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María Jesús Montero, ministra de HaciendaULY MARTIN

Cuentas claras

La nueva senda de déficit es necesaria para aplicar una política distinta

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La aprobación de los Presupuestos para este año es la tarea política decisiva que tiene por delante este Gobierno. Sin Presupuestos no es posible gobernar. Un Presupuesto garantiza un cierto grado de tranquilidad parlamentaria, la posibilidad de cumplir la legislatura y la capacidad para evitar que el país se detenga o viva en un estado de indefinición política y económica insoportable. El Gobierno ha presentado un embrión de Presupuestos, con su propuesta de senda de déficit y de techo de gasto, que pretende ser el paso inicial para aprobar las cuentas del Estado. Los mensajes son bastante claros: el Presupuesto no se presentará mientras no tenga garantizado el apoyo de ERC y, en términos estrictamente económicos, la senda de cumplimiento del déficit será más larga y suave que la comprometida con Bruselas antes del parón político y las sucesivas prórrogas presupuestarias.

Que el Gobierno espere a contar con los votos de ERC parece una medida elemental de prudencia, puesto que un rechazo parlamentario de las cuentas públicas comprometería la legislatura y la capacidad de maniobra del Ejecutivo. Pero, a su vez, una demora excesiva está contraindicada porque, cuanto más tiempo tarden en aprobarse, menos efecto surtirán las subidas previstas de ingresos que, como se sabe, son imprescindibles para cuadrar una reducción del déficit con un aumento del gasto que en lo que va de año suma ya 4.700 millones. Aunque la intención del equipo económico es tramitar la aplicación de una tasa Google y un impuesto a las transacciones financieras al margen del Presupuesto, hay otras correcciones, como la de sociedades, que deben estar incluidas en el proyecto.

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Las previsiones iniciales del Gobierno incluyen un entorno de desaceleración de la economía (1,6% de aumento del PIB en 2020, dos décimas menos de lo previsto, en consonancia con las previsiones de Bruselas), una creación de empleo del 1,4% (seis décimas menos de lo previsto) y un déficit público del 1,8% del PIB (siete décimas más de lo acordado). Aumenta el plazo para llegar al déficit cero, como no puede ser de otra forma después de las prórrogas presupuestarias, pero se trata de una senda de estabilidad más creíble que la anterior. A la espera de partidas concretas, que deberían discutirse y aprobarse antes del verano, el Ejecutivo ha optado por dotarse de un margen de actuación de unos 10.000 millones que en buena parte permitirán más gasto en autonomías y Ayuntamientos. La única duda es si las previsiones de ingresos son razonables y creíbles en un marco de desaceleración en España y en Europa.

Las cuentas, claras. Carece de sentido preguntarse cómo será posible cuadrar el aumento previsto del gasto y la moderación del déficit. Esta supuesta contradicción, que la oposición agita como una barrera infranqueable, solo tiene una respuesta: hay que incrementar los ingresos del Estado mediante aumentos selectivos de impuestos. Esto es lo que el PP y Ciudadanos llaman, con tosquedad, hachazo fiscal. Una exageración a la vista de las modestas subidas previstas para 2020. Resulta que las cuentas públicas y el bienestar de los ciudadanos no soportan más recortes del gasto como los que se aplicaron sin matices entre 2012 y 2016. El país no aguanta un solo hachazo social más, como demuestran las conclusiones sobre la pobreza en España del relator de la ONU.