El Parlamento gallego pagará 2.067 euros al mes hasta las autonómicas a los diputados que cesen

Recupera las indemnizaciones de antes de la crisis para despedir a los diputados

El Parlamento gallego fue disuelto el pasado martes, el día que se publicó el decreto de convocatoria de las elecciones, y solo queda operativo un órgano para estos períodos inhábiles, la Diputación Permanente, formada por 22 diputados titulares y 20 suplentes. Los 33 parlamentarios restantes cesan en sus funciones y pueden retomar sus antiguas ocupaciones o irse al paro, aunque sin derecho a recibir un subsidio. Esto último es lo que motivó que los grupos políticos solicitaran por unanimidad algún tipo de compensación por el cese de actividad, lo que llevó a la Mesa de la Cámara a recuperar las indemnizaciones anteriores a la crisis, que permitirá a cada electo cesado cobrar una paga de 2.067 euros al mes hasta el día de las elecciones, el 5 de abril.

Esta compensación pensada para los finales de legislatura estuvo vigente en el Parlamento hasta la séptima legislatura, que concluyó en el 2009. El estallido de la crisis provocó que fuera abolida y que se recortara durante años la retribución de los diputados. Ahora se recupera esta regalía, que es incompatible con cualquier otra retribución, y la Mesa de la Diputación Permanente sostiene, a modo de justificación, que se trata de una compensación «considerablemente inferior» a la prevista en otras cámaras autonómicas.

A modo de ejemplo, el Parlamento gallego cita el caso del País Vasco, cuya Cámara dispone de tres compensaciones distintas: una indemnización por cese equivalente a la retribución mensual, una remuneración de transición entre legislaturas, cercana a los 10.000 euros, aparte de una prestación económica, equivalente al 40 % del salario mensual del parlamentario, que recibe en un período de entre tres y doce meses para compensar la inexistencia de un subsidio de desempleo.

La Mesa también decidió en su reunión de hoy subir un 2 % el salario de los funcionarios de la Cámara, aunque la medida, al menos por ahora, no se hará extensible a los cargos políticos. De igual modo, abre la posibilidad de que los diputados que cesan en sus funciones puedan llevarse el ordenador portátil que se les entregó al comienzo de la legislatura. Entonces tenía un valor de 960,53 euros y ahora su «valor residual» quedó fijado en 220,12 euros.