La Fiscalía venezolana pide al Supremo que declare al partido de Guaidó «organización terrorista»

La Fiscalía de Venezuela ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia de ese país que determine si el partido Voluntad Popular, en el que ha militado hasta enero el opositor Juan Guaidó, es «una organización criminal con fines terroristas» y procede disolverlo, por la apropiación de fondos públicos y la contratación de mercenarios para provocar una guerra civil.

La Fiscalía venezolana ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia (TJS) que determine si el partido Voluntad Popular (VP), que lidera Leopoldo López y en el que militó durante toda su carrera hasta enero pasado Juan Guaidó, es una «organización criminal con fines terroristas» y, por tanto, disolverlo.

En la petición, enviada a la Sala Constitucional del TSJ, la Fiscalía pide «declarar al partido u organización política Voluntad Popular, organización criminal con fines terroristas y consecuencialmente sea disuelta en razón de lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

El fiscal Tarek William Saab ha asegurado que la organización política cerró «el ciclo de conversión de Voluntad Popular en organización terrorista trasnacional» con «una fase que comenzó el 23 de enero de 2019», cuando Guaidó se atribuyó el cargo de «presidente interino» de Venezuela.

Apropiación de dinero y empresas públicos

Con esa autoproclamación y «valiéndose del apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, este falso presidente, ha ido apropiándose de bienes que pertenecen a la República para su provecho personal y el de sus cómplices», denuncia Saab.

Además, acusa a Guaidó y Voluntad Popular de haberse apoderado de diversas empresas estatales y, «con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos», de «dinero perteneciente al país en cuentas ubicadas en el extranjero».

Washington bloqueó las cuentas bancarias del Estado venezolano en EEUU y trasladó su control al opositor Guaidó. También confiscó la filial de la petrolera estatal PDVSA en EEUU, Cirgo.

Financiación de mercenarios

«Con ese dinero financiaron una incursión mercenaria contra nuestro territorio y buscan comprar lealtades para continuar intentando llevarnos, incluso en plena pandemia, a una guerra civil», ha asegurado en referencia a las dos fallidas incursiones protagonizadas por un grupo contratado por los opositores leales a Guaidó, que pretendían secuestrar y trasladar a EEUU al presidente, Nicolás Maduro.

Al ser frustradas, fueron detenidas 66 personas, entre ellos dos exsoldados estadounidenses, Luke Denman y Airan Berry, ambos con identificaciones laborales de la contratista militar Silvercorp, de la que es representante el también estadounidense Jordan Goudreau.

Precisamente, Saab aseguró que «hay personeros que participaron en estos hechos, como el dueño de Silvercorp, Jordan Groudeau, quien dijo que fue estafado por Guaidó», y uno de sus principales asesores Juan José Rendón, que reconoció haber firmado un contrato preliminar con la empresa estadounidense pero negó haber dado finalmente luz verde a la operación.

Por todo ello, considera que «los dirigentes de Voluntad Popular y sus secuaces han hecho de la agresión al pueblo venezolano su negocio» y les acusa de buscar «el cambio de Gobierno por la vía de la implosión social».

Petición para determinar la responsabilidad

Saab ha explicado que la Fiscalía ha pedido a la Sala Constitucional establecer si el partido puede ser considerado como «sujeto activo o pasivo de la responsabilidad penal en la comisión de dichos delitos», a fin de garantizar la paz de la República.

La ley señala que «cuando se trate de personas jurídicas del sistema bancario, financiero o cualquier otro sector de la economía, que intencionalmente cometan o contribuyan a la comisión de delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, el Ministerio Público notificará al órgano o ente de control correspondiente para la aplicación de las medidas administrativas a que hubiere lugar».

También le ha pedido determinar «si dicha conducta es susceptible de generar, por razones de hecho y de derecho expuestas, responsabilidad en materia penal, civil o administrativa» para Voluntad Popular.

Y finalmente, declarar a VP como «organización criminal con fines terroristas» con base en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

«Todo lo solicitado se sustenta en las gravísimas razones de hecho mencionadas que son de conocimiento público, notorio y comunicacional», concluye la Fiscalía.