Villa Azul vs. Villa 31: la desigual sensibilidad ante el autoritarismo

OPINIÓN | No hay basamento legal para un aislamiento forzado. La situación pone a la luz lo complicado que es gobernar con sanitaristas como única guía.

Hace cosa de un mes el progresismo casi crucifica Horacio Rodríguez Larreta cuando su gestión anunció que establecería un permiso de circulación específico para mayores de 70 años. Probablemente fue justificado porque la medida se explicó muy mal, era de por sí confusa, y en última instancia iba a ser bastante inefectiva, dado lo complicado del procedimiento y su simultaneidad con la ola de hartazgo ante el encierro, que ya se empezaba a sentir.

Este fin de semana el gobierno de la provincia de Buenos Aires con colaboración del Ejército dispuso un operativo sobre Villa Azul, situada entre Quilmes y Avellaneda, que es digno de la Batalla de Argel. Contada desde el lado de los malos, los inventores de la estrategia de cerco y exterminio contra el “virus de la subversión”. “Nadie entra y nadie sale” vociferó Sergio Berni mientras se bloqueban todos los accesos del asentamiento con uniformados fuertemente armados.

Nadie dijo ni pio. Mucho menos desde el progresismo, que en buena medida dedica sus días a rezar para que Kicillof demuestre esta vez sí que sus ideas dan mejores resultados que los del liberalismo cristiano de Vidal. Y el resto del tiempo se esfuerza en mostrar que sus enemigos son “anticuarentena” porque desprecian la vida y adoran al dios dinero. Con argumentos de similar profundidad a los que se usaba durante la gesta de Malvinas contra los “antipatria” o los que sirven para descalificar habitualmente a los “criticones y contreras” en los Mundiales de Fútbol. “Van ganando”, o eso creen, así que es más bien difícil razonar con ellos.

No hay basamento legal para un aislamiento forzado, mucho menos uno administrado militarmente, como el dispuesto. Que tal vez, solo tal vez, se pueda justificar sanitariamente. Pero pone a la luz de forma ya indisimulable, por eso mismo, lo complicado que es gobernar con sanitaristas como única guía. Y con Berni de ejecutor, con la Justicia de feria, los poderes legislativos paralizados, y olvidando la Constitución en un cajón.

Haría falta que el presidente solicitara al Congreso el establecimiento del Estado de sitio, o lo estableciera él mismo y el Congreso lo respaldara, para que una medida como la dispuesta fuera legal. Pero Alberto Fernández se ha negado a hacerlo, esencialmente por una cuestión de imagen, en lo que influye una vez más el progresismo careta que lo envuelve. Y también por cierta indisposición a darle protagonismo al legislativo. Pese a que varias de las disposiciones establecidas ya en sus decretos de emergencia afectan derechos individuales de una manera que solo un Estado de sitio, con respaldo del Congreso, justificaría.

Así dadas las cosas, lo que sucedió en Viilla Azul, tarde o temprano iba a suceder. Primero, porque era inevitable que, cuando se empezara a testear contagios en los barrios populares del conurbano, se repitiera lo que desde hace semanas se ha estado observando en sus homólogos porteños.

Con la diferencia nada despreciable de que en la Ciudad de Buenos Aires, donde gobierna la “derecha antiderechos”, rige medianamente la ley y la constitución, y si hay focos de contagios se atacan con los instrumentos que ofrece la democracia al poder público, y con una oposición muy celosa vigilando y criticando. Mientras que en el conurbano, donde gobierna y ha estado gobernando mayormente desde hace añares la “izquierda nacional y popular”, salvo la breve interrupción de cuatro años de Vidal, la ley escasea. Y ni siquiera la oposición tiene los recursos ni los reflejos necesarios para defenderla.

Recordemos también que hace unos días, a raíz del fallecimiento de una dirigente social de la Villa 31 y una disputa entre el GCBA y AYSA sobre la provisión de agua en ese barrio, se habló desde la coalición oficial de discriminación contra los sectores populares de parte de la gestión de Cambiemos, de atropello a los derechos de los sectores desprotegidos, de falta de sensibilidad social, porque “nunca se hubiera maltratado así a gente de otros barrios” ¿Qué dirá Garganta Poderosa, qué opinarán los organismos de derechos humanos y los medios adictos de la contradicción flagrante entre esas críticas y la mirada benévola con que se contempla ahora la transformación de un barrio con contagios en un territorio segregado, donde los habitantes son tratados genéricamente como “apestados”, han perdido totalmente su libertad de movimiento, así que bien pueden sentirse viviendo en un campo de concentración, y ni siquiera puede entrar la prensa.

Varias de las disposiciones establecidas en los decretos de emergencia afectan derechos individuales de una manera que solo un Estado de sitio, con respaldo del Congreso, justificaría.

En un plano más general, el episodio pinta de cuerpo entero el modo en que funciona, desde siempre, el actual grupo gobernante. Allí donde es aún oposición, tiene comportamientos afines con los del trotskismo, mientras que donde controla los hilos del Estado se aproxima a veces peligrosamente al fascismo. ¿Les hace algún ruido ser a la vez un poco troskos y un poco fachos? No, nunca han tenido problemas para compaginar sus distintas facetas. Y menos los van a tener ahora que pelean no sólo contra un colapso humanitario global, sino contra sus enemigos de siempre, los salvajes liberales.