El asesinato de líderes sociales en Colombia crece un 53% en el primer cuatrimestre

Estos crímenes aumentaron pese a la pandemia, según detalla un informe sobre las dinámicas del conflicto armado

A pesar de haber sellado un histórico acuerdo de paz, a Colombia le ha costado pasar página de más de medio siglo de violencia. Las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno de Iván Duque para frenar la propagación del coronavirus no han detenido el conflicto armado que aún aqueja muchos territorios. Aunque la tendencia a la baja en el número de miembros de la fuerza pública asesinados y heridos que comenzó durante los diálogos con la extinta guerrilla de las FARC se ha profundizado en medio de una cuarentena nacional que ya cumple dos meses, el incesante asesinato de líderes sociales presenta un alarmante incremento.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha publicado este lunes una radiografía sobre las “dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y ambiental”, que abarca los cuatro primeros meses de este año, con un foco especial en lo que ha ocurrido a partir de la adopción de las medidas para responder a la covid-19 en marzo y abril. Colombia superó este fin de semana las 700 muertes relacionadas con la enfermedad y los 20.000 casos confirmados. “En medio de la incertidumbre actual, es relevante mencionar que no identificamos a la pandemia como una causa, sino más bien como un dinamizador que puede intensificar o —en algunos casos— desacelerar las dinámicas de violencia y de confrontación armada”, señala el documento.

En un análisis de principios de abril, la FIP ya había advertido que, debido al coronavirus, la implementación del acuerdo de paz con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —hoy desarmadas y convertidas en un partido político con bancada en el Congreso— puede perder tracción, con demoras y rezagos en su desarrollo. Pero este es el primer informe que analiza las dinámicas de la violencia en medio de la pandemia para identificar las tendencias a partir de la información cuantitativa disponible.

Si bien la confrontación armada continua activa, la letalidad ha disminuido en los primeros cuatro meses de 2020. Menos miembros de la fuerza pública han muerto o resultado heridos, y ese descenso se extiende también a los miembros de grupos armados ilegales fallecidos en operaciones militares. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) —la última guerrilla activa en Colombia— y las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz se mantienen como los grupos armados con mayor actividad, concluye el informe. El ELN, sin un proceso de negociación en el horizonte, declaró un alto al fuego unilateral durante el mes de abril como “un gesto humanitario” en medio de la crisis sanitaria, pero cumplido el plazo decidió no prolongarlo.

Los efectos de las medidas de confinamiento del Gobierno, en cualquier caso, varían dependiendo de las realidades territoriales. En algunas regiones se intensificaron los enfrentamientos entre grupos armados, y en otras los ilegales incluso impusieron restricciones para reforzar el aislamiento. “Las variaciones en este comportamiento dependen de si las organizaciones tienen el monopolio de la regulación ilegal, si hay una coexistencia donde comparten fronteras frágiles con otros grupos o si están en medio de una disputa”, apunta el análisis.

El dato más preocupante, sin embargo, corresponde a los 49 líderes sociales asesinados entre enero y abril, crímenes que el Gobierno ha sido incapaz de contener. Aunque los homicidios disminuyeron un 16% a nivel nacional, esta categoría –que incluye presidentes de juntas de acción comunal, campesinos, indígenas y sindicalistas– sigue bajo asedio: las agresiones aumentaron un 10% y los asesinatos un 53%. Incluso en medio de la cuarentena, diversas voces han pedido reforzar las medidas de protección. Las restricciones a la movilidad, recuerda el informe, pueden aumentar la vulnerabilidad de los líderes, pues sus rutinas y ubicación se vuelven más previsibles.

Al menos 21 excombatientes que firmaron la paz fueron asesinados, en otro fenómeno que sigue sin freno, y la falta de garantías de seguridad ha obligado a algunos a abandonar los lugares donde adelantaban su proceso de reincorporación. Los desplazamientos forzados también presentaron un incremento del 5%, con una marcada concentración en los departamentos de Nariño, Putumayo y Antioquia.

Además, “continúan los problemas ambientales ligados a la minería ilegal, la deforestación y los atentados a los oleoductos; en algunas zonas, incluso, se han intensificado”, señala la FIP. A la espera de los reportes oficiales, diversas fuentes alertan sobre la voraz quema y destrucción de bosques en uno de los países más biodiversos del mundo. Los grupos armados, colonos y acaparadores que talan están sacando provecho de la emergencia sanitaria mientras las autoridades ambientales sufren las restricciones de movilidad. Para agravar la situación, “varios ambientalistas han advertido que la minería se incrementará después de la pandemia, debido a la crisis económica generalizada y porque, a comparación del valor del petróleo —que está por el piso— el precio del oro viene en aumento”, concluye la FIP.