La caza silenciosa de fugitivos olvidados

El arresto de Félicien Kabuga, acusado de haber financiado en 1994 el genocidio de Ruanda, reaviva el debate sobre la captura de otros acusados en paradero desconocido

El arresto de Félicien Kabuga, un anciano de 84 años que solía pasear por su barrio en Asnières-sur-Seine, cercano a París, ilustra el adagio de la justicia internacional que advierte a los fugitivos de que “pueden correr, pero no esconderse”. Kabuga, nacido en Ruanda y de la etnia hutu, era uno de los hombres más buscados del mundo, pero sus vecinos en Francia se asombraron al descubrir que había financiado supuestamente el genocidio perpetrado en 1994 contra la población de origen tutsi. La tragedia costó la vida a unas 800.000 personas, según la ONU, y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) le acusó en 1997, de modo que su escapada ha durado 23 años. Aunque el tiempo transcurrido había inclinado su caso hacia el olvido, el TPIR siguió su pista a través de África y Europa hasta que el pasado día 16 Kabuga abrió la puerta de su casa a la policía. La detención ha sido producto de la cooperación entre diversos países e Interpol.

“Podríamos olvidar a estos grandes criminales, es lo normal cuando pasa el tiempo y sus delitos pierden inmediatez. Pero el genocidio no prescribe, y el Tribunal para Ruanda, cerrado en diciembre de 2015, dispone del llamado Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales para continuar su labor. El ciudadano de a pie puede distraerse, pero no así las víctimas, y en Ruanda todo el mundo sabe quien es Félicien Kabuga”, asegura William Schabas, experto en Derecho Internacional y Humanitario en las universidades de Middlesex (Londres) y Leiden (Países Bajos).

Kabuga fue en su día el hombre más rico de Ruanda, y según el pliego acusatorio, fundó la Radiotelevisión Libre de las Mil Colinas, que incitó al odio contra los tutsis, además de crear el Fondo de Defensa Nacional, para nutrir de machetes a la milicia interahamwe, responsable de las muertes en 1994. Protegido por su familia, ha sido localizado solo ahora. “Creo que la lentitud del caso es una percepción, porque el TPIR ya juzgó a la mayor parte de los principales sospechosos. Kabuga era uno de los pocos que aún quedaba, y para eso se creó el Mecanismo Residual”, sigue Schabas. “Se puede discutir si faltan integrantes en la lista de sospechosos, o bien que de los 90 señalados en origen haya todavía seis huidos [el pasado viernes fue confirmado el hallazgo de los restos de otro de ellos, Augustin Bizimana]. Pero el mensaje del arresto de Kabuga es claro: siempre se les perseguirá, como a los nazis”, añade.

Los seis prófugos restantes son Protais Mpiranya, antiguo comandante del batallón de la guardia presidencial de las Fuerzas Armadas; Fulgence Kayishema, exinspector de la policía judicial; Phénéas Munyarugarama, exteniente coronel del Ejército; Aloys Ndimbati, que fue alcalde de la ciudad de Gisovu; Ryandikayo, empresario y miembro del partido Movimiento Democrático Republicano; y Charles Sikubwabo, alcalde de la ciudad de Gishyita. Todos están acusados de genocidio y crímenes contra la humanidad.

Criticada a su vez por su presunta lentitud, y por los problemas para obtener pruebas, Schabas no cree que la ausencia de Estados Unidos, Rusia, China o la India entre los miembros de la Corte Penal Internacional (CPI), la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, suponga un lastre añadido. “Volvemos a las percepciones. Lo malo sería que esos países, dado su tamaño, pretendieran controlarla. Ahora, la mayor presencia en la CPI es la Unión Europea, y la fiscalía tiene sobre la mesa, entre otros, asuntos que afectan a Palestina, Irak-Reino Unido, Ucrania, Afganistán o Bangladés-Myanmar. Y todos ellos son susceptibles de generar problemas con Washington, Londres o Moscú, las capitales de países con veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero no en la Corte Penal”.

Hay un factor que puede contribuir a paliar el temido olvido, tanto en el caso de Ruanda como en el de la CPI, ambos sin policía propia. Se trata de la necesidad de mantener su reputación por parte de la comunidad internacional, un término que engloba, y a veces difumina, a los Estados, que son los que tienen la responsabilidad de buscar a los grandes criminales. “El caso de Kabuga es un buen ejemplo. Se ha informado de que permanecía desde hace un tiempo cerca de París ayudado por sus hijos, y ello lleva a especular sobre cómo pudo vivir en Francia sin ser descubierto hasta su arresto. En particular, a la vista de las acusaciones de Ruanda sobre el hecho de que Francia ofrecía un lugar seguro a los sospechosos de genocidio", señala Juergen Schurr, jefe de la sección de Justicia Internacional de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), que indica que “hasta hace poco” las relaciones entre ambos países eran tensas por eso.

"Al final, lo que cuenta es que Francia no quiso ser vista como un santuario de acusados de genocidio”, añade. “Es posible que a Kabuga no se le recuerde tanto en Europa, pero la justicia internacional funciona gracias a una combinación de factores. Y es importante porque las víctimas nunca olvidan. Aunque la percepción externa también cuenta, y es verdad que el Tribunal para Ruanda no incluyó los supuestos crímenes cometidos por todas las partes, en particular, la guerrilla del Frente Patriótico Ruandés, de mayoría tutsi”, admite.

Mausi Segun, directora ejecutiva para África de Human Rights Watch (HRW), apunta que el paso del tiempo puede llevar a los fugitivos a cometer errores. “Si creen que no los encontrarán, se equivocan. Se les buscará siempre, y aunque el Gobierno ruandés está comprometido a hacer justicia respecto al genocidio, puede haber problemas si alguna de las pruebas compartidas por los testigos choca con los intereses oficiales”. En su opinión, el Mecanismo Residual tendrá que asegurarse de que víctimas y testigos hablen con libertad y estén protegidos.

La CPI comparte dicho reto, porque tiene también fugitivos. Entre ellos, Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), buscado desde 2005 por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Uganda. Es otro caso que parece haberse diluido, aunque Elise Keppler, experta en justicia internacional de HRW, advierte de que “los tribunales internacionales no operan en el vacío”.

“Los Estados tienen que cooperar para llevar a los acusados ante el juez porque estas cortes carecen de policía propia. Un arresto como el de Kony, por ejemplo, cambiaría la percepción de la gente sobre unos crímenes que no serán tolerados. El olvido de estos acusados es un peligro, y la contribución de la justicia internacional a la sociedad es crucial para que se respete el imperio de la ley”, concluye.