Condenado por sedición
La Fiscalía se opone a un nuevo permiso de Cuixart porque 'lo volvería a hacer'
by Carlota Guindal- Considera que el presidente de Òmnium Cultural mantiene “distorsiones cognitivas resistentes al cambio”
- La entidad denuncia una vulneración de derechos fundamentales y defiende que su presidente no se tiene que arrepentir de nada
La Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a una nueva petición de libertad por parte del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, encarcelado por una condena de nueve años de prisión por un delito de sedición por los hechos ocurridos en Catalunya en otoño de 2017.. Entiende que las manifestaciones del dirigente independentista y desde la cárcel diciendo que “lo volveré a hacer”, “pone en evidencia, sin perjuicio de su libertad de expresión, su posicionamiento en relación al delito por el que ha sido condenado”. Con esta postura de Cuixart, el fiscal considera que está “muy difícil” su reinserción.
En un escrito remitido al Juzgado, se opone a la autorización de un permiso propuesto por la Junta de Tratamiento y advierte que según la doctrina del Tribunal Constitucional que el interno haya cumplido una cuarta parte de la condena, observe buena conducta o no la tenga mala, “no por esto ha de corresponderle en todo caso la concesión de permisos, pues se estaría obviando que los mismos están encaminados como instrumentos para la preparación para la vida en libertad y no constituyen un fin en sí mismos”.
Recuerda que en el caso de Cuixart, fue condenado por una conducta desarrollada de manera prolongada y progresiva en el tiempo y que cometió aprovechando su condición de presidente de la entidad Òmnium Cultural. Por tanto, “no cabe desconocer la gravedad del delito cometido y el bien jurídico atacado, no resultando procedente la concesión del permiso con base al cumplimiento objetivo del mínimo de una cuarta parte del total de la pena impuesta, teniéndose que valorar el delito en concreto y su forma de comisión, puesto que no todos los delitos son iguales, ni tienen el mismo reproche social”.
Intimidación a la sociedad
El fiscal indica que Cuixart todavía está lejos de cumplir las tres cuartas partes de la condena, que fija el 14 de julio de 2024, momento en el que podría obtener la libertad condicional. Además, aclara que una condena además de tener una finalidad “resocializadora”, también tiene fines de “prevención general y especial, esto es, de intimidación al conjunto de la sociedad y al propio delincuente para disuadir mediante ella de la comisión de nuevos delitos”.
Por otro lado, al fiscal le parece clave que Cuixart no reconoce haber cometido ningún delito e insiste en decir que lo volvería a hacer. De hecho, el informe psicológico aportado por la Junta de Tratamiento indica que se trata de una persona con valores de civismo, pacifismo y no violencia desde la juventud, estando muy ligado a la doctrina de la no violencia, tratándose de un sujeto con un sistema de creencias y valores basado entre otras cosas en el pacifismo y en la creencia mantenida en el tiempo de que la violencia no genera respuestas, “pero en ningún caso del informe del psicólogo se desprende que manifieste voluntad de cambio ni de arrepentimiento de los hechos cometidos”.
Percepción contraria a la realidad
“La percepción del interno de que los hechos no fueron violentos es contraria a los hechos declarados probados en la sentencia condenatoria y especialmente con los actos protagonizados por el mismo aprovechando su indiscutida capacidad de liderazgo y su condición de presidente de la entidad OC el día 20 de septiembre de 2017 ante la sede de la Conselleria de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya”.
Además, el informe psicológico con relación a los hechos recogidos en sentencia indica que el interno manifiesta que hizo una llamada a la movilización pacífica, en un acto de “desobediencia civil masiva” como fue el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, entendiendo que las fórmulas de resistencia no violenta forman parte del derecho de reunión y de protesta. Desde esta perspectiva refiere haber hecho llamadas a la resistencia pacífica y que como presidente de Òmnium Cultural era lo que le correspondía hacer, que como consecuencia de ello se ocasionaron algunas conductas inadecuadas pero del todo imprevistas.
“Ley superior”
Continua diciendo el informe que se observa un “sujeto disciplinado” con las normas y creencias que están contempladas en lo que él denomina “ley superior”, el derecho moral a obedecer, estando fundamentadas estas creencias, según manifiesta, en la declaración universal de derechos humanos fundamentales.
“De lo anterior se deriva que el interno puede que reconozca los hechos recogidos en sentencia y asuma las consecuencias de ellos, pero hace su propia interpretación de los mismos, no considerando que estos sean un delito, puesto que la existencia de esa llamada ‘ley superior’ justifica su actuación, lo cual supone negar el estado de derecho”.
El fiscal analiza también el contenido de su libro titulado “Ho tornarem a fer”, libro que ha escrito desde su estancia en prisión, “lo que pone en evidencia, sin perjuicio de su libertad de expresión, su posicionamiento en relación al delito por el que ha sido condenado”.
No hay arrepentimiento
“De todo lo anterior se deriva que en relación con el delito no hay una verdadera asunción delictiva, siendo tal aspecto de imprescindible cumplimiento para poder disfrutar de cualquier tipo de permiso, persistiendo distorsiones cognitivas resistentes al cambio. Así el interno no mantiene una adecuada percepción de la gravedad de los hechos cometidos, no habiéndose producido ningún cambio que evidencie que está arrepentido de lo ocurrido, no pudiéndose constatar por ello una adecuada evolución y estabilidad tratamental”, concluye el fiscal.
A su juicio, es “muy difícil” detectar una posibilidad de reeducación y reinserción en quien, como aquí sucede, “en realidad no ha asumido la comisión de los hechos por los que cumple condena, existiendo el riesgo de que el permiso se use para la comisión de nuevos delitos o para la realización de conductas contraproducentes para los fines de tratamiento penitenciario (el delito de sedición no se comente en un momento pasional y puntual sino que necesita cautela y tiempo, la sentencia de condena describe cómo la preparación del delito se prolongó durante años) , y difícilmente se puede tener confianza de buen uso del permiso cuando el interno no asume el delito, persistiendo por tanto los factores que influyeron en la comisión del mismo”.
Òmnium acusa al Estado de utilizar la justicia para aplicar venganza
La decisión ha molestado, y mucho, a Òmnium Cultural, que defiende que Cuixart no se tiene que arrepentir de nada dado que, a su juicio, no ha cometido ningún delito. “Constatamos la vía represiva de los poderes del Estado que utilizan la justicia para aplicar venganza”, ha reprochado el vicepresidente primero de la entidad, Marcel Mauri.
El número dos de Òmnium denuncia así la utilización “de todos los mecanismos, incluso los antidemocráticos, para seguir vulnerando derechos fundamentales” y, ante ello, asegura que Cuixart no tiene ninguna intención de renunciar a derechos como los permisos penitenciarios.
Además, la entidad soberanista recuerda que su presidente tiene previsto recurrir la sentencia del Tribunal Supremo al Constitucional como paso previo a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos “para demostrar la injusticia y la inexistencia de delito alguno, como la ONU y otros tribunales ya han acreditado”.