Sociedad para la Asistencia Legal defenderá en vista pública legislación sobre veredictos unánimes

Las audiencia será mañana a las 10:00 a.m. ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes

El director ejecutivo de la Sociedad para la AsistenciaLegal (SAL), Félix Vélez, sostuvo hoy que la medida legislativa que haría retroactiva la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que exige que los veredictos por jurados sean unánimes, viene a balancear el sistema judicial y no a poner en ventaja a los acusados.

“Oponerse a esta legislación es decir que el que esté preso con veredictos inconstitucionales, se quede preso. Entendemos que la sociedad debe aspirar a que las sentencias de personas que están cumpliendo sean válidas y que se les haya garantizado el debido proceso de ley”, señaló el abogado.

Ese, precisamente, es uno de los planteamientos que Vélez presentará mañana ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, organismo que evaluará el Proyecto del Senado 1590 que haría retroactiva la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos a aquellos casos en los que haya una sentencia final y firme. “Como ciudadanos debemos procurarnos derechos frente al estado que es quien nos pone las manos encima, nos acusa y procesa”, subrayó.

Para mañana también están citados un grupo de abogados de defensa que colaboraron en la redacción de la medida legislativa, así como el Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Familiares de víctimas del crimen -quienes se han opuesto a la medida por sus repercusiones- también serán escuchados, adelantó la presidenta de la comisión, la representante María Milagros Charbonier.

El reclamo atendido en la determinación federal no es nuevo, sostuvo Vélez. Hay abogados que desde el 1958 han reclamado que los veredictos sean unánimes.

Vélez rechazó que la medida vaya a desembocar en la liberación de criminales, argumento que han levantado juristas que se oponen a la propuesta legislativa. Indicó que en la isla son pocos los acusados que optan por un juicio por jurado disuadidos, principalmente, por las altas penas que impone el sistema en comparación con el de otras sociedades. El acusado opta por negociar un acuerdo con fiscalía o por un juicio por derecho.

Al respecto, el licenciado Jesús M. Rivera, presidente de la Junta de Directores de la SAL, indicó que sobre el 80% de los acusados se declaran culpable tras alcanzar acuerdos con fiscalía.

“Lo que está haciendo la Legislatura es perfectamente válido. Por eso es que en Puerto Rico no hay pena de muerte y el derecho a la intimidad es sagrado. Hay unos precedentes donde el derecho estatal confiere más derechos que el sistema federal”, estipuló Rivera.

Otro argumento que han levantado voces opositoras es el impacto económico que tendría sobre el sistema judicial, así como las limitaciones que se enfrentarían para probar un caso durante un nuevo juicio. Vélez señaló que las reglas de evidencia estipulan mecanismos a tales efectos. “Esto sería una cantidad de casos que el sistema puede manejar”, insistió.

“Esto es algo a lo que nadie se debe oponer. El puertorriqueño de ordinario defiende sus derechos y no quieren que se los quiten porque no saben cuándo los puede necesitar ellos o un familiar, un amigo…por eso los referéndums para limitar el derecho a la fianza se han perdido. Esto es reconocer un derecho que la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que es fundamental”, puntualizó Vélez.

Ante la preocupación que han expresado algunas de las víctimas, no solo temiendo por su seguridad sino también por lo que representaría a nivel emocional pasar por un nuevo juicio, Rivera recordó que de una manera u otra todo ciudadano es víctima del crimen en algún punto. Planteó que se es víctima cuando se sufre un delito, pero también cuando se fabrica un caso, cuando un inocente es condenado o a través de la impunidad, este último “uno de los principales problemas de la criminalidad”.

“Entiendo las víctimas del delito y no quiero entrar en controversias…son víctimas de las investigaciones negligentes y muchas veces no hay seguimiento a los casos y puedo ser solidario con eso…(en la SAL) hemos defendido víctimas delitos, pero también personas que nunca debieron haber sido acusadas que es otra forma de ser victimizado”, puntualizó Rivera.

La vista pública será mañana, a partir de las 10:00 a.m., en el salón Rubén Otero de la Cámara de Representantes.