Barones del PSOE se suman al PP para exigir 2.500 millones a Hacienda por el IVA
Castilla-La Mancha emprenderá acciones judiciales y Aragón y Asturias se plantean seguir ese camino
by Marcos LemaLa asfixia financiera que denuncian las autonomías reaviva el frente judicial contra el Gobierno. Mientras el sistema de financiación autonómica lleva seis años caducado, se recrudece el enfado de las regiones por los 2.500 millones que les debe el Estado por la liquidación del IVA de 2017. Tras la batalla de las entregas a cuenta de la financiación, en este nuevo frente varios barones socialistas amenazan con unirse a Cataluña y las comunidades del PP. Castilla-La Mancha anuncia que acudirá a los tribunales, y Asturias y Aragón se plantean seguir ese camino.
El malestar de las comunidades autónomas va ya más allá de la gesticulación que se les presupone a los territorios populares para apoyar la labor de oposición de Pablo Casado. La preocupación afecta a todas las regiones —a excepción de Navarra y el País Vasco, que recaudan sus propios impuestos, y Canarias, que no tiene IVA—, aunque de momento solo Cataluña y Madrid han llevado al Gobierno a los tribunales por la liquidación de ese impuesto; Andalucía y Galicia han anunciado esta semana que también optarán por judicializar su caso.
Deuda del Estado por IVA
Millones de euros
0
Andalucía
537
Cataluña
443
Madrid
377
C. Valenciana
283
Galicia
200
Castilla y León
142
C.-La Mancha
130
Extremadura
86
Murcia
85
Aragón
80
Baleares
78
Asturias
75
Cantabria
42
Total
2.578
20
La Rioja
Impuesto concertado
País Vasco
y Navarra
Sin IVA
Canarias, Ceuta
y Melilla
Fuente: Las propias comunidades.
EL PAÍS
Deuda del Estado por IVA
Millones de euros
0
Andalucía
537
Cataluña
443
Madrid
377
C. Valenciana
283
Galicia
200
Castilla y León
142
C.-La Mancha
130
Extremadura
86
Murcia
85
Aragón
80
Baleares
78
Asturias
75
Cantabria
42
Total
2.578
20
La Rioja
Impuesto concertado
País Vasco
y Navarra
Sin IVA
Canarias, Ceuta
y Melilla
Fuente: Las propias comunidades.
EL PAÍS
Deuda del Estado por IVA
Millones de euros
0
Andalucía
537
Cataluña
443
Madrid
377
C. Valenciana
283
Galicia
200
Castilla y León
142
C.-La Mancha
130
Extremadura
86
Murcia
85
Aragón
80
Baleares
78
Asturias
75
Cantabria
42
Total
2.578
20
La Rioja
Impuesto concertado
País Vasco
y Navarra
Sin IVA
Canarias, Ceuta
y Melilla
Fuente: Las propias comunidades.
EL PAÍS
Esa deuda se generó en diciembre de 2017 por una modificación de la liquidación del impuesto impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy —una fórmula que permitió maquillar el déficit de aquel año—, y no pudo ser resuelta porque no salieron adelante los Presupuestos de 2019. La ministra María Jesús Montero anunció hace unos días que no los reintegrará con el argumento de que la ley solo facilita pagar en los dos ejercicios siguientes.
El conflicto con el IVA se suma a una larga lista de agravios, al menos a juzgar por la irritación de los Gobiernos autónomos, incluidos los del PSOE. Comunidades y ayuntamientos concentraron la parte del león de los recortes en lo más duro de la crisis. Cuando llegó la recuperación tardaron más en poder gastar. El lío de las entregas a cuenta de la financiación autonómica congeló en las arcas de Hacienda 4.500 millones que correspondían a las autonomías —con un sospechoso cambio de criterio de la Abogacía del Estado—, y obligó a varias comunidades a anunciar recortes.
Los incumplimientos fiscales en Andalucía llevaron a Hacienda a exigir ajustes al Gobierno andaluz: Montero impidió incluso salir a los mercados a emitir deuda al Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs). En Murcia —también con PP y Cs en el Ejecutivo— ha ocurrido algo parecido: el Gobierno murciano disparó la morosidad y Hacienda ha aplicado la ley de estabilidad para retener financiación y pagar así a los proveedores, algo que ya sucedió con Aragón y Extremadura hace unos años.
Las últimas medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez —subida de sueldo a los funcionarios y del salario mínimo— han agudizado aún más las apreturas fiscales de los Ejecutivos autónomos, que aun así han podido elevar su gasto público a niveles precrisis.
Page, el más crítico
El IVA se suma a todos esos frentes en un contexto de descontento autonómico con el ministerio, que lleva meses sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Como sucede con la cuestión catalana, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es el barón socialista más crítico con la decisión gubernamental de no abonar la deuda del IVA. Si Madrid no cambia de opinión, el Ejecutivo castellanomanchego iniciará el próximo martes 4 de febrero los trámites para reclamar ante los tribunales los 130 millones que le debe el Estado.
Entre las filas socialistas, Asturias y Aragón confirman que ambos Ejecutivos barajan también acudir a los tribunales, pero evitan estipular un plazo y prefieren priorizar los canales políticos. Al otro lado, la Comunidad Valenciana, La Rioja y Extremadura aún no se plantean la vía judicial, aunque seguirán reclamando un dinero que, consideran, les corresponde. Cantabria, donde el PSOE ostenta la Consejería de Hacienda en un Gobierno de coalición presidido por el regionalista Miguel Ángel Revilla, propone devolver la deuda a través de los Presupuestos del Estado para 2020.
En las regiones del PP hay muchas menos dudas. Andalucía y Galicia han anunciado que llevarán al Gobierno a los tribunales, pero el frente judicial y político contra el Ejecutivo está liderado por Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene un pleito en la Audiencia Nacional para reclamar los 377 millones por el IVA, y volverá previsiblemente a los tribunales para exigir otros 54 millones que cree que le corresponden de las entregas a cuenta. Murcia también estudia las herramientas jurídicas disponibles para reclamar la deuda del IVA, mientras que el PP presentará una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León para que el Gobierno central abone “de forma inmediata y sin excusas” el dinero.
En Cataluña, pese al esfuerzo del PSOE y Unidas Podemos por desjudicializar su relación con la Generalitat, el Ejecutivo de Quim Torra mantiene un pleito para reclamar 443 millones provenientes del IVA.
Preocupación en el sur por el salario mínimo
La subida del salario mínimo acordada la semana pasada ha provocado una fuerte contestación del sector agroganadero extremeño, que la Junta socialista trata de afrontar con algunos gestos para matizar la posición del Gobierno. El presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, se reunirá en las próximas semanas con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de haber calificado de “anómalo” el aumento del paro en Extremadura durante el último trimestre de 2019. Fuentes de la Consejería de Hacienda defienden “revaluar” las consecuencias que puede tener la subida del salario mínimo en cada territorio. Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, comparte esa preocupación.