AUDIENCIA NACIONAL

El juez propone juzgar a los mossos que acompañaron en su huida a Puigdemont

Considera que los funcionarios cometieron un delito de encubrimiento
Como proponía el fiscal archiva las actuaciones contra Matamala y Alay

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto sentar en el banquillo por un delito de encubrimiento a los dos mossos d'Esquadra que acompañaban al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, en la Semana Santa de 2018, según ha adelantado este diario.

El magistrado, conforme le había solicitado el ministerio fiscal, distingue entre ellos y las otras dos personas que estaban con el 'expresident' cuando fue arrestado: el empresario Josep Maria Matamala, ahora senador, y el profesor Josep Lluís Alay, para las que decreta el archivo.

La diferencia está en que estos no son funcionarios públicos y no consta que proporcionasen al huido el vehículo en el que viajaba, lo condujesen o le proporcionasen cualquier otro tipo de ayuda. En cualquier caso el juez no podría continuar con la investigación relativa a Matamala, porque al haber sido elegido senador se convirtió en aforado y solo podría ser investigado y juzgado por el Tribunal Supremo.

El juez central de Instrucción número 6, que da 10 días a la fiscalía para que presente su escrito de acusación, considera concluida la instrucción y procede a transformar las diligencias en procedimiento abreviado (trámite equivalente al procesamiento en los sumarios) en lo que se refiere a los mossos Xavier Goicoechea y Carlos de Pedro. Ambos, de permiso cuando acompañaban al 'expresident'. 

García-Castellón utiliza argumentos similares a los utilizados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando ordenó reabrir la causa, después de que su primer instructor, Diego de Egea, la archivara. El tribunal declaró entonces que ambos agentes tenían que conocer "necesariamente" la situación de huido de la justicia de Puigdemont, cuando viajaban con él en automóvil desde Estocolmo a Bélgica, lo que podía ser constitutivo de un delito de encubrimiento de la rebelión que se imputaba entonces al 'expresident', ahora reducida a sedición, tras la sentencia del 'procés' del Tribunal Supremo.

Desde Helsinki

"Ambos investigados, puestos de común acuerdo, pese a su condición de funcionarios de la policía y con pleno conocimiento de que Puigdemont tenía una orden de búsqueda y detención europea librada por el Tribunal Supremo, le ayudaron a intentar sustraerse a la acción de la justicia cuando este último se desplazaba desde Helsinki (Finlandia) hasta su domicilio de Bélgica", afirma García-Castellón.

El auto señala que Puigdemont era consciente de la existencia de la orden de arresto, pues como se detalla en el informe policial aportado en la causa, "se le notifica que existía una orden internacional de detención contra él", por lo que "tenía conocimiento de dicha orden".

Tras detallar el trayecto realizado desde Helsinki hasta Alemania, el magistrado dice que "todos estos datos eran por ello conocidos por los investigados De Pedro y Goicoechea cuando prestaban ayuda a Puigdemont para desplazarse por carretera desde Helsinki (Finlandia) hasta Bruselas (2.370 kilómetros, con un trayecto en ferry)".

Según el juez, su actuación se dirigía a evitar la captura del huido, "logrando de esta forma su sustracción a la acción de la justicia", lo que sería constitutivo de un delito de encubrimiento, cometido por español en el extranjero, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar lo sucedido.