La Comisión bicameral debate mañana los Decretos de Necesidad y Urgencia
El presidente de la comisión bicameral, Marcos Cleri, informó que convocó al plenario para este martes a las 18 para tratar esos decretos y remarcó que la posición del Frente de Todos es que "deben ser declarados inválidos".
La comisión bicameral de monitoreo de los Decretos de Necesidad y Urgencia analizará mañana siete DNU, de los cuales dos fueron dictados por el gobierno de Mauricio Macri y están referidos al traspaso del Departamento de Intercepción y Captación de Comunicaciones (Dicom) a la Corte Suprema.
El presidente de la comisión bicameral, Marcos Cleri, informó que convocó al plenario para este martes a las 18 para tratar esos decretos y remarcó que la posición del Frente de Todos es que "deben ser declarados inválidos".
Señaló que se debatirá también el DNU de ratificación de otro decreto que intervino la AFI y que nombró como interventora a Cristina Caamaño.
El gobierno de Macri dictó un decreto en diciembre último que modificó la ley de Inteligencia -votada en febrero de ese año-, que quitó de la órbita de la ex Side (actual AFI) el manejo de las escuchas telefónicas solicitadas por la Justicia.
Además, en el 2017 emitió otra norma referida a la conformación del nuevo organismo sobre captaciones de comunicaciones, a cargo de la Corte Suprema.
Cleri señaló que sería "importante que el Congreso declare inválidos" esos decretos de Macri porque "no se puede modificar la ley de inteligencia por un Decreto de Necesidad y Urgencia" y "sólo se puede hacer a través de una ley".
De esta manera, si el Congreso anula esos decretos -vigentes mediante la sanción ficta, es decir mientras el Parlamento no los rechaza-, las escuchas judiciales volverán a funcionar en la órbita de la Procuración General de la Nación.
También se tratarán los decretos 391/2020 y 404/2020, referidos a la reestructuración de la deuda pública y emisión de títulos nuevos; el 487 que prorrogó hasta fines julio la suspensión de despidos por "razones de fuerza o falta de trabajo"; y el 488/2020, vinculado al precio de comercialización del petróleo.