Importante huelga en la automotriz Nissan del Estado español

La huelga indefinida frente a las amenazas de cierre sobre la planta devela lo que puede ser la punta del iceberg de la crisis del sector.

Desde el pasado 4 de mayo, trabajadores y trabajadoras de Nissan convocaron una huelga indefinida: “Nosotros hemos puesto encima de la mesa nuestras armas, que, en estos momentos es la huelga y será de carácter indefinido hasta que no se defina nuestro futuro. Si la Dirección piensa que por estar confinados vamos a quedarnos quietos y van a poder hacer lo que les dé la gana, se equivocan y mucho”, declaraban en ese momento.

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Un conflicto gestado antes de la pandemia

El conflicto se estaba gestando antes de la crisis de la pandemia. Ya desde febrero se asomaban negros nubarrones de cierre sobre la planta de Nissan en Barcelona y los trabajadores se manifestaban en las calles denunciando que la dirección de la marca nipona no ponía sobre la mesa un plan de viabilidad para las diferentes plantas.

Tras el coronavirus se aceleró la crisis rompiéndose la cadena de producción ante la falta de componentes provenientes de China. La empresa Nissan, junto a la SEAT, aprovechó y lanzó una ofensiva contra la plantilla, implementando a finales de marzo un ERTE sobre los 3.000 trabajadoras y trabajadores directos, firmado en acuerdo con CCOO y UGT. El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) permite a las empresas echar o reducir la jornada laboral a sus trabajadores por el tiempo que crea que le afectará la crisis, sin pagarles indemnización.

Mientras, la compañía anunció la puesta en funcionamiento de una línea de producción para ensamblar un pedido de furgonetas para la marca Mercedes, requiriendo sólo un 30% de la plantilla que al acabar volverían a quedar sin trabajo, mientras el resto permanece en un ERTE también sin fecha de retorno.

El 4 de mayo debía reanudarse la actividad. Pero el Comité de Empresa y los trabajadores rechazaron este plan de la empresa iniciando así una huelga indefinida en la planta de Montcada que afecta a las demás plantas de Barcelona de Zona Franca y Sant Andreu.

“No estamos dispuestos a que nos usen para sacar las producciones que les interesa para cumplir sus contratos y luego nos dejen tirados. No se puede permitir que una multinacional como ésta que junto a Renault forman la alianza más potente económicamente del sector del automóvil, utilice la catástrofe de una pandemia para dejar a miles de familias en el paro”, declaraban al comenzar la huelga.

La filtración de las malas noticias desde la multinacional nipona y la falta de respuesta de la dirección de la empresa, que según dicen no llegará hasta septiembre, ha acrecentado las incertidumbres entre la plantilla. Del gigante Nissan dependen 4.200 empleados directos de las plantas del Estado español en Catalunya, Ávila y Cantabria.

Crisis del sector automotriz

Las consecuencias del posible cierre de las fábricas de Nissan en Catalunya no pasarían desapercibidas, implicaría casi 3.000 despidos de trabajadores directamente contratados por la empresa y 25.000 pertenecientes a empresas externas ligadas al sector; además de las demás plantas del Estado. Estas cifras son un reflejo de lo que pasaría si la crisis causada o acelerada por el coronavirus afectara de lleno en el Sector de automoción (incluyendo distribución y actividades anexas).

El automóvil es uno de los sectores punta de la economía del Estado español junto al turístico, representando el 10% del PBI y el segundo mayor fabricante de automóviles de Europa y octavo a nivel mundial. Según la entidad pública empresarial ICEX-España, “genera 300.000 empleos directos y 2 millones de puestos de trabajo en total están ligados al sector” y cuenta con 17 plantas de fabricación, “1.000 empresas fabricantes de Componentes y Equipos integran la cadena de suministro a la industria y “El 82% de los vehículos fabricados en España se exportan a más de 100 países. 5,4 Millones de vehículos se transportan cada año por el Territorio Español.”

Ganancias multimillonarias, las nuevas pérdidas son para los trabajadores

Es indudable que la crisis del coronavirus ha afectado enormemente a la industria automotriz a nivel mundial, frente a una producción automovilística muy internacionalizada con cadenas de montajes globales.

Ahora bien, también hay que decir que las ganancias de los años previos fueron multimillonarias. En el Estado español, entre 2012-2018 la fabricación de vehículos se había recuperado a los niveles previos a la crisis con un incremento de producción del 42,5%. La capacidad estimada de fabricación es de 3 millones de vehículos y durante el año 2018 salieron de las plantas 2.819.565. Se ha invertido una media de 4.000 millones de euros en ampliación y modernización de las plantas en su conjunto -constructores y sector proveedor de automoción-.

Por otro lado, el peso de la venta está en el volumen de exportaciones. En el año 2018 con un 82% hacia más de 100 países. Cerca de dos millones se destinan a países de la UE, pero con un crecimiento del 43% de exportaciones a países de África y a América Latina, con las que la industria automotriz generó un superávit comercial de 10,6bn€.

Actualmente, en todo el Estado, las pérdidas en la producción de vehículos estimados en el último mes son de 451.833 de euros. Parece entonces que a las patronales las millonarias ganancias de los años previos no les alcanzan para cubrir estas nuevas pérdidas, por lo que todos sus planes están dirigidos a que las paguen los trabajadores. Y los fondos públicos.

Nissan y Renault: cadenas de montajes globales en crisis, posibles relocalizaciones y medidas proteccionistas

El caso de Nissan adelanta una realidad que va más allá de esta marca, que afecta al conjunto del sector. Las medidas proteccionistas de distintos Estados europeos vienen a complicar un panorama nada halagüeño para la industria del automóvil.
Las multinacionales automovilísticas con plantas en Europa exigen a la Unión Europea un plan extraordinario de ayudas públicas al sector. El mismo gobierno del PSOE-Unidas Podemos exigirá a la UE que el 10% de los fondos europeos para la reconstrucción post Covid se concentren en este sector.

En este contexto, uno de los factores que puede afectar a la industria del Estado español es que el Estado francés tiene parte del accionariado del grupo PSA (el 15%) —de las marcas Peugeot, Critrôen, Opel, entre otras— y del Grupo Renault (6%) en el caso de Renault. La crisis actual ha afectado a ambos grupos y Renault ha solicitado al Estado una inyección de 5.000 millones de euros. Frente a ello, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, viene anunciando su intención de relocalizar la producción de vehículos del grupo y puso como condición trasladar la producción a Francia para conceder ayudas públicas a las empresas.

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Un informe de El Salto explicaba que “de las 17 fábricas de automoción que existen en España, siete pertenecen a los dos grandes consorcios franceses. El grupo PSA posee actualmente tres plantas, una en Vigo, otra en Figueruelas y otra en Madrid, mientras que Renault tiene cuatro fábricas, dos en Valladolid, una en Palencia y otra en Sevilla”.

En el caso de la japonesa Nissan, su alianza empresarial con Renault está riesgo. El pasado 14 de mayo se ha filtrado a través del diario japonés Nikkei que el plan de reestructuración podría llevar al cierre de las plantas de Barcelona para trasladar la producción a las fábricas de Renault. Le Marie presiona para repatriar e invertir en tecnología para vehículos eléctricos, mientras la patronal hace cuentas para definir qué les resultará más rentable en costes y beneficios.

Sin embargo, todo esto son sólo filtraciones de noticias nada oficiales que le llegan a la plantilla de Nissan en su piquete de huelga a través de la prensa, ya que reina un silencio absoluto de parte de la empresa.

Trabajadores y patronales no “remamos en la misma dirección”

Las patronales no tienen más plan que defender sus ganancias ya sea relocalizando, repatriando o seguir manteniendo la producción a bajos costes en cualquier continente. Los gobiernos -central y autonómicos- ya están mostrando frente a la pandemia los planes de emergencia a su favor. Ellos sí que siempre reman unidos, pero contra la clase trabajadora.

Javier Pacheco, secretario general de CCOO de Cataluña, y Miguel Ángel Boiz, secretario general de la Sección Sindical Intercentros de CCOO de Nissan, hacen propuestas para las plantas de Nissan en un artículo publicado en La vanguardia, en donde dejan claro que la estrategia de CCOO se centra más en señalar a la patronal las posibles vetas de negocio que ofrece la realidad actual, que defender los derechos de la plantilla y los puestos de trabajo.

Ven en el vehículo eléctrico y en la reconversión, “una apuesta estratégica para los beneficios de la empresa y para el resto de la cadena de valor del sector”. Desde el comité de empresa de Nissan dicen que “tanto administraciones como trabajadores/as tenemos que hacer un frente común para conseguir la continuidad de la actividad industrial de NISSAN en Catalunya y España” por lo que han presentado un proyecto conjuntamente con Industria y Departament de empresa para eso.

Pero la administración, es decir, el gobierno de la Generalitat así como el del Estado lo único que garantizan son los negocios de las patronales y así lo harían en el caso de que se configuraran un “nuevo plan industrial”. Por un lado, con ayudas millonarias de dinero público.

Por el otro, con recortes, despidos o “invitaciones” a jubilaciones anticipadas; y para aquellos trabajadores que sobrevivan a éstos, nuevas y peores condiciones de laborales, flexibilidad, dobles tablas salariales con mayores jornadas laborales, etc. Nada diferentes a lo que se ha vivido todos estos años, pero bajo los nubarrones de crisis tras el coronavirus, se avecinan mayores golpes a la clase trabajadora.

Y toda esta “nueva empresa”, cuenta con la ayuda de las burocracias sindicales. La dirección de CCOO propone un programa de plan industrial en donde liga el futuro de los trabajadores y trabajadoras del Nissan a los buenos negocios de la compañía. Ya vimos al inicio de la crisis la celeridad con la que acordaron con la CEOE y el Gobierno los ERTEs express a coste cero para las patronales. Lo que además implicó un recorte del 30 % de los ingresos para decenas de miles. Y ahora la posibilidad de despidos post ERTE.

Las ilusiones de que trabajadores y patronales pueden “remar juntos en la misma dirección” no pueden venir de parte de los sindicatos, que hoy más que nunca deberían funcionar como verdaderas herramientas de lucha y organización en combate contra toda ilusión utópica de un posible “plan industrial” de la mano de empresarios y gobiernos.

Una ilusión reaccionaria que focaliza los esfuerzos en buscar alianzas con las administraciones institucionales, que no con otros colectivos como las trabajadoras sanitarias, la juventud que vuelve a salir a las calles contra la crisis y la represión, entre otros, para generar una red de solidaridad activa que actúe como una verdadera fortaleza de combate. Esta perspectiva no ayuda a prepararse contra un cierre que, de realizarse, será durísimo para la vida de las familias de los trabajadores.

Tampoco es entendible que sindicatos de izquierda como la CGT, que es parte del comité de empresa de Nissan -integrado por Sigen-USOC, CCOO, UGT y CGT-, no proponga un programa alternativo. No se puede confundir la necesaria unidad, siempre para pelear por los puestos de trabajo, con asimilarse a un sindicalismo pro patronal.

Es imprescindible que las organizaciones de la izquierda anticapitalista y revolucionaria, sindicales combativas y sectores de trabajadores de todo el Estado, apoyemos activamente a esta huelga testigo para toda la clase trabajadora. Este apoyo activo es tan necesario como una propuesta alternativa: la ocupación y nacionalización sin indemnización, bajo control obrero

Ocupación y nacionalización: sin indemnización y bajo control obrero

El 15 de mayo hemos estado en el piquete de Montcada. Preguntamos a Eduardo, un huelguista de Nissan, si veía posible ocupar la fábrica para producir bajo control de los trabajadores y reconvertir la producción según las necesidades actuales del covid19, y así se podrían mantener todos los puestos de trabajo. Y nos respondía: “Claro que sí, podríamos hacerlo. Estamos muy bien formados, hemos recibido muchos premios de calidad, podríamos hacerlo. Ya hay en Zona Franca equipos de trabajo voluntarios que están fabricando respiradores, batas y esas necesidades que ahora mismo tenemos por el covid19”.

La idea de nacionalización la venimos planteando muchas organizaciones. Pero es necesario abrir el debate de cómo y con qué perspectiva. En el comunicado de la Esquerra independentista y reproducido por la CUP, se plantea una nacionalización en la que deja la ventana abierta a la compra por parte del Estado a precio de mercado. Es decir, no como una medida expropiatoria en la que además será clave hacerla bajo el control de los trabajadores y trabajadoras en el centro; algo elemental para que cualquier reconversión no sea un nuevo salvataje estatal para un futuro accionista.

No va a ser la primera vez que un Estado burgués, salvando de la bancarrota a los capitalistas, compensa el valor de las empresas nacionalizadas a sus propietarios llegando incluso a que dirijan estas empresas nacionalizadas sus anteriores dueños. En muchos casos después de ser saneadas o reconvertidas con la inversión a costa del Estado que eso requiere, pasen estas nuevamente a manos privadas a coste de saldo.

La CUP, en el mismo comunicado plantea como exigencia al Gobierno del Estado “que delante de un posible cierre sin alternativas ocupacionales prohíba toda actividad comercial a la marca Nissan, y a su aliada Renault”; una medida muy cuestionable ya que implicaría que no puedan producir las fábricas de Renault o abrir los concesionarios, dejando a miles en la calle.

Desde la izquierda política y sindical que se reclama anticapitalista y de clase, ante la amenaza de cierre y despidos masivos, el único programa efectivo para salvaguardar las maquinarias, impedir que se las lleven y proteger los puestos de trabajo, es la ocupación de las plantas por los trabajadores y trabajadoras. Y el primer paso para ello es llamar a rodearlos de solidaridad a toda la población, para exigir que las plantas se nacionalicen, sin indemnización alguna y bajo control obrero.

Este programa no es imposible de llevar a cabo. Desde el grupo parlamentario de la CUP se podría presentar un proyecto de Ley de nacionalización, sin indemnización y bajo control de los trabajadores y las trabajadoras para Nissan y las empresas que cierren. Un proyecto de ley como parte de la campaña de solidaridad y que reciba amplio apoyo de las y los miles que ven amenazados sus puestos de trabajo.

Una nacionalización que además ponga por delante los intereses de los trabajadores a los negocios patronales y la fábrica al servicio de las necesidades sociales bajo una verdadera reconversión de la industria del automóvil.

Una gran fábrica del automóvil como Nissan no solo puede hacer de forma masiva respiradores artificiales, otros equipamientos hospitalarios o camas reticuladas para enfrentar la pandemia de Covid-19 sino también podría producir masivamente vehículos colectivos no contaminantes para reducir las emisiones de gases contaminantes y combatir las causas del cambio climático y transformar el modelo de movilidad de nuestras ciudades. Una reconversión de la industria, centrada no en los intereses capitalistas, sino en las necesidades de la comunidad.