Nuevas reglas económicas contra la pandemia

Ante la necesidad de financiación de los clubes, LaLiga dará a las entidades financieras igual garantía que a la administración pública

LaLiga y sus socios se congratulan por el reinicio de la competición a partir del próximo 8 de junio, pero no olvidan la compleja realidad que les acecha. Los efectos económicos de la pandemia obligan al fútbol profesional a una modificación estatuaria que le permita convivir con los tiempos de ajustes e incertidumbre que se avecinan para los clubes en los próximos meses. Los 300 millones de euros en pérdidas debidos al parón y a la obligación de tener que jugar a puerta cerrada, más los recortes de un 25% estimados en los presupuestos de la próxima temporada, obligan a los clubes a instaurar un cinturón de seguridad económico que haga más llevadera la compleja situación financiera que se barrunta. Bajo estas condiciones, la comisión delegada de la LaLiga, reunida este lunes, trató un cambio de estatutos encaminada a proteger y ofrecer seguridad a los fondos inversores o prestamistas que intervengan en el sector. Estas variaciones deberán ser aprobadas por la Asamblea extraordinaria del próximo jueves.

La intención de la patronal es dotar a bancos, fondos e inversores de las mismas garantías que tienen la agencia tributaria o la seguridad social como acreedores frente a los clubes. Es decir, si un club incumpliera los plazos de pago ante una entidad bancaria o un fondo que le hubiera prestado dinero, esto llevaría a una apertura de expediente por parte de la patronal y a una sanción de no cumplir con las obligaciones contraídas. Con esto último se pretende una mayor receptividad de las entidades financieras en las solicitudes de préstamos a medio y largo plazo que, seguramente, muchos clubes tendrán que afrontar.

Para mantener homogeneidad en las cifras, LaLiga considerará en las cuentas de la temporada 2019-20 presentadas por los clubes los ingresos y gastos generados a partir de la reanudación del campeonato, el próximo 11 de junio, y hasta su conclusión, a mediados del mes de julio. También se pretende que se alargue el tiempo de las amortizaciones de los activos (jugadores, instalaciones, por ejemplo) que no han podido ser utilizados durante el parón producido por la covid-19. No solo LaLiga trabaja en esta dirección. La Asociación Europea de Clubes (ECA), en consonancia con la UEFA, también está articulando medidas para que la pandemia no afecte a las posibilidades de participar en las competiciones europeas debido a los desequilibrios generados en los presupuestos. Para poder jugar torneos europeos, la UEFA obliga a cumplir el Fair Play Financiero, basado en el equilibrio entre ingresos y gastos durante tres temporadas. Para poder participar en las competiciones europeas en la temporada 20-21, era necesario aportar las cuentas de la 17-18, 18-19 y 19-20. La medida que se baraja es no contabilizar la 19-20 y hacerlo conjuntamente con la 20-21 como requisito para poder participar en las competiciones de la 21-22.

Por otra parte, el sindicato de futbolistas (AFE) no renuncia a su postura de que antes de que se inicie la competición los equipos hayan tenido al menos dos semanas de trabajo con todo el grupo a la vez para poder desarrollar entrenamientos físico-tácticos que les permitan afrontar la competición con mejores garantías. Pero tampoco descartan una negociación que pueda reducir ese tiempo si a cambio LaLiga se olvida de las concentraciones. Pese a las imágenes de los jugadores del Sevilla (Banega, Ocampos, Mudo Vázquez y De Jong) incumpliendo el protocolo, el sindicato se aferra a los buenos datos de los test realizados a los jugadores.</CW>