El juez retira a Iglesias la condición de víctima en el ‘caso Villarejo’

El magistrado acepta la petición de Anticorrupción en la línea de investigación abierta por el robo del móvil de la exasesora del líder de Podemos

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha dictado este lunes un auto donde retira a Pablo Iglesias la condición de víctima —“perjudicado”, como se conoce en términos jurídicos— en la línea de investigación abierta por el robo del teléfono móvil a una antigua asesora del líder de Podemos, Dina Bousselham. Según consta en el escrito fechado este 25 de mayo, el magistrado ha tomado esta decisión tras recibir la petición de la Fiscalía Anticorrupción, y después de reactivar las pesquisas la pasada semana, cuando la exayudante del actual vicepresidente acudió a declarar y admitió que ella misma había hecho y enviado algunos de los pantallazos de las conversaciones de Telegram que acabaron publicados en medios de comunicación, como Okdiario. Un extremo que “había negado” en su anterior cita con el juez, según subraya el instructor.

Esta contradicción insufla un aire fundamental a las defensas. Sobre todo, a la del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Así lo explica García-Castellón: “No resulta posible vincular las publicaciones aparecidas en Okdiario exclusivamente a la intervención de Villarejo”, reza el auto del juez. “Aunque no puede descartarse, las posibles fuentes del medio digital se amplían considerablemente”, prosigue el magistrado, que remacha: “Las imágenes pudo haberlas recabado de cualquiera que hubiera estado en posesión de la tarjeta [del móvil de Bousselham] —o de su copia—, o de quien las hubiese recibido de la propia Dina”.

“Ello incluiría, no solo a las personas a quienes esta última hubiese enviado voluntariamente estas capturas de pantalla [no identificadas], sino también al propio Pablo Iglesias, quien mantuvo la tarjeta en su poder por un tiempo que no ha podido ser concretado”, destaca también el juez, que centra ahora sus esfuerzos en trazar el recorrido que hizo una de las tarjetas incorporada al sumario y que contenía una copia de la información sustraída a la ayudante del líder de Podemos. Ese dispositivo, que está dañado, se lo entregó al magistrado la propia Bousselham, quien afirmó que se lo había dado Iglesias tras recibirlo de manos de Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta y editor de la extinta revista Interviú.

Ese traspase es precisamente lo que escama al magistrado. Según consta en el sumario de esta parte de la bautizada como Operación Tándem, los investigadores encontraron en la casa de Villarejo de Boadilla del Monte (Madrid) una “importante cantidad de documentos” pertenecientes a Bousselham. La Fiscalía considera que toda esta información “parece provenir de una extracción de datos de un móvil utilizado por Dina” y trata de averiguar si el comisario jubilado se encuentra detrás del robo del teléfono y de la difusión de su contenido. De hecho, entre este material, por ejemplo, se hallaron cinco informes de carácter interno de Podemos sobre su estrategia política y electoral. Y también, varias capturas de pantalla de chats de Telegram. Todo ello acabó publicado en varios medios de comunicación, como la web Okdiario.

La revista Interviú también tuvo una copia de ese contenido. Según afirmó su entonces director, Alberto Pozas, les llegó en un sobre de forma anónima. Y, tras analizarlo, descartaron publicarlo por carecer de interés informativo, según dijo Asensio al juez, a quien explicó también que llamó a Iglesias para entregarle la tarjeta al incluir datos personales de Bousselham. El presidente de Zeta comentó que creía que esa era la única copia, pero el instructor señala que Pozas y su número dos, Luis Rendueles, facilitaron otra al comisario jubilado —alegaron que se la dieron al entender que era un “requerimiento policial”—. Por tanto, el líder de Podemos obtuvo el dispositivo en enero de 2016 y no se lo dio a su antigua ayudante, al menos, hasta el verano de 2016, según dijo ella.

Las contradicciones de Bousselham

Pero el juez considera que ese extremo no ha quedado corroborado. “Iglesias habría mantenido en su poder la tarjeta SIM de Bousselham durante un periodo que podría oscilar entre 5 y 39 meses. El periodo más breve se situaría en el caso de que la devolución se hubiese efectuado en junio de 2016, y el más extenso para el supuesto de que la entrega se hubiese realizado en el juzgado [de la Audiencia Nacional] en marzo de 2019”, señala García-Castellón, que insiste en las contradicciones de Bousselham. El magistrado no solo afirma que ella negó primero que hubiese hecho pantallazos de las conversaciones de Telegram, sino que también incide en que ella contó que recibió la tarjeta dañada por parte de Iglesias —lo que le impidió acceder a su contenido— y, en ese momento, la mandó a una empresa a Alemania para tratar de recuperar su contenido. Un envío, que según el juez, nunca llegó a producirse.

Tras la declaración de la pasada semana de la ayudante, Anticorrupción ya planteó al juez una batería de peticiones. La Fiscalía solicitó al magistrado que instara a Bousselham, también personada como perjudicada en la causa, a que especificase contra quién se dirigía su acción penal y a “quiénes otorga, en su caso, el perdón expreso por los hechos punibles que hubieran podido cometerse, se encuentren o no formalmente investigados”. El ministerio público también requirió que, una vez respondida esa primera cuestión, se volviera a citar a declarar a la antigua ayudante de Iglesias para que se explicase sobre ella. Y, por último, se instaba a retirar a Iglesias la condición de víctima, “de manera que no pueda seguir ejercitando acciones como acusación particular”. García-Castellón solo ha aceptado esta última petición.

El juez dice que la investigación ha desvelado unos hechos que, “al menos desde la provisionalidad de este momento procesal”, podrían constituir un delito de revelación de secretos y otro de daños. Pero el magistrado quiere realizar más pesquisas. Y, en ese sentido, considera “insostenible” mantener a Iglesias como perjudicado, ya que las contradicciones de Bousselham le empujan a hacer ahora un “esfuerzo investigador que resulta incompatible con la posición procesal” del líder de Podemos. Eso sí, García-Castellón no va más allá y no imputa de momento ningún delito a Iglesias, que se encuentra aforado por su condición de miembro del Gobierno.