Política

Aragón exige más autogobierno y un acuerdo bilateral con el Estado que le acerque al Cupo vasco

Lambán refuerza su discurso autonomista ante Sánchez mientras critica las concesiones al independentismo

Aragón quiere negociar de tú a tú con el Estado las inversiones del Gobierno central en la región y un acuerdo de financiación específico, a medio camino entre el Cupo vasco o el Convenio navarro y el sistema de financiación del resto de autonomías. En definitiva, que Aragón cuente con un acuerdo económico diferenciado del resto de comunidades, que le otorgue más recursos de los que hasta ahora le llegan del Estado y le aproxime, en la práctica, a los regímenes especiales vasco y navarro. Además, también reclama al Estado que le transfiera más competencias, para reforzar el autogobierno de Aragón.

Este paquete de exigencias las ha lanzado abiertamente el Gobierno aragonés por boca de su presidente, el socialista Javier Lambán, que gobierna en coalición con Podemos, los nacionalistas de izquierdas de la Chunta y los liberal-regionalistas del PAR. La reclamación no es nueva, pero sí lo es el contexto político en el que se plantea, con el Ejecutivo de Sánchez entregado a la negociación bilateral con los independentistas catalanes, y condicionado por las órbitas nacionalistas del País Vasco y Navarra, abertzales de Bildu incluidos.

A diferencia del caso catalán, la negociación que exige Lambán está amparada en el Estatuto de Autonomía de Aragón y, por tanto, reconocida como derecho en una ley orgánica del Estado. Aunque esa aspiración aragonesa a la bilateralidad ya asomó en su ordenamiento jurídico en los años 90, cuando se consolidó realmente fue con la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón que entró en vigor en 2007.

Ese Estatuto, elaborado por unanimidad en las Cortes de Aragón, fue aprobado en el Congreso con el voto coincidente del PP y del PSOE. Pero la bilateralidad que se reflejó en el Estatuto no se ha visto cumplida en la realidad.

El artículo 108 del Estatuto aragonés reconoce el derecho de esta autonomía a disfrutar de un «acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado», que «podrá ser revisado periódicamente de forma conjunta, deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y que atenderá singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial».

Derechos en punto muerto

Doce años después de que entrara en vigor el reformado Estatuto de Autonomía de Aragón, esta región sigue sin disfrutar de un acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado -en Navarra se llama Convenio y Concierto en el País Vasco, del que se deriva el famoso Cupo-. Aragón tampoco pacta de forma efectiva e individualizada las inversiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado. Y las comisiones bilaterales de negociación Aragón-Estado, que se han reunido esporádicamente a lo largo de los años, no han arrojado avances significativos.

Lambán considera que ha llegado el momento de cambiar esa situación y de que Aragón sea considerado un sujeto diferenciado en el concierto autonómico, a la par que critica abiertamente las concesiones al independentismo.

Rajoy amagó con negociar

La última vez que se abrió la puerta a un convenio bilateral de financiación entre el Estado y Aragón fue en junio de 2017, con Rajoy en La Moncloa. La entonces vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría viajó a Zaragoza a celebrar una comisión bilateral Aragón-Estado, en cuyo orden del día aceptó incluir ese pretendido acuerdo bilateral de financiación.

El Gobierno aragonés agradeció la disposición mostrada por Sáez de Santamaría y creyó que era el primer paso para alcanzar un acuerdo de financiación bilateral con el Estado. Sin embargo, no se dieron más pasos en esa dirección, Rajoy fue desalojado por la moción de censura del PSOE un año después y, desde entonces, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido enterrada esa aspiración aragonesa.

Lambán exige un «trato justo» con el Estado

«Aragón no generará tensiones territoriales ni echará un pulso al Estado, pero ejercerá la firmeza en la defensa del interés de los aragonesas y en la exigencia del trato justo que merece», dijo Lambán esta semana en las Cortes de Aragón. Y afirmó que ya está trabajando con el Gobierno central para convocar las comisiones bilaterales Aragón-Estado para ampliar las competencias de esta Comunidad autónoma con nuevas transferencias, para firmar el pretendido acuerdo bilateral económico-financiero, reclamar la «deuda histórica» que el Ejecutivo central acumula con esta región y pactar las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado.

Desde el Gobierno aragonés se subraya que estas exigencias en nada se asemejan a las pretensiones que durante décadas han desplegado los nacionalistas catalanes y vascos. Sostiene que son derechos reconocidos en el Estatuto de Autonomía y, por tanto, insertados en el ordenamiento constitucional. Y Lambán también dijo con vehemencia esta semana que va a reclamar al Gobierno central el cumplimiento de la Constitución «con contundencia», a la par que ha lamentado que Sánchez sustentara su investidura en fuerzas independentistas y nacionalismos «irredentos».