La paz en Colombia y el genocidio sistemático de los líderes sociales

Unos 24 exintegrantes de las FARC-EP que hicieron parte del proceso de paz, además de siete familiares de los activistas sociales y uno de sus escoltas han sido ultimados este año en Colombia, reporta Telesur, con lo que suman 197 los exguerrilleros asesinados desde la firma del acuerdo

Una noticia debió estremecer la conciencia de cada ser humano del mundo, en especial la de los de este continente. Sin embargo, pasó prácticamente inadvertida en medio de la situación creada en el planeta por la pandemia de la covid-19.

El sociólogo Jorge Enrique Oramas, quien era reconocido por luchar contra la minería ilegal, fue asesinado en una finca de Cali, principal ciudad del suroeste de Colombia, con lo cual la cifra de crímenes contra líderes sociales en el país se elevó a cien, según el conteo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La violencia contra estas personas dejó un saldo de 250 muertes en el año 2019, siendo Cauca, Antioquia y Nariño los departamentos que más sufrieron los atentados, refiere Indepaz

Unos 24 exintegrantes de las farc-ep que hicieron parte del proceso de paz, además de siete familiares de los activistas sociales y uno de sus escoltas han sido ultimados este año en Colombia, reporta Telesur, con lo que suman 197 los exguerrilleros asesinados desde la firma del acuerdo.

En el Cauca han matado a más de 3 200 personas en los últimos cuatro años, de acuerdo con datos de la Policía Nacional. Las víctimas son políticos, guardias indígenas, dirigentes sociales, ambientalistas, campesinos, excombatientes de las farc-ep, presidentes de juntas de acción comunal, afrodescendientes y niños.

Los líderes sociales componen el grueso de esa lista. Recientemente uno de ellos, Álvaro Narváez, fue masacrado junto a tres de sus familiares, mientras cenaban en su casa, en Mercaderes. Se trata de un genocidio silencioso y sistemático.

Un estímulo para los criminales

Es imposible no tener en cuenta que Cuba brindó su colaboración decidida, y sirvió de sede a las conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las guerrillas de las farc-ep, que concluyeron en el histórico acuerdo rubricado el 24 de noviembre de 2016, luego menospreciado por el actual presidente colombiano, Iván Duque.

Nuestro país brindó también sus buenos oficios para que el gobierno de Colombia y la guerrilla del eln siguieran el camino de la paz, pero la administración actual optó por poner fin al diálogo.

La actitud del Gobierno sudamericano de desconocer el protocolo de Ruptura del proceso de paz, y exigir a Cuba la captura y extradición de los miembros de la delegación del eln, constituyó una violación del acuerdo suscrito; un precedente muy grave que pone en riesgo la búsqueda de soluciones negociadas en el mundo y cierra las puertas a la paz en Colombia.

Los países mediadores han instado varias veces a las instituciones del Estado colombiano a «garantizar la protección del Acuerdo Final y asegurar el estricto cumplimiento de lo acordado», incluyendo «las disposiciones relativas a la Jurisdicción Especial para la Paz (jep)».

«Si este camino es objetado se dañará la columna vertebral sobre la cual se construyó el Acuerdo Final de Paz, y quedará en vilo la implementación en sus aspectos más fundamentales» alertaron Cuba y Noruega.

Está claro quiénes son los responsables de la sangre inocente derramada en Colombia: los mismos que niegan una oportunidad a su gente.

Acusar a Cuba de falta de colaboración con los esfuerzos estadounidenses en la lucha contra el terrorismo y no apoyar los esfuerzos de Colombia para asegurar la paz, seguridad y oportunidad justa y duradera para su gente, es una falacia que solo estimula a los criminales.