En campo abierto

El presidente Sánchez insistió al inicio de la epidemia en que la crisis económica derivada de la Covid-19 iba a ser “temporal”. Lo hizo para distinguirla de las dos recesiones que se sucedieron tras el 2007. Pero su aseveración adquiría también un significado político inconfundible. Porque el carácter supuestamente pasajero de la crisis atenuaba su descomunal impacto y las incertidumbres resultantes. De manera que la ecléctica mayoría que propició la investidura de Sánchez podía ser suficiente para afrontar los nuevos desafíos. Se nos ha olvidado ya que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos se había estrenado frente a dos situaciones críticas de distinta naturaleza: los destrozos causados por los temporales de enero en las costas mediterráneas y las protestas de los agricultores que escalarían hasta el momento en que se decretó el estado de alarma. Aquellas dificultades iniciales a las que se asomó un Ejecutivo constituido días ­antes acabaron de entrenar al ­socialismo de Pedro Sánchez para confrontar algo ­peor sin caer en las redes del consenso.

El estado de alarma y el confinamiento contribuyeron a asentar la autosuficiencia gubernamental, a relegar el diálogo institucional o partidario y a controlar la información mediante los correspondientes embudos telemáticos. Un mal que se extendió por los ejecutivos autonómicos y locales hacia la respectiva oposición política e incluso hacia los socios minoritarios de coalición. De manera que los resabios recentralizadores contaron con su correlato dirigista en la actitud de las administraciones territoriales respecto a su propio público. Hasta que, finalmente, la única mayoría que se requería en España era aquella que asegurase la aprobación de la enésima prórroga del estado de alarma. El episodio del acuerdo con EH Bildu para acabar con la reforma laboral reflejó el paroxismo al que había llegado la sacralización de la excepcionalidad constitucional. Mientras, el único y significativo acuerdo que alcanzaban los líderes de los dos primeros partidos, Pedro Sánchez y Pablo Casado, era el que permitía derivar la idea feliz de unos segundos pactos de la Moncloa hacia una comisión no permanente del Congreso de los Diputados. Instancia que servirá únicamente para ratificar los propósitos del Gobierno y la contestación popular .

La política española se ha visto dominada desde los años noventa, y especialmente desde el 11 de marzo del 2004, por una tensión partidaria armada ideológicamente que busca la liquidación del adversario. Tensión que está muy presente en la vida de la corte, pero que se extiende aunque de manera menos polarizada por las comunidades autónomas. La crisis “temporal” no es motivo bastante para corregir siquiera las formas de esa política. Ni la vindicación del descontento por parte de Vox, ni la latente recomposición del centroderecha, ni el desvanecimiento de la combinación parlamentaria de la investidura parecen capaces de modificar ciertos hábitos. Las convocatorias electorales en Euskadi y Galicia, y la cita pendiente en Catalunya, avivan desde otros ángulos el mismo ardor, tan receloso ante los requerimientos de consenso. De hecho, basta con ocultar la verdad de las cosas para que todo siga igual.

Se trata de actuar como si la crisis fuese pasajera, aunque sin poner énfasis en aquella declaración inicial de que nos encontrábamos ante un revés temporal. Porque en el mejor de los casos durará hasta el 2023. El truco consiste en negar, mientras tanto, que se esté cambiando algo. No es que gobiernos y oposiciones confíen en que todo vaya a ser como antes. Es que están empeñados en que nada varíe políticamente. Buscan denodadamente la perpetuación del estado de cosas previo, porque les provoca vértigo transformarse en algo distinto a lo que creen haber sido siempre. A sabiendas de que a los ciudadanos nos genera inseguridad la mudanza en días de zozobra. Por eso los gobiernos se niegan a diluir sus prerrogativas en un diálogo de inciertos resultados sobre el futuro, y las oposiciones rehúyen la conversación porque aspiran a aprovecharse de algún atajo que encuentren para abreviar su tiempo de espera.

En un país sin presupuestos, poco importa que el Gobierno –los gobiernos– se haya quedado sin programa a causa del coronavirus, y que la oposición –las oposiciones– tampoco tenga una propuesta alternativa a lo que ya ha llegado. Se sabe que los ajustes son ineludibles, pero mejor no decirlo. Que las ayudas europeas vendrán condicionadas, pero mejor no comentarlo. Que el dinero final será insuficiente, pero más vale no amargarse ahora. Se sabe que la crisis no va a ser “temporal”, porque habrá que hacer frente al déficit y a la deuda resultante durante una década. Pero la política partidaria se nutre de la inmediatez. Lo otro ya lo pagarán los que vengan después. Lo inmediato ahora, para el Gobierno y la oposición, es deshacerse del estado de alarma. Para el primero, porque no quiere quedar en evidencia en la votación de la siguiente prórroga. Para la segunda, porque necesita confrontarse en campo abierto.