Cruickshank consulta si puede accionar contra matrimonio igualitario sin aprobación del plenario

Presidente del Directorio preguntó a Servicios Técnicos si puede atribuirse la representación del Congreso para recurrir a una figura llamada “conflictos de competencia o atribuciones entre los Poderes del Estado”

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Eduardo Cruickshank fue nombrado presidente del Directorio Legislativo el pasado 1° de mayo. Foto Jeffrey Zamora.

El presidente del Congreso, el restauracionista Eduardo Cruickshank, consultó si puede atribuirse la representación de la Asamblea Legislativa para presentar un nuevo recurso legal, en procura de frenar el matrimonio igualitario, sin previo acuerdo del resto de los diputados.

Cruickshank preguntó si puede interponer, ante la Sala IV, un “conflicto constitucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial (Sala Constitucional) contra el voto de la Sala Constitucional N° 2018-012782 de las 17:45 horas del ocho de agosto de dos mil dieciocho”.

Ese es el voto en el que la Sala IV declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, generó un conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

En ese voto, los magistrados le otorgaron 18 meses al Congreso para adaptar el resto de la legislación a la resolución. Ese plazo vence este martes 26 de mayo, día en que entrará en vigor el matrimonio homosexual.

Este viernes, Cruickshank consultó al departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa si su cargo, como presidente, le permite presentar este recurso sin acuerdo del plenario.

“Ruego se pronuncie si es posible que el presidente del Directorio puede atribuirse una especie de representación legislativa, de modo que accione ante otro Poder de la República, sin que el pleno siquiera lo haya conocido”, escribió Cruickshank al director de Servicios Técnicos, Fernando Campos.

La idea de presentar esta acción fue planteada al diputado de Restauración Nacional (PRN) por un grupo de asociaciones civiles, en una carta enviada el pasado jueves.

Se trata de los grupos Sinergia Liderazgo y Desarrollo, Crece Por Mi País, Coherencia Cívica Costarricense, Fe y Sociedad y Somos Más.

Estas organizaciones argumentan que la Sala Constitucional “ha invadido una función que está dentro del marco de acción de las atribuciones y de la discrecionalidad que el constituyente dejó en manos del legislador”.

“Estamos seguros de que responde usted, señor Cruickshank, como nuestro representante cristiano, por primera vez en la historia de este país, para cumplir el plan de Dios al ocupar tan alto cargo”, agregan en la misiva.

Cruickshank dijo a La Nación que espera recibir una respuesta de Servicios Técnicos este lunes, a un día de que sea legal el registro de matrimonios homosexuales.

El diputado señaló que, el mismo lunes, brindará una conferencia de prensa sobre el tema.

El abogado constitucionalista, Rubén Hernández, explicó que la acción sería revisada por la misma Sala Constitucional, con base en el título V de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Esta norma define que le corresponde a la Sala resolver “los conflictos de competencia o atribuciones entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, o entre cualquiera de ellos y la Contraloría General de la República”.

La acción debe ser presentada por el jerarca de cualquiera de los órganos involucrados. Después dar ocho días al jerarca de la otra institución, para presentar sus argumentos, los magistrados tienen diez días para resolver el caso.

No obstante, para Hernández no existe tal disputa en este caso.

“Lo que hay es una resolución de la Sala que es vinculante para todos los poderes de la República, lo que están tratando de plantear no tiene ninguna fundamentación, porque no hay ningún conflicto”, manifestó.

“La Sala ya determinó que la ley (inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia) es inconstitucional, y la Asamblea Legislativa no ejerció su competencia dentro de ese plazo. Jurídicamente es una tontería”, agregó.

Un intento anterior por frenar el matrimonio igualitario fue rechazado por 33 diputados el pasado martes.

Se trataba de una moción firmada por 25 legisladores de cinco partidos, entre ellos Cruickshank, para pedirle a la Sala Constitucional aplazar la entrada en vigor de esta figura hasta, al menos, año y medio después de la pandemia del covid-19.

Tras consultar al departamento de Servicios Técnicos, el legislador limonense colocó esta moción en el capítulo de Proposiciones de los diputados, donde requería 38 votos para debatirla en el plenario.

El martes, la mayoría del plenario rechazó discutir la moción.

El presidente legislativo tomó la decisión de someter el asunto a votación luego de mostrar un “profundo dolor” por la crítica del pastor Víctor Hugo Quirós, del periódico evangélico Maranata, quien lo acusó de “alta traición” por esperar el criterio del departamento legislativo.

Hace dos meses, 11 diputados habían pedido esta postergación, sin éxito, directamente a la Sala Constitucional.

En esa resolución, los magistrados concluyeron que estos diputados no podían atribuirse a sí mismos la representación de la Asamblea Legislativa.