El Gobierno rebaja temporalmente las peonadas e investigará las condiciones laborales de los trabajadores del campo

• Las medidas han sido anunciadas como respuesta al informe sobre pobreza del relator de la ONU pero han provocado la protesta de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA por no ser invitadas a la reunión en el Ministerio 

Investigar las condiciones laborales de los trabajadores del campo y rebajar las peonadas, los requisitos para acceder a una prestación por desempleo agrario. Son las primeras decisiones acometidas por el Gobierno tras el informe del relator especial de la ONU para la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, en el que constató las condiciones de trabajo y vivienda de los trabajadores eventuales en el campo de Huelva. Alston las definió como "mucho peores que las de un campo de refugiados".

El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se han reunido este viernes con representantes de sindicatos agrarios de Andalucía y Extremadura, para comunicar las primeras decisiones del Gobierno tras el informe del relator de la ONU.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han emitido un comunicado este viernes quejándose "por haber sido convocadas y posteriormente desconvocadas" de la reunión de este viernes en Trabajo, y pidiendo "una reunión de las tres organizaciones profesionales agrarias más representativas y el Ministerio". El enfado ha ido en aumento tras la coincidencia de dos reuniones que se han solapado este viernes en el Ministerio, a la que estaban convocados la patronal y los sindicatos con responsables de Trabajo lo que ha provocado que los representantes de la CEOE se levantaran de la mesa de negociación en el primer choque de la patronal con el Ministerio. "El diálogo social sigue", apuntaron fuentes patronales, que subrayan que esto no supone ninguna ruptura de la negociación con el Gobierno.

 "El Gobierno de España no va a permanecer impasible ante este informe, que supone una vergüenza para nuestro país", explican fuentes de Trabajo y de la Vicrepresidencia.

No obstante, la legislación actual no permite a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comprobar las condiciones de las infraviviendas a las que se refería Alston en su informe, salvo un permiso expreso del empresario agrícola, explican fuentes del Gobierno: "Esto está generando situaciones de chabolismo y semiesclavitud intolerables en la cuarta economía de la zona euro".

Por ello, la vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Trabajo anuncian que va a realizar "las modificaciones necesarias para que la Inspección de Trabajo pueda personarse e intervenir en estos asentamientos. Constatar por parte de la administración las condiciones en las que malviven estos trabajadores agrarios es un primer paso imprescindible para garantizar su dignidad y sus derechos".

Asimismo, "al tiempo que estudia medidas más profundas que aborden el problema de fondo que afecta al campo, vinculado a los bajos precios", explican las fuentes del Gobierno, "el Ejecutivo va a tomar una decisión inmediata para aliviar la situación de miles de trabajadores agrarios".

El trabajo eventual en el campo de Extremadura y Andalucía implica a un gran volumen de jornaleros (el 67% de todos los temporeros agrícolas de España) y supone un tipo de actividad con intermitencias que requiere una protección por desempleo específica, explican en el Ejecutivo.

Esta protección es el conocido como desempleo agrario o renta agraria. Conforme a este sistema, llamado de peonadas, los trabajadores deben trabajar un número mínimo de jornadas (actualmente, 35) para acceder a una prestación por desempleo agrario.

"Es necesario, a medio plazo, reformar el sistema de peonadas para garantizar que dé una cobertura más adecuada a los trabajos eventuales agrarios", explican fuentes de Trabajo y de la Vicepresidencia.

Pero, mientras estudia cómo abordar esa reforma estructural, "el Gobierno va a proceder a la máxima brevedad, con carácter coyuntural, a una rebaja del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario: de 35 a 20, dando así cumplimiento a una reivindicación histórica del colectivo de jornaleros".

Esta medida, explican fuentes de la Vicepresidencia y Trabajo, "busca responder a la grave situación meteorológica que en los últimos meses ha hecho escasear el trabajo y ha dificultado el acceso a las peonadas. Se trata de una corrección puntual que ya se ha utilizado en situaciones anteriores también por concurrencia de factores meteorológicos".

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