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Un grupo de personas fue retenida en el centro de San Salvador, cerca del parque Libertad. Foto EDH/ René Quintanilla

Human Rights Watch: Bukele ha privilegiado el aspecto punitivo para enfrentar la pandemia

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, también reconoció que la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República (FGR) están haciendo su labor.

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La forma en cómo el gobierno de El Salvador ha manejado la pandemia es un “caso atípico”, señaló esta mañana el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en una entrevista vía Skype en Frente a Frente.

En América Latina es el único país que ha “privilegiado el aspecto punitivo sobre todo”, mencionó Vivanco. “Las medidas del gobierno de El Salvador por la pandemia han sido normas punitivas más que preventivas”, apuntó.

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El Gobierno del presidente Nayib Bukele insiste en mantener una cuarentena domiciliar restrictiva para evitar que los ciudadanos salgan de sus casas.

En el país el transporte público ha sido suspendido y las personas no pueden salir a comprar medicinas o alimentos sino es con base al último número de su DUI.

Quien viole dicha disposición es enviado a un centro de contención sin previo examen médico que certifique que es un caso de riesgo de contagio del COVID-19.

Según  Bukele, el objetivo es evitar que la enfermedad se propague, a pesar de que la Sala de lo Constitucional ha emitido resoluciones en el sentido de que la medida se implemente sin violentar los derechos constitucionales de la población.

“Cuando un presidente no acata una orden judicial, estamos ante una ruptura del orden constitucional. El Presidente Bukele ha desobedecido, se ha burlado de las resoluciones de la Corte, eso es grave”, señaló Vivanco.

El mandatario en reiteradas ocasiones ha mencionado que no puede acatar las disposiciones de la Sala que van en contra de asegurar la salud de la población salvadoreña.Una de las sentencias de la Sala le ordenó a Bukele, a la Fuerza Armada y a la Policía abstenerse de vulnerar los derechos de la ciudadanía y le prohibió “privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria”.

Vivanco también reconoció que la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República (FGR) están haciendo su labor.

En el caso de los diputados expresó que están obligados a controlar el uso de los fondos que el Gobierno usa para la emergencia sanitaria por el COVID-19.

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