Barbosa toma control de escuelas privadas en Puebla

Barbosa tomó control de las escuelas privadas en Puebla, tras aprobar «fast track» una nueva Ley de Educación.

Sin tomar en cuenta la opinión de directores de las instituciones educativas o de sus comunidades, el gobernador Miguel Ángel Barbosa tomó control de las escuelas privadas en Puebla, tras aprobar fast track una nueva Ley de Educación.

La iniciativa fue aprobada por la mayoría de diputados de la coalición Juntos Haremos Historia. Esta medida ha generado inconformidad entre las comunidades educativas privadas, que la han señalado de intervencionista.

La Ley de Educación estipula que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas privadas pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal, posibilita la investigación de aumento de cuotas, prohíbe condicionar la compra de útiles y uniformes, todas las escuelas deberán someterse a la fiscalización de la SEP, así como a la aprobación de sus contenidos educativos en programas y planes de estudio.

A raíz de la publicación de la ley, diputados panistas y priístas han denunciado cínicamente los rasgos autoritarios del gobernador del Morena, y han descrito a la nueva Ley de Educación como una ley que ataca la propiedad privada.

Si bien es conocido que Puebla es una de las capitales educativas del país, también es cierto que las últimas décadas han proliferado las “escuelas patito”, claro negocio de la educación que se basa en la exclusión del acceso al sistema básico, medio superior y superior de miles de jóvenes.

En Puebla, las universidades privadas, particularmente la Anáhuac y la UPAEP han estado vinculadas a grupos de extrema derecha y sectores conservadores vinculados a la oposición panista y priísta. Seguramente, veremos en los próximos días nuevos embates y jaloneos contra esta nueva la Ley educativa.

Sin embargo, el problema de fondo es que la educación en México no es un derecho aunque así lo estipule la Constitución. La precarización laboral aplicada en el magisterio a partir de la reforma educativa también modificó los contenidos educativos rebajando su calidad; así como la pobre infraestructura y sobrecupo que enfrentan la mayoría de escuelas públicas (muchas sin acceso a agua potable o drenaje, o los grupos de 40 o 50 niños); todas estas son cuestiones muy problemáticas en tiempos de pandemia que impiden que la educación sea un derecho garantizado para toda la población.

Avanzar en centralizar el sistema educativo público y privado para acabar con la educación de primera para los ricos y de segunda para quienes tienen el “privilegio” de acceder a escuelas públicas, es un primer paso para garantizar educación universal.

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Pero estas medidas deben ir acompañadas de un aumento al presupuesto educativo surgido del cese del pago de la deuda externa y de la implementación de impuestos progresivos a las grandes fortunas (que podría aplicarse también a quienes se enriquecen haciendo negocio de la educación). Es la única manera de resolver la quiebra de más de 11 Universidades públicas en todo el país , que ya han iniciado procesos de lucha y movilización para denunciar el recorte presupuestario.

Pero es indispensable que toda medida sea discutida democráticamente e implementada por las y los docentes, así como padres y madres de familia, de manera independiente al gobierno y a la burocracia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para avanzar en poner en pie una educación pública y gratuita que sea verdaderamente laica, crítica, democrática y popular en las aulas y en los espacios de organización política de las y los docentes, como los sindicatos educativos.

De la mano de esto, hay que garantizar la basificación y el aumento salarial de emergencia acorde a la canasta básica, de todo el personal docente que labora en condiciones altamente precarias en instituciones educativas públicas y privadas, como han denunciado recientemente académicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México despedidos.

Hoy, con la carga académica y los múltiples problemas que implican las clases en línea, es fundamental que padres, madres de familia, alumnos y docentes unan esfuerzos para evitar que la “nueva normalidad” sea impuesta sobre los muertos de las clases populares y laboriosos, definiendo cuáles son los verdaderos contenidos que sirven durante la pandemia y exigiendo el cese de clases en línea y la suspensión del semestre y ciclo escolar.

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