BBVA acuerda pagar 1,7 M a Béjar y apaga un fuego antes del juicio por el caso Villarejo

Tras dos horas de tensas negociaciones -en las que la propia jueza ha exhortado el acuerdo- el expresidente de DCN y la entidad han evitado el juicio tras alcanzar un pacto económico

BBVA finalmente ha llegado a un acuerdo económico con Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) sobre su despido, que el ejecutivo interpretó como represalia por colaborar con la Justicia. Ahora, el directivo ha desistido de su demanda después de que las dos partes hayan alcanzado un pacto.

Tras dos horas de tensas negociaciones -en las que ha sido la propia jueza la que ha exhortado el pacto- se ha logrado evitar el juicio con un acuerdo económico que en total asciende a 1,7 millones de euros y el compromiso de Béjar de "no competir por un plazo de 24 meses, obligándose a no realizar actividades en empresas competidoras de la entidad bancaria o su filial DCN (Distrito Castellana Norte), directa o indirectamente", como consta en el Acta de Conciliación a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Las clásulas del acuedo contemplan que esta cifra se cobrará a lo largo de dos años, a razón de 70.833,3 euros mensuales, y que el exdirectivo podrá consolidar 890.000 euros, pero los otros 910.000 euros deberá devolverlos si termina siendo condenado a más de un año de prisión dentro de la investigación que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional para aclarar los trabajos que Cenyt, el despacho del excomisario José Manuel Villarejo, realizó para la entidad.

Este punto, rubricado por las dos partes, es la más clara evidencia de la estrecha relación que existe entre este caso y las pesquisas que está llevando a cabo Anticorrupción para aclarar todo el entramado de Villarejo, ligazón que las dos partes han intentado negar, probablemente, por razones de estrategia de cara al futuro juicio en la Audiciencia Nacional.

Por parte del banco estaban citados como testigos Roberto Albaladejo, jefe de gabinete de presidente, y Carlos Casas, responsable de talento y cultura del banco, así como personal del área laboral. También estaban citados los peritos de PWC, responsables del "forensic". Béjar, por su parte, tenía pensado citar como testigos a antiguos compañeros del grupo BBVA. También habían asistido a la vista Adolfo Fraguas, director de Servicios Jurídicos de BBVA.

Como adelantó este medio, Béjar llevó a BBVA ante los tribunales por su despido el pasado noviembre, tras mostrarse estéril el intento de un acuerdo de conciliación, demanda que amplió dos meses después, a finales de enero, con un detallado escrito en el que relataba, día por día, y casi hora por hora, cómo habían sido sus últimos momentos como presidente de Distrito Castellana Norte (DCN) y como directivo de BBVA.

Con esta ampliación de su demanda, el ejecutivo intentaba demostrar que su despido no fue debido a su imputación en el caso Villarejo, ya que muchos otros directivos del banco están en la misma situación, sino a que decidió salirse de la línea marcada por el banco, contratar su propia defensa y empezar a colaborar con la justicia respondiendo a las cuestiones de los fiscales, en vez de acogerse a su derecho a no declarar hasta que se abriera el secreto de sumario, como hicieron el resto de imputados.

Aclarar si está justificado, o no, el despido de Béjar sin ningún tipo de compensación económica es clave también dentro de toda la pieza del caso Tándem, que investiga los trabajos que Cenyt, el despacho del excomisario José Manuel Villarejo, realizó para BBVA durante 15 años.

El año pasado, con su decisión de despedir fulminantemente a Béjar, BBVA apuntó hacia él como máximo responsable de la situación en la que se encuentra el banco, mientras que el exdirectivo siempre sustuvo que sólo respondió órdenes directas del expresidente Francisco González, que fue quien encargó contratar a Cenyt, y siempre respetó la cadena jerárquica de control de la entidad, apuntando así al que fuera responsable del área de Regulación y Control Interno, Eduardo Arbizu, al asesor del actual presidente, Juan Asúa (su superior cuando ocurrieron los hechos investigados) y al consejero delegado en aquellos años, Ángel Cano.

El gran problema para el banco en el 'caso Béjar' es que, si este lograba demostrar su tesis durante en el juicio laboral, se pondría en evidencia la propia estructura de la entidad, que también está imputada como persona jurídica, ya que los contratos con Villarejo no respondarían a dos ovejas negras que actuaron por su cuenta y riesgo, sino que había toda una estructura, en la que participó directamente la cúpula, que permitió que esto ocurriera durante años sin que nadie denunciara nada y saltándose todos los sistemas de control interno.

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