientras se que busca aumentar impuestos con una voracidad implacable sobre la industria, el comercio, los servicios, y la producción que todavía sobreviven.