Sindicato del Banco Nacional expulsa a exdirectivos que denunciaron anomalías

Les achacaron actuar en perjuicio de la imagen de la organización sindical y de su secretario general

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Sede del Banco Nacional en San José centro. Foto: Rafael Pacheco

El Sindicato de Empleados del Banco Nacional (Sebana) expulsó a los cinco exdirectivos que denunciaron presuntas anomalías dentro de esta organización con 2.650 afiliados.

La decisión fue acordada, con 27 votos a favor y cinco en contra, en una asamblea general extraordinaria celebrada el 18 de enero.

En un audio de ese evento, del cual La Nación tiene copia, a los expulsados se les achacó actuar “en perjuicio de la imagen del Sebana y del secretario general, Hárold Reyes Flores”.

Los exdirectivos habían denunciado supuestos cobros irregulares de viáticos, maltratos al personal, favoritismos, manipulación incorrecta de las actas de la organización y hasta ofrecimientos indebidos.

Los exsecretarios de Asuntos Legales y Finanzas, por ejemplo, elaboraron un informe que determinó que, entre abril del 2017 y agosto del 2018, el secretario general, Hárold Reyes, cobró viáticos improcedentes por ¢4,5 millones.

El Sebana sacó de sus filas a María Elena Rodríguez, exsecretaria general adjunta; Dulce María Arias, exsecretaria de Relaciones Públicas; José Howard, exsecretario de Finanzas; Mauricio Meza, exsecretario de Asuntos Legales; y Óscar Mauricio Chinchilla, exsecretario de Conflictos.

Ellos renunciaron a sus cargos en la cúpula, pero no al Sebana, tras denunciar las presuntas irregularidades.

La asamblea general también destituyó a Grace Carballo Romero, exsecretaria de Educación de la Junta Directiva, quien, a diferencia de los demás, no había renunciado y se mantenía activa dentro de esa cúpula.

La expulsión fue confirmada a La Nación por las seis personas.

En la asamblea del 18 de enero, los asistentes conocieron los resultados de una investigación hecha por una comisión especial conformada para indagar a los seis exdirectivos.

La indagación aconsejó separarlos del cargo, recomendación que fue acogida por 27 de los asambleístas.

La asamblea tomó la decisión con poco más de 30 personas porque el estatuto permite al sindicato sesionar con solo los presentes si después de dos convocatorias no se reúne el cuórum necesario: mitad más uno de los afiliados.

Este medio solicitó copia del informe de la investigación al secretario general de la entidad, Hárold Reyes. Este le envió un correo a la presidenta de la comisión especial, Mónica González, para pedirle el documento, así como la autorización para darle declaraciones a La Nación.

Sin embargo, el informe no fue enviado y tampoco ha sido posible conversar telefónicamente con el líder sindical, aunque se le pidieron declaraciones en reiteradas ocasiones.

En una carta enviada por correo electrónico, González dijo que pediría permiso al resto de miembros de la comisión investigadora para suministrar el informe a La Nación.

Además, le reiteró a Reyes que quedaba en sus manos la decisión de dar declaraciones a este medio.

“Tenemos la total confianza en usted y su equilibrio para que pueda discernir qué información y de qué manera se le suministrará a dicho periódico, teniendo claro que nuestra organización es privada y no pública y, en ese sentido, lo que se les facilite deberá ser interpretado por ellos como un acto de buena fe de parte de Sebana”, reza la carta enviada por González a Reyes.

‘No nos han notificado’

Las personas destituidas afirman que no han sido notificadas sobre la expulsión.

“Ni a mí ni a ninguno de mis compañeros nos ha llegado alguna carta ni ningún documento, o algo que diga que la asamblea general tomó la decisión de expulsarnos. Dentro de los estatutos del sindicato está la posibilidad de que la asamblea tome una decisión así. Claro, tiene que haber un debido proceso; no como lo que se orquestó”, aseguró Óscar Mauricio Chinchilla, exsecretario de Conflictos.

Por su parte, Dulce María Arias aseguró que están expulsados "de nombre”, porque todavía no les han confirmado nada.

“Sí, dicen que yo fui expulsada, pero he solicitado que me manden el informe que presentó la comisión investigadora. Se lo he pedido a miembros de la comisión individualmente, a la Junta Directiva del sindicato y a la comisión investigadora, y no me lo han hecho llegar”, comentó la exsecretaria de Relaciones Públicas del Sebana.

Lo mismo respondió Grace Carballo. Asegura que ya no se encuentra en la lista de contactos de correo electrónico de la Junta Directiva del Sebana.

“No pude asistir a la asamblea, pero me dijeron otros afiliados que se votó mi destitución de la Junta Directiva. Esto no se me ha notificado, pero sí pude ver que no formo parte ya de la cuenta de correo de la Junta Directiva de Sebana. Pedí el informe y el acta, pero no me han respondido a pesar de que Hárold Reyes leyó ya mi correo de solicitud, pues me llegó una confirmación de lectura”, aseveró Carballo.

Denuncias y renuncia masiva

En su carta de renuncia, Dulce María Arias deploró que una parte de la directiva, dentro de la cual incluyó al secretario general, “se sirve del sindicato para sus propios intereses”.

Por su parte, María Elena Rodríguez, exsecretaria general adjunta, manifestó: “Es como una dictadura y creen que son dueños de una pulpería. Manejan los fondos y la organización como quieren. Y es que el dinero que pone cualquier trabajador (a una organización sindical) es sagrado”.

Con base en denuncias, Rodríguez, Arias, Howard, Meza y Chinchilla dejaron sus puestos en la Junta Directiva.

Lo hicieron en forma masiva, en un lapso de 11 días, entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019.

La única que no había dimitido a su puesto era Grace Carballo. Sin embargo, con la expulsión del sindicato, automáticamente, quedó fuera de la Junta Directiva de esta organización.