Fiscalía del régimen de Maduro pide declarar organización terrorista a Voluntad Popular

La Fiscalía de Venezuela pidió este lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarar “organización terrorista” al partido político Voluntad Popular, del líder opositor Juan Guaidó, al que vincula con una fallida incursión armada por mar.

“Hemos introducido en la Sala Constitucional (del TSJ) un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo” para “determinar si la organización política Voluntad Popular es una organización terrorista”, indicó el fiscal del régimen, Tarek William Saab, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

Los artículos establecen la responsabilidad “civil, administrativa y penal” por “hechos punibles” relacionados con “el financiamiento al terrorismo”, así como la “confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión” de un delito.

La legislación venezolana establece penas de hasta 30 años por cargos de terrorismo.

Saab, de línea chavista, acusó a Voluntad Popular y a Guaidó -jefe del Parlamento reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, con Estados Unidos a la cabeza- de promover acciones desestabilizadoras “en plena pandemia” del COVID-19 para “hacer estallar a Venezuela”.

Entre estas figuran “una incursión naval” el pasado 3 de mayo que dejó decenas de detenidos, entre ellos dos militares retirados estadounidenses “imputados por terrorismo”, aseveró el funcionario.

Además, el fiscal acusó a Voluntad Popular, inscrita ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) desde 2011, de apropiarse del dinero de cuentas venezolanas en el extranjero y de la filial petrolera Citgo con el apoyo de Estados Unidos.

Con el dinero robado por el movimiento terrorista han financiado una incursión mercenaria contra nuestro territorio, añadió el fiscal sobre la operación que Caracas también atribuye a Estados Unidos y Colombia.

Saab aludió así a una batería de sanciones financieras aplicadas por la administración de Donald Trump, que buscan asfixiar al gobierno de Nicolás Maduro, al que tilda de “dictadura” tras su reelección para un segundo período en mayo de 2018 en comicios considerados “fraudulentos”.

Estados Unidos entregó el control de Citgo a Guaidó hace más de un año.