Borràs no acude a declarar al Supremo por una presunta adjudicación irregular y abre la vía al suplicatorio

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, no ha acudido este viernes a declarar en el Tribunal Supremo, que la investiga por la presunta adjudicación irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El Alto tribunal ha recibido formalmente el escrito de Borràs en el que rechaza comparecer. Se abre así la puerta a la petición de un suplicatorio contra ella.

"No necesito acudir personalmente a este juzgado, pues ya estoy completamente informada" de las actuaciones, indica la portavoz parlamentaria de JxCat en su escrito, en el que critica que su causa se difundiese "masivamente".

Borràs, que está aforada ante el Supremo por ser diputada, estaba citada este viernes a las 11.00 horas para tomarle declaración "voluntaria", si "a su derecho conviene", e informarle de las diligencias abiertas contra ella por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental.

Sin embargo, en su cuenta oficial de Twitter, la diputada JxCat ya anunció este jueves que no iría a declarar porque hacerlo "implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año" está denunciando y añadió que la causa "ha vulnerado mis derechos desde el primer día". Borrás siempre ha negado haberse embolsado "ni un solo céntimo de dinero público" o haber cometido "ningún delito".

La diputada de JxCat está investigada por un caso que comenzó en el juzgado de instrucción 9 de Barcelona, cuando dirigía la ILC, y en él se trata de averiguar si "adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria" contratos a Isaías Herrero, un programador informático amigo suyo.

Se abre la vía para pedir el suplicatorio

En su escrito, Borràs entiende que su citación "supondría duplicar actuaciones innecesariamente" y recuerda que el artículo 71.2 de la Constitución establece que los diputados "no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva".

Descartada la declaración, el paso siguiente sería pedir un suplicatorio a la Cámara, como ya instó el fiscal en el escrito en el que apoyaba abrir causa contra ella por la presunta adjudicación irregular de contratos a Isaías Herrero, un programador informático amigo suyo, desde ILC entre 2013 y 2017. 

De solicitar el suplicatorio, según el Reglamento del Congreso, éste sería recibido por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, y, previo acuerdo de la Mesa, se remitiría a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que debería concluir su trabajo en el plazo máximo de treinta días, tras la audiencia del interesado.

Concluido el trabajo de la comisión, la cuestión sería sometida a pleno y, en un plazo de ocho días, la presidenta del Congreso daría traslado del acuerdo a la autoridad judicial. El plazo máximo de estos trámites serían dos meses.

Borràs defiende su gestión

Borràs comenzó a ser investigada por estos hechos por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. En diciembre del año pasado, el Supremo decidió abrir causa a la diputada de JxCat.

En un hilo en la cuenta de Twitter, Borràs ha defendido su gestión al frente del ILC, y asegura estar "muy orgullosa del trabajo hecho con los contratos que son objeto de investigación", con los que, afirma, "se hizo un trabajo pionero y muy bien valorado por los usuarios". "Esta causa no hubiera existido nunca si no fuera una conocida independentista", ha añadido.

Sin embargo, según la tesis de la jueza que derivó la causa al Supremo, desde la institución que dirigía Borrás, se procedió, de acuerdo con Herrero, a fraccionar contratos de servicios informáticos "reflejando importes y conceptos inventados", siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros para hacer una adjudicación directa. 

Según la Fiscalía y el Juzgado de Barcelona que comenzó a investigar y que remitió la causa por el aforamiento de Borràs, hay claros indicios de que, entre los años 2013 y 2017, la portavoz parlamentaria de JxCat "abusó" de su condición de directora de la ILC para adjudicar "directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática", cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA, a favor de Herrero, con el que se ha acreditado que tenía una "relación personal y profesional".