El PSOE de A Coruña y Lugo alza la voz contra el Gobierno por la deuda del IVA

El pleno de la Diputación coruñesa aprobó una iniciativa socialista, que también prosperó en varios concellos de la provincia. Caballero niega que existan disensiones

Algo se mueve en el PSOE gallego que está haciendo mudar la posición de apoyo cerrado al Gobierno de Pedro Sánchez de la que hace gala la dirección de Gonzalo Caballero sobre los impagos del IVA. Los socialistas de la provincia de A Coruña acaban de desmarcarse este viernes de la línea oficial al impulsar una moción para reclamar el pago del IVA que el Estado adeuda a Galicia, unos 200 millones de euros, iniciativa aprobada por unanimidad en el pleno de la Diputación. En Lugo, el PSOE también se desmarcó de Ferraz y se sumó a toda la corporación para reclamar el dinero. 

Los socialistas coruñeses, con sus secretario provincial al frente, Valentín González Formoso, marcan así distancias con la dirección del PSdeG para evitar que el PP y el Gobierno de Núñez Feijoo asuman en solitario la lucha por los fondos que se le adeudan a Galicia, que la Xunta cifra en 370 millones de euros, 200 millones de IVA y otros 170 millones de incentivos asociados al cumplimiento de los objetivos de la regla de gasto. 

La moción que el viernes articuló el viraje socialista consta de cuatro puntos, a través de los cuáles se insta al Gobierno del Estado «a facer efectivo o ingreso das contías» del IVA del 2017, se pide la convocatoria de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se lanza un llamamiento a realizar una «reforma urxente» del sistema de financiación autonómica, a la vez que se demanda una rápida aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que permita «normalizar» las relaciones financieras del Estado con las comunidades. 

«Non podemos renunciar a un ingreso previsto nos orzamentos e que lle corresponde aos galegos», dijo el viernes el presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, en declaraciones a La Voz, que evitó valorar si la posición pactada en el ente provincial se desvía o no de la defendida por el PSdeG.

En todo caso, la moción impulsada está dirigida al Ejecutivo de central y más concretamente al Ministerio de Hacienda, pilotado por la socialista María Jesús Montero, que considera que ya no es posible afrontar la liquidación del IVA adeudado a las comunidades debido a que el plazo para hacerlo ha prescrito.

Impulsadas por el PP

En las corporaciones municipales de ciudades como Ferrol o Santiago se reprodujo el cambio de posición de los socialistas y también prosperaron por unanimidad iniciativas de este tipo, casi todas ellas con la autoría del PP, que las presentó en serie en todos los concellos. La moción defendida el jueves por los populares en el pleno en Santiago, por ejemplo, incluía varios puntos, y el PSdeG de Sánchez Bugallo facilitó que se aprobaran por unanimidad solo dos de ellos, pues el PP puso dificultades para modificar su texto con algunas enmiendas.

Rianxo, Pontedeume, Oroso o A Laracha son concellos de la provincia coruñesa donde también prosperaron mociones similares por consenso, al igual que ocurrió el viernes en la ciudad de Lugo, donde el grupo socialista que dirige la alcaldesa, Lara Méndez, hizo hincapié durante el debate que al igual que hay que resolver el «agravio» financiero que sufre Galicia y otras comunidades por el impago del IVA, la Xunta debe subsanar el agravio que, según el Gobierno local, está cometiendo con la ciudad amurallada.

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, salió al paso de lo ocurrido negando que existan contradicciones en el discurso de los socialistas. Insistió en que «el problema del IVA lo creó el PP» y dejó claro que en su formación «estamos a favor de buscar mecanismos para darle a Galicia lo que le corresponde» y, a partir de ahí, «cada cual ha ajustado un poco sus posiciones», matizó. Se trata de un «ajuste», eso sí, que también llegó a la propia dirección del PSdeG a raíz de los acuerdos plenarios.

La deuda pagaría el gasto en vacunas durante 12 años

Los 200 millones de euros de recaudación del IVA que la Administración del Estado adeuda a Galicia fueron incluidos en los presupuestos de la Xunta del año pasado para dejar constancia de la convicción que tenía el Gobierno gallego de recibir una transferencia que le permitiría financiar el gasto en vacunas durante 12 años o los fastos de dos Xacobeos.

Aunque en términos cuantitativos el impago del IVA solo equivale al 2 % del presupuesto anual que maneja la Xunta, tiene mucha más importancia desde el punto de vista cualitativo, especialmente si se trata de un ingreso previsto que después no se materializa, porque acabará generando un descubierto y tensiones de tesorería, provocando que haya que dejar de lado algunos compromisos de gasto, salvo que se aumente el nivel de endeudamiento público.

Si Galicia lograra recuperar los 200 millones de la recaudación del IVA tendría margen para financiar durante 12 años el gasto en las campañas de vacunación, a las que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) destina 16 millones al año.

Tendría capacidad para resolver el déficit de plazas asistenciales, pues no solo podría construir siete nuevas residencias de mayores en las ciudades gallegas, que financiará la Fundación Amancio Ortega con una donación de 90 millones de euros, sino que podría crear hasta 15, toda vez que cada uno de estos centros están valorado en un promedio de 12,8 millones.

Infraestructuras

En el ámbito de las infraestructuras, el dinero adeudado alcanzaría para desdoblar el corredor de O Morrazo (53 millones), convertir en autovía también el corredor de Santiago a Noia (50 millones más) y solo se gastaría la mitad de esos recursos.

La deuda del IVA solo es el 2 % del presupuesto total de la Xunta para el 2020, pero supera con creces los 157 millones de euros de gasto que tiene asignados Román Rodríguez para capitanear la Consellería de Cultura e Turismo en vísperas del Xacobeo 2021, un evento cuya organización absorberá 82 millones de euros.

Los 200 millones del IVA cubrirían todo el gasto de la Xunta en políticas de I+D+i (198 millones), permitirían crear 16 nuevos centros de salud, de 12 millones cada uno, o 36 institutos de educación secundaria. Es, sin duda, una cifra que está a altura del pulso político que libran las comunidades con el Gobierno central.