Cobro al PAC por estafa al Estado podría aumentar en ¢163 millones

Juzgado de apelación declaró con lugar reclamo de la Procuraduría sobre la sentencia por estafa al Estado, por los contratos falsos de servicios especiales de la campaña 2010

La condena civil al Partido Acción Ciudadana (PAC) por estafar al Estado podría aumentar en ¢163 millones, luego de que el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José aceptó parte de la apelación presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra la sentencia inicial.

Así lo informó este viernes la oficina de prensa de la PGR.

La entidad apeló la sentencia que, en diciembre del 2016, estableció que autoridades de la agrupación política oficialista eran responsables de haber estafado al Estado por ¢353 millones, al haber cobrado 179 contratos falsos de servicios especiales, luego de las elecciones del 2010.

El reclamo de la PGR busca que se declare con lugar la demanda civil por otros 81 contratos de servicios especiales.

Por ello, el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal ordenó un reenvío de la resolución al Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, para una sustanciación.

Eso implica que se tenga que conocer nuevamente ese parte de la demanda civil y eso podría implicar que la condena contra el PAC se aumente en ¢163 millones. Al monto total se le tendrían que sumar los intereses y las costas personales.

El Tribunal Penal había condenado al PAC y a dos de sus personeros por aproximadamente ¢353 millones por 179 contratos de servicios especiales. A ese monto hay que sumar los intereses y costas personales y personales, que en la primera instancia ascendían a unos ¢250 millones.

Esta sentencia fue impugnada por la PGR ante el Tribunal de Apelación, donde se reclamó que el juzgado penal se había equivocado, al excluir 81 contratos del monto de la condena. En diciembre del 2017, se resolvió elevar la condena a ¢516 millones.

No obstante, el partido apeló esa resolución ante la Sala III y allí se ordenó al Tribunal de Apelación, en setiembre del 2016, revisar su última resolución, la cual había aumentado la condena civil.

Ahora, el Tribunal de Apelación resolvió que el recurso que había presentado la PGR llevaba razón en cuanto al reclamo del aumento de la condena y ordenó un juicio de reenvío, para que nuevamente un tribunal penal revise el aumento solicitado por la PGR y se evalúe la firmeza del cobro por ¢516 millones.

Junto a los intereses y las costos, la condena final podría rondar los ¢800 millones.

Randall Aguirre, procurador penal a cargo del caso, explicó que el proceso no es complicado y no requiere de nuevo la presentación de prueba documental ni testimonial.

Es más, se podría resolver en una misma audiencia. Aguirre prevé que el caso quede resuelto en aproximadamente un año más, porque sobre esa condena también podrían recaer recursos de apelación y de casación.