El futuro tras el 'divorcio'

Brexit: cómo afecta la salida de la UE a España, sus trabajadores y las empresas

La situación de los trabajadores españoles es una incógnita por ahora, mientras que el comercio afronta repercusiones potencialmente severas.

Durante la madrugada de este viernes 31 de enero (23.00 horas en Londres), el Reino Unido obtendrá definitivamente su ansiando divorcio de la Unión Europea. Una salida que ha tardado en consumarse nada menos que tres años marcados por las duras negociaciones con Bruselas, de bloqueo parlamentario en la Cámara de los Comunes y de bailes de primeros ministros. Todo hasta que Boris Johnson, uno de los principales impulsores de la populista campaña a favor del Brexit en 2016, será quien ponga el punto final. Con acuerdo, eso sí.

Pero este último capítulo del Brexit tampoco supone una salida definitiva: el acuerdo contiene un plazo de 11 meses, es decir hasta el 31 de diciembre de 2020, para garantizar un Acuerdo de Libre Comercio con la UE. Es lo que se conoce como el período de transición para evitar que este 1 de febrero se restrinjan derechos de millones de trabajadores europeos que viven en el Reino Unido. Sin embargo, la mayoría de los implicados, incluido el jefe negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, sostiene que garantizar un nuevo marco comercial antes del 31 de diciembre de 2020 es simplemente imposible.

Los conservadores confían en tener el 80% del comercio del Reino Unido cubierto con acuerdos comerciales bilaterales en los próximos tres años, comenzando con sus socios más estrechos, como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Pero el caso de la UE es especial. Por dos motivos, principalmente: primero, porque su interdependencia comercial durante los últimos 45 años con el resto de Europa hace que tenga renegociar no solo con Bruselas, sino las cuotas de las que hasta ahora participaba y que se repartían para la producción interna; y, en segundo, porque la relación histórica con el resto de Europa ha llevado a que millones de europeos vivan en el Reino Unido y que, por otro lado, haya británicos repartidos por todo el continente.

¿Qué pasa con los españoles en el Reino Unido?

A partir del 1 de febrero, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea y eso significa que España y el resto del continente actúan a todos los efectos como tercer país, sujeto al derecho internacional y a los acuerdos bilaterales en materia de circulación de personas y de comercio. Pero eso no implica que el Reino Unido deba dejar de cumplir una serie de normas preexistentes. Por ejemplo, los trabajadores extranjeros (entre ellos, alrededor de 200.000 españoles) tienen derecho a permanecer en el Reino Unido. El problema es el procedimiento para conseguirlo.

El método para que los españoles (y el resto de europeos) soliciten el derecho de arraigo tras el Brexit se basa en el denominado 'status scheme' (esquema de estatus), establecido el pasado marzo de 2019 para determinar qué ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido tienen derecho permanente a vivir en el país.

Un derecho que Boris Johnson ha prometido respetar para los ciudadanos comunitarios, incluso desde su primer discurso en la Cámara de los Comunes como primer ministro: "Los ciudadanos de la UE] pueden tener una certeza absoluta de su derecho a vivir y permanecer aquí [...]. Repito inequívocamente nuestra garantía a los 3,2 millones de ciudadanos de la UE que ahora viven y trabajan entre nosotros". Sin embargo, casi la mitad de los extranjeros residentes en el Reino Unido podrían perder su derecho de residencia, de acuerdo al citado 'status scheme'.

El problema es que, sin estar sujeto a las normas de la UE, el Reino Unido podría revertir unilateralmente en cualquier momento la situación legal de los trabajadores extranjeros e, incluso, denegar visas futuras. Lo que hará el Gobierno de Boris Johnson sigue siendo una incógnita, pero desde la oposición se teme que opte por una medida que deje fuera a todos o, al menos, a gran parte de los trabajadores extranjeros. Y se trata de sospechas fundadas, a tenor de las filtraciones del pasado agosto, en las que se aseguraba que uno de los objetivos del Gobierno es implementar un sistema de puntos de ciudadanía similar al empleado por Australia para controlar la inmigración y que, entre otras cosas, discrimina por edad (los mayores de 45 años tienen 0 puntos) o por nivel de estudios.

¿Qué ocurrirá con las empresas españolas?

En el caso de las empresas españolas, sucede algo similar: el estado de incertidumbre se prolongará hasta que no se firme un tratado comercial bilateral con el Reino Unido, para lo cual hay de margen hasta el próximo 31 de diciembre de 2020. Hasta entonces, las empresas españolas actuarán como pertenecientes a un tercer país respecto al país británico, ha tenor de la reciente advertencia del ministro británico de Economía, Sajid Javid, que afirmaba hace un par de semanas que no habrá una armonización normativa con la Unión Europea tras la salida de Reino Unido y ha confirmado la intención de desligarse del bloque.

En una entrevista con el diario 'Financial Times' advertía que el tejido empresarial deberá prepararse ante este hecho. Pese a las presiones del sector manufacturero para mantener un comercio fluido y sin aranceles, el ministro confirmaba lo que Boris Johnson ya había adelantado, es decir, que el Reino Unido quiere desligarse de la UE. "No habrá armonización, no acataremos órdenes, no estaremos en el mercado único y no estaremos en la unión aduanera, y lo haremos para final de año (al fin del periodo de transición)".

En este sentido, cabe esperar las empresas españolas y británicas puedan seguir comerciando entre ambos países de la misma manera que hasta ahora, es decir, sin ningún tipo de barreras durante todo este 2020. Y, una vez más, el tipo de relación comercial futura dependerá del acuerdo al que lleguen el Reino Unido y la Unión Europea de aquí al próximo 31 de diciembre. En ese momento, si no se establecen acuerdos aduaneros, la primera medida sería la imposición de aranceles de acuerdo a la normativa internacional fijada por la Organización Mundial de Comercio.