Trabaja en vano la Auditoría Superior, Congreso perdona malas prácticas administrativas
by StaffChihuahua.- De las últimas 30 cuentas que aprobaría este jueves el Pleno del Congreso del Estado, se bajaron del orden del día 14, y de las 16 que se aprobaron, 13 fueron presentadas sin observaciones, pese a que la Auditoría Superior del Estado, ASE, sí señaló varias deficiencias en el uso de los recursos públicos, como en el caso del Instituto Chihuahuense de Salud, al que los diputados perdonaron sus malas prácticas, a través del dictamen que si bien no se presentó, sí aparece en la página oficial como “sin observaciones” por parte de la Comisión de Fiscalización.
De acuerdo con el informe técnico de resultados enviado por la ASE, el Instituto Chihuahuense de Salud incumplió con al menos tres rubros: que no se garantizó el cumplimiento de los contratos entregados ni se supervisó si se prestó el servicio y tampoco hubo garantía de vicios ocultos.
Pese a ello, en el dictamen los diputados dijeron que si bien fueron conscientes de que el informe “contiene una serie de resultados que a juicio de la ASE se consideran como observaciones en la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos”, creen que en ello “no se aprecia una conducta por acción u omisión realizada de manera dolosa para beneficiar a los funcionarios públicos o terceras personas”.
Reconocen que, entre muchas otras, estas mismas observaciones se hallan presentes en diversos entes fiscalizables, pero argumentan que “esto sin que por sí mismas se traduzcan en desvíos de recursos públicos en perjuicio del ente fiscalizable”, aunque dicen que “deberán corregirse con el propósito de mejorar la administración pública y con ello eficientizar los servicios que debe prestar a la ciudadana”.
Así, tras el análisis realizado por parte de la Comisión de Fiscalización, que preside el diputado de Morena Miguel Ángel Colunga, el Pleno aprobaría un dictamen que concluye que “no se determinaron observaciones en la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos que puedan generar responsabilidad derivada de un daño patrimonial”.