El ingreso mínimo vital brindará 1.500 millones extra de gasto a las comunidades autónomas

• La ayuda que aprueba esta semana el Gobierno supondrá un ahorro para las regiones
• Los Servicios Sociales denuncian opacidad en el diseño de la medida

Una de las consecuencias directas de la aprobación del ingreso mínimo vital que tendrá lugar esta semana es el ahorro que supondrá para los servicios sociales de las comunidades autónomas en ayudas de carácter asistencial y subsidiario similares que ahora se solaparían con la nueva prestación de ámbito nacional y que será abonada directamente por la Seguridad Social. En suma, 1.500 millones de euros que actualmente los gobiernos autonómicos destinan cada año en esta red de ayuda final para las personas y hogares sin ingresos, vulnerables y en exclusión social.

Se trata de un remanente que se genera por la simple superposición de la ayuda de carácter nacional que si bien en algunos cubre con creces las cuantías actualmente establecidas en cada comunidad autónoma, en otros no alcanza los niveles de cobertura de los que se benefician los perceptores de la ayuda, como es el caso de las rentas mínimas que se conceden en Cataluña y Navarra con pagas de inserción que rebasan los 1.200 euros al mes.

De este modo, parece evidente que los organismos regionales referirán un ahorro en estas partidas a partir del momento en el que el Gobierno ponga en marcha los pagos de la ayuda -en el primer mes se concederá de oficio a 100.000 hogares sin necesidad de que estos lo soliciten-. Pero la pregunta que surge es: ¿Qué harán los gobiernos autonómicos con el remanente? Y la respuesta está precisamente en que el Gobierno anima las comunidades autónomas a que este ingreso mínimo que se pondrán a disposición de los ciudadanos a partir de junio sean complementada en la medida necesaria y en base a criterios particulares por parte de la administración regional o local, lo que terminaría por cubrir todas las necesidades del beneficiario y completaría sus ingresos mensuales.

En este sentido, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales critica la "opacidad" con la que se ha llevado a cabo la tramitación del ingreso mínimo vital. El colectivo considera que la renta mínima deja "importantes zonas de sombra e incertidumbre" y teme que la medida no sirva para paliar las situaciones de pobreza derivadas de la pandemia del Covid-19.

La asociación asegura que la medida deja sin aclarar cómo piensa afrontar "el paradójicamente elevado nivel de no acceso a este tipo de prestaciones por las personas que se encuentran en los niveles más altos de exclusión" y advierte de que los Servicios Sociales de las entidades locales se verán obligados a asumir desde el principio "un aluvión de solicitudes y la orientación e información a los posibles perceptores sobre esta prestación".

La asociación advierte además de que, ante la subsidiariedad de las prestaciones de rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas a la nueva ayuda, no se plantea ninguna referencia para evitar que los gobiernos autonómicos no decidan dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales.

Además, la organización cree que el cálculo de la capacidad económica para la concesión de la ayuda se va a realizar sobre los datos de renta de un año antes, e incluso dos en algunos casos. "Esto hace que la prestación no sirva para hacer frente a los efectos en el incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia y explica por qué el número de personas beneficiarios y la inversión es sensiblemente menor a todos los estudios publicados". En su opinión, la capacidad económica se debe calcular sobre los ingresos en el momento de la solicitud. De este modo, podrían acceder a la prestación numerosas personas que se han visto afectadas por la crisis sanitaria y ha visto un merma o un corte de sus ingresos mensuales como producto de la inclusión en un Erte o despido por el parón de la actividad económica durante el confinamiento.