Caso Lucía: condenaron a 18 años de prisión al responsable del abuso sexual

Pasado casi un año del hecho, condenaron a 18 años de prisión por el delito de abuso sexual al abuelastro de Lucia, la niña de 11 años que fue obligada a parir luego de que el Gobierno de Juan Manzur obstaculizaran su acceso a la interrupción del embarazo legal que había solicitado.

Lucía tenía 11 años cuando la pareja de su abuela abusó sexualmente de ella. Producto de esa violación, la niña resultó embarazada y durante casi un mes debió sortear numerosos obstáculos y dilaciones por parte del Estado que buscó forzarla a parir. A casi un año del hecho, el acusado fue condenado en un juicio abreviado a 18 años de prisión por el delito de "abuso sexual doblemente agravado por el grave daño a la salud mental y física de la niña aprovechando la situación de convivencia". La máxima tipificada en los casos de abuso sexual agravado son 20 años. La pena será de cumplimiento efectivo en el penal de Villa Urquiza.

La audiencia se desarrolló en la Sala V de debate oral penal a cargo de los jueces Fabián Fradejas, María Balcazar y Juana Francisca Juárez. El Juicio Abreviado es un instituto procesal pensado para agilizar el sistema penal, que puede utilizarse cuando existe prueba contundente en contra del imputado y este acepta su culpabilidad en el hecho del que se lo acusa. En este caso, la sentencia tuvo el aval de Estela Velia Giffoniello, Fiscal de cámara penal de la V Nominación, y la defensa técnica.

"Sol” (se resguarda su verdadera identidad para proteger a la niña), madre de Lucía, pidió la palabra y solicitó la pena máxima para el acusado porque "causó un daño tremendo y le arruinó la vida y dejó marcada a mi hija y toda mi familia". El acusado se declaró culpable pero no pidió disculpas por el daño ocasionado. Lucía fue representada y acompañada por las organizaciones Andhes y Cladem.

“No hay pena que pueda borrar el daño que sufrió Lucía pero entendemos que éste juicio abreviado con una condena que roza la máxima tipificada fue la mejor opción para proteger a la niña que no deberá pasar por un proceso que puede ser revictimizante y estigmatizante en un momento en el que está logrando rearmar su vida y sus vínculos. También muestra que había pruebas irrefutables y contundentes de la culpabilidad del acusado”, afirmaron Emilio Guagnini, de Andhes, y Celia Debono, de Cladem.

De esta manera la audiencia determinó librar oficio al Poder Ejecutivo para que se de asistencia psicológica a la víctima de manera gratuita y procedan a darle una beca a Lucia para que pueda terminar sus estudios. Mantener la prisión preventiva hasta que quede firme la sentencia con cumplimiento en Villa Urquiza. Asi también desde el Ejecutivo se haga relevamientos de ESI, campaña contra la violencia hacia las mujeres con protocolos de denuncias en toda la provincia y perspectiva de derechos humanos y género.

Desde las organizaciones y el movimiento de mujeres y disidencias, que acompañaron a Lucia y su familia, expresaron que seguirán en pie de lucha por la implementación efectiva de la ESI y el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, políticas que el Gobierno de Manzur contínua negando.

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