Arte, ciencia, cine. Una batalla  por la libertad

En toda crisis siempre hay muchos dedos y muchos anillos. Las crisis permiten tomar decisiones que en otras épocas se veían como imposibles, mover cosas que parecían inamovibles, pensar lo que en tiempos “normales” (lo que sea que eso signifique) simplemente no tiene cabida en la discusión pública. 

Uno de estos anillos es la discusión en torno a la desaparición de los fideicomisos que no tiene que ver sólo con la urgencia de dinero, aunque esa sea la excusa, sino con una visión de fondo sobre un asunto crucial: la relación de las artes, la ciencia y el cine, con el Estado Mexicano y el gobierno en turno. La primera pregunta que surge en medio de la crisis es si el gobierno debe apoyar a científicos, artistas y cineastas cuando hay gente muriendo de hambre. La pegunta no es ociosa, a simple vista pareciera un lujo absurdo destinar dinero a esas actividades “no esenciales” y de ahí el apoyo que hubo a la propuesta de la diputada morenista Dolores Padierna. 

El planteamiento mismo es una gran trampa. La intención poco o nada tiene de solidaria, pues el dinero que destina el Estado a estas actividades es mínimo comparado con el presupuesto total y no es ni de lejos la solución al problema de injusticia y hambre en el país. Para una parte importante de quienes están ahora en el poder, que el Estado beque a científicos y artistas con una aportación mensual, ponga dinero a fondo perdido para generar conocimiento o se convierta en socio de producción de películas, representa un lujo absurdo. Lo que no contemplan es que al anular estas áreas de producción de conocimiento, imágenes e ideas que abren horizontes críticos, cierran la posibilidad de imaginar y crear nuevos mundos posibles y nuevas utopías. Un país sin creadores, intelectuales y productores es un país que cercena la crítica, la libertad de expresión y la creatividad para cambiar el orden de las cosas. Aplicar estos recortes responde a una visión patrimonialista del poder que no dista mucho del “yo no pago para que me peguen” de López Portillo.

No es gratuito que en estos días el Conacyt haya circulado entre la comunidad científica un memorándum prohibiendo que se haga investigación en torno al Covid-19 en México si no es con autorización expresa del Consejo. Esto, dicen, “para evitar la dispersión de fuentes informativas, la desinformación y la proliferación de noticias sin sustento”. Llama la atención que el Conacyt piense que sus propios investigadores puedan generar “desinformación y noticias sin sustento”, pero es claro que de lo que se trata es de que no exista información que contradiga la oficial, lo cual es claramente un acto de censura y un atentado a las libertades de cátedra, pensamiento y expresión.

Fueron muchas batallas, a lo largo de muchos años, para lograr la libertad de cátedra en las universidades, para que los fondos de apoyo al arte se manejaran con lógica de Estado y no de gobierno, para que no fuera el censor en turno quien decidiera qué cine se producía y se veía en este país. Hay que entender que lo que está a debate no es el dinero de los fideicomisos, sino la existencia misma de una política de Estado sobre las libertades básicas para pensar, investigar, enseñar, crear y expresar lo que se nos venga en gana.

diego.petersen@informador.com.mx