Exigen al Gobierno federal detalles de presupuesto contra violencia de género

"Reconocemos los avances, pero falta mucho", exigió Amnistía Internacional

Distintas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional (AI), exigieron este lunes al Gobierno mexicano información concreta sobre dónde está el dinero para la prevención y atención a la violencia contra las mujeres.

Después de una reunión el viernes pasado con Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México, en las que la funcionaria aseguró que en la actualidad todo es "incierto" debido a la crisis del Covid-19, AI pidió concreción entorno al dinero dedicado a los programas con enfoque de género.

"Obtuvimos una respuesta después de la carta que enviamos, pero nos sigue faltando información sobre dónde está el dinero", explicó en conferencia la directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum.

Amnistía Internacional México, la Red Nacional de Refugios y Equis Justicia para las Mujeres son tres de siete organizaciones firmantes de la misiva enviada al Gobierno el pasado 6 de mayo en la que expresaron su preocupación ante las medidas de austeridad publicadas el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Recordaron que durante la reunión pudieron obtener información sobre las preocupaciones del Gobierno en esta época en la que la emergencia sanitaria se está llevando gran parte del presupuesto en detrimento de programas sociales.

A pesar de la buena disposición que mostró Sánchez Cordero, las organizaciones pidieron que esto "se materialice en acciones que detengan la violencia contra este sector de la población" en un país donde 10 mujeres son asesinadas cada día.

"Reconocemos los avances, pero falta mucho. Nosotras queremos estar en el dialogo, pero también ver implementación de acciones", detalló la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa.

El pasado viernes Sánchez Cordero explicó que el Gobierno mexicano se encuentra buscando recursos en la Unión Europea o en embajadas de otros países que no han podido utilizar recursos que tenían asignados para programas sociales.