Maestra de plantel tradicional de Quito amarraba y amordazaba a sus alumnos; el caso se investiga

"¿Profe, usted no nos va a amarrar? ¿No nos va a poner scotch (cinta adhesiva) en la boca? ¿Nos va a pegar?" Esas inquietudes, que repetían varios niños del sexto de básica 'C' llamaron la atención de la mujer, que contó todo a los padres de familia, en la primera reunión, el 20 de septiembre del 2019.

Marcela y Ana María, dos de esas madres (nombres protegidos), recuerdan que entonces confirmaron que algo extraño pasó en los dos años lectivos anteriores (cuarto y quinto de básica 2017-2018 y 2018-2019). Por eso sus hijos perdieron el control de esfínteres, por lo que seguido llegaban con los pantalones mojados y manchados. Otros más incluso empezaron a usar pañales.

En aquella sesión, una mamá levantó el brazo para contar que ella sí le hizo un reclamo directo a la anterior maestra. Y ella le respondió que no volvería a tocar a su hija. Pero la madre no sabía que todo el salón de un plantel público muy tradicional de Quito vivía casos de violencia, como el que le relató su niña.

"Los 28 niños sufrieron durante dos años lectivos; les amarraban los pies y las manos, desde la primera hasta la cuarta hora de clases. Los dejaba libres en el recreo. La maestra les obligaba a tomar leche (parte del Programa de Alimentación Escolar), mezclada con ají; a otros les daba puñados de máchica, que provocaba que se ahogaran casi".

Eso cuenta Marcela, una de las madres, muy afectada por entender algo tarde lo que sufrió su niño, que ahora tiene 10 años como el resto de sus compañeros.

¿Qué hicieron? Cuatro madres y padres de familia escribieron una carta, que dejaron en el Rectorado de este plantel público. También la llevaron a la Subsecretaría, que la envió al Distrito 4. En el documento le detallaban al rector algunos aspectos que les contaron sus hijos y la maestra. También le pidieron medidas de protección para los niños, sustentados en lo que dicen las leyes del país. En diciembre uno de ellos intentó suicidarse, otro escribió una carta en la que también habla de la muerte.

Hasta la última semana de enero de este 2020, los estudiantes y sus padres se mantuvieron tranquilos, a la espera de la investigación. Estaban contentos, ya no había maltratos. Pero este miércoles 12 de febrero del 2020, las madres no pudieron más y decidieron hacer pública su historia, asustados porque la mujer, que creen maltrató a sus hijos, durante dos ciclos lectivos, volvió al establecimiento.

Una de las madres mostró a este Diario un certificado del Centro Médico Familiar Integral y Especialidades La Mariscal, del Seguro Social. En él se lee que una psicóloga infantil concluye "tras corroborar los datos obtenidos en la entrevista, exámenes y testimonio de escucha activa hacia la madre y el paciente, nos da la pauta de que han sido vulnerados los derechos del niño". También señala que "la sintomatología clínica más la proyectiva pueden dar pautas de los posibles tipos de violencia a los que el paciente fue sometido por su docente, es necesario colocar el caso en manos de las autoridades competentes, para que se inicie el proceso de investigación y se solicite una valoración psicológica de la docente".

Esa conclusión hizo que la docente investigada por maltrato y su abogado interrumpieran la consulta de la psicóloga, en el Centro La Mariscal. A la profesional le reclamaron diciéndole que su informe tenía "incongruencias". Y que no era la agresora del caso. Y la mujer investigada por supuestamente agredir a sus estudiantes "a gritos refiere que ya va a notificar a la autoridad como la están atendiendo, que reporten que ella estuvo ahí, para ella también informar cómo fue tratada y que no le están facilitando lo que ella necesita".

Sybel Martínez es la vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Este viernes 14 de febrero del 2020 recibió a las madres de familia. Le preocupan varios aspectos. "Volvemos a conocer de maltratos colectivos; los niños sienten que no tienen una vía de escape. Nadie le dio importancia a lo que vivían. Esa profesora se ensañó con cuatro niños, pero eran 24 más en el aula. Los niños refieren situaciones de tortura, pasaban amarrados de pies y manos. Inclusive les tapaban la boca. A un niño que le dio máchica le decía 'no te vendrás a morir aquí'. A todos les decía que no le cuenten a sus padres o terminarán presos y se quedarán solos".

Ayer, jueves 13 de febrero, uno de los niños maltratados, cuyos padres denunciaron el caso, fue impedido de ingresar al establecimiento. Según la madre, el guardia les dijo que no podían ingresar. Ella acudió a la Subsecretaría de Educación de Quito y allí fue atendida, tras una llamada de este Diario a la viceministra de Educación, Susana Araujo. La acompañaron hasta la institución educativa y allí se le dio a entender que hubo un malentendido.

EL COMERCIO buscó la versión de la Subsecretaría de Educación. Y el departamento de Comunicación informó vía e-mail que la autoridad "recibió esta mañana (el pasado jueves 13 de febrero de 2020) a la madre de familia. Al momento el área técnica está realizando el seguimiento. En cuanto tengamos información sobre el avance de este tema te estaremos comunicando".

A las 19:39 de este 14 de febrero del 2020, también vía e-mail, la Subsecretaría envió más información del caso: "con respecto a la denuncia de agresión presuntamente inferida por parte de una docente de una Institución Educativa del centro de la ciudad, se informa que este caso fue llevado hasta la Junta Distrital de Resolución de Conflictos en octubre de 2019, donde se establecieron entre las medidas de protección la separación de la docente, suspendiéndole de sus funciones en la institución mientras dura la investigación; la asistencia psicopedagógica al estudiante a través del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), así como la realización de talleres de prevención, derechos, cultura de paz y solución pacífica de conflictos, con los estudiantes", dice la respuesta.

Y añade que "el 10 de enero del 2020 se realizó la Audiencia de Sustentación de Pruebas, a la cual fue convocada la representante legal del estudiante, sin embargo no asistió, por lo que no se presentaron las pruebas de cargo ante esta instancia, requisito fundamental para continuar con el proceso instaurado.

Actualmente, el DECE institucional se encuentra realizando un acompañamiento directo y pormenorizado del desarrollo académico y comportamental de los estudiantes.

El Ministerio de Educación se mantiene vigilante para proteger la seguridad y derechos de las niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo la construcción de espacios escolares libres de todo tipo de violencia".

A Sybel Martínez este caso le recuerda al de Aampetra. En ese establecimiento del sur de la capital, 41 adolescentes sufrieron tortura y abusos por parte de un supuesto docente, entre el 2010 y 2011. Este caso destapó varias denuncias más de violencia en el ámbito escolar.

"A la profesora denunciada le levantaron un sumario administrativo, la investigación duró 90 días. Pueden decir que es legal que haya vuelto a la institución. Pero me pregunto si como autoridades van a seguir permitiendo que estos casos de maltrato sigan ocurriendo. También tengo que aceptar que la historia fue denunciada en la Junta de Protección y no hemos sido tan efectivos, hay una segunda audiencia; necesitamos abocar conocimiento y dictar medidas de protección; hay que escuchar a los niños en audiencia reservada, saber cómo están emocionalmente. Se nos ha dicho que la mujer les ha tomado fotografías en el recreo, se sienten atemorizados".