La EMT gasta otros 430.000 euros en contratar abogados tras el fraude

La empresa tiene tres letradas en plantilla pero cree que no es suficiente para hacer frente a los pleitos durante los próximos cinco años

Una empresa del tamaño de la EMT es como un gran transatlántico: hacerlo virar cuesta mucho. Ponerlo en marcha, también. Tras el parón provocado en Correo Viejo por la Covid-19, se suceden los contratos (y los consejos de administración, dos en un mes). Ayer mismo la EMT aprobó la contratación, en seis lotes, de abogados para la entidad, así como de la obligatoria evaluación de riesgos penales (compliance) que reclamaron los consejeros del PSPV y de la oposición tras el fraude que terminó con cuatro millones de euros de dinero público en dos cuentas del Bank of China en Hong Kong.

En total, la EMT se gastará otros 430.000 euros en contratar a letrados de derecho administrativo, mercantil, civil, fiscal, tributario, laboral, de Seguridad Social, penal y de protección de datos, así como la 'compliance', que costará 72.000 euros y se tendrá que hacer en 18 meses. Los contratos para abogados tendrán una duración de cinco años y un coste que oscula entre los 18.150 euros para los letrados especializados en derecho de protección de datos y los 121.000 para los expertos en derecho fiscal y tributario.

La EMT, cabe recordar, tiene tres abogadas contratadas en la empresa, aunque en el pliego de condiciones se argumenta la necesidad de acudir a un contrato privado de servicios en que, «en situaciones muy determinadas, podría no ser posible su ejecución interna en su totalidad por personal propio de la EMT, al disponer en la actualidad de sólo tres abogadas en plantilla». «La insuficiencia de medios por parte de EMT haría inviable la ejecución del servicio en su totalidad», indican los pliegos.

La oposición critica este nuevo gasto y el PP censura que Ribó deje a Grezzi «hacer a su antojo» en la entidad municipal

A nadie escapa que la decisión de la EMT de contratar más abogados dispara el coste en cuestiones legales, dado que también se siguen dos procedimientos, uno en España y otro en China, para investigar el fraude. En total, contando también el dinero entregado al bufete catalán que lleva la demanda civil en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, la EMT se ha gastado ya al menos 80.000 euros en recuperar parte del dinero perdido, aunque todo parece indicar que será muy complicado conseguir los 4 millones.

La concejala del grupo municipal popular Marta Torrado tildó de «nuevo despropósito» esta decisión del Gobierno de Ribó, «que permite que Grezzi siga haciendo su antojo en la EMT, ahora más gastos en contratar abogados mientras los cuatro millones de euros que les robaron de las cuentas de la EMT hace casi un año siguen sin aparecer, ni hay noticias de que puedan recuperarse». Torrado recordó que la contratación por 25.000 euros del despacho de abogados catalán para la defensa en la causa judicial abierta se ha realizado a dedo y sin respetar las Instrucciones Internas del Procedimiento de Contratación (IIPC) de la EMT. Al respecto, indicó que este contrato «se hizo saltándose» este documento, que remite a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que establece que los contratos de servicios superiores a los 15.000 euros no podrán adjudicarse sin un concurso público abierto», tal como comentó la concejala del PP.

Por su parte, el edil de Ciudadanos Narciso Estellés dijo queellos votaron en contra de esta propuesta de contratación «porque la EMT tiene pendiente aún el cierre de la Comisión de Investigación, con una trama jurídica en el seno de la misma, contratando abogados que hacían los mismos servicios que se facturaban desde fuera». «»ntendemos que con tres abogados en la plantilla actual de EMT ciertos lotes de contratación como el lote 3, en materia de derecho laboral y seguridad social, están sobredimensionados, habiendo ya una abogada en la empresa que se encargaría de la negociación colectiva y de los expedientes disciplinarios, entre otros trabajos», comentó Estellés. «Grezzi se ha negado a separar la votación de esta contratación jurídica innecesaria de la implementación de un plan de prevención de delitos, aspecto del que estamos de acuerdo y a favor», desveló.