Justicia reclama al FEI por determinación sobre el chat

Acusó a dicho ente de “no tener la intención o el compromiso de acoger ese tipo de caso para procesamiento”

La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, señaló que la apreciación de la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente (Opfei) sobre el controversial chat entre funcionarios de gobierno de alto rango no está a tono con la investigación que realizó su agencia ni con las recomendaciones en la misma.

“El análisis de los crímenes identificados en nuestro informe requiere aprender a hilvanar finito y a atreverse a tomar determinaciones de derecho agresivas y contundentes. Se requiere de un fiscal con experiencia y peritaje en áreas como administración pública, análisis forense, y la utilización y el examen de prueba digital para probar casos con prueba circunstancial, no limitándose a prueba directa”, señaló Longo Quiñones, quien a su vez acusó a dicho ente de “no tener la intención o el compromiso de acoger ese tipo de caso para procesamiento”.

“Nuestra apreciación de las declaraciones juradas y de la prueba recopilada, analizada punto por punto con respecto a cada una de las personas identificadas en el informe, constituye causa suficiente para investigar. Que los miembros del Panel determinen en contrario es una interpretación del derecho con respecto a la cual tomaríamos excepción si tuviésemos recurso”, agregó.

En una extensa declaración, enumeró las deficiencias que a su juicio presenta el informe que ayer sometió la Opfei con relación al controversial chat que culminó con la salida del gobernador Ricardo Rosselló.

Ayer el Pfei determinó investigar solo a algunos integrantes del chat. Estos son el exgobernador Ricardo Rosselló; el exdirector de campaña de Rosselló, Elías Sánchez Sifonte; el exportavoz del gobernador ante la Junta Federal de Control Fiscal y exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega; el exasesor legal del exgobernante, Alfonso Orona; el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario y el publicista Edwin Miranda.

“Nuestra impresión de la resolución emitida por el panel es que los miembros del panel, y los Fiscales Especiales Independientes (FEI) que les hicieron las recomendaciones, no entendieron las conclusiones de derecho en el informe”, aseveró la funcionaria.

En el informe de Justicia, la secretaria aclaró que detallaron crímenes de cuello blanco. Aseguró que el análisis del Departamento de Justicia no solo tomó en consideración las declaraciones emitidas en el chat “sino una evaluación criminal de lo que la conducta evidenciada en el Chat WRF revela”.

“La mera participación en el Chat WRF no establece los delitos considerados, el Chat WRF lo que hace es que corrobora la relación entre los participantes de los delitos identificados. Esa conducta fue corroborada mediante las entrevistas y la evidencia levantada por el DJ”, sostuvo la jefa de Justicia.

Dijo que el trabajo del panel “aparentemente” se limitó a examinar las declaraciones juradas, o prueba directa, para tomar sus determinaciones.

“Nuestra evaluación del derecho, en contrario, se basó en un examen exhaustivo y profundo de las declaraciones juradas a la luz de las más de 15 entrevistas realizadas, los documentos requeridos y la prueba electrónica recabada en la investigación”, sentenció.

Agregó que como parte de la investigación se emitieron en exceso de 46 citaciones incluyendo a: Francisco Antonio Parés, secretario de Hacienda; Fernando Gil Enseñat, secretario de la Vivienda; Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan; Arnaldo Claudio, exmonitor federal; Luis Augusto Martínez, administrador de La Fortaleza; Cecille Blondet Passalaqua, directora ejecutiva de Espacios Abiertos; Maritza Garay Morales; Rossy SantiagoVelázquez, exdirectora de la Oficina Central de Comunicaciones de la Fortaleza; Jorge Bauzá; Juan Carlos Hernández, exadministrador de La Fortaleza; Leticia Jover; Rafael José Vega Gómez, director de comunicaciones del Departamento de la Vivienda; Brad Dean, director del DMO; y Griselle Morales, directora legal de Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

A eso se añadiría unas 61 subpoenas para procurar documentos e información.

La funcionaria resaltó el hecho de que el Departamento de Justicia no tiene la potestad en ley para solicitar revisiones a las decisiones del Pfei, por lo que dejó en manos del pueblo pedirla.

Además, Longo Quiñones reaccionó sorprendida con que el panel haya determinado no proceder con el recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo con respecto a la conducta de Edwin Miranda y Elías Sánchez “por el mero hecho de que hacer lo propio requeriría preparar y someter escritos apelativos”.

Igualmente dijo estar en desacuerdo con lo dicho por el Pfei, en relación a insuficiencia del quantum de la prueba. “La Ley 2 lo que requiere es causa suficiente para investigar, o causa suficiente para creer que se ha cometido delito, no causa probable para arresto”, sostuvo.

“La resolución malinterpreta los roles establecidos por la Ley en las dos agencias. Le corresponde al FEI investigar, identificar los delitos y radicar los cargos”, añadió.

Propuso solicitar que los casos de los contratistas y aquellos funcionarios del Gobierno que no participaron en el WRF Chat y fueron referidos por conductas relacionadas a los cuales el Panel decidió no ejercer jurisdicción, sean devueltos a Justicia para retomar la investigación.

Concluyó que “las expresiones del Panel que mancillan la gestión que han hecho nuestros fiscales y agentes investigadores en este caso son injustas, improcedentes e innecesarias para su limitada responsabilidad de determinar el alcance de la investigación que debería realizar un Fiscal Especial Independiente”.