La Fiscalía archiva la causa contra Infancia Libre

La Policía Nacional había denunciado que la entidad funcionaba como una organización ilícita que impulsaba las denuncias falsas para perjudicar a los padres

La Fiscalía de Provincial de Madrid ha archivado la causa contra la asociación Infancia Libre -una entidad sin ánimo de lucro que lucha a favor de la protección integral de los derechos del menor- al no apreciar datos objetivos que aseguren que funcionaba como una organización ilícita, como había denunciado la Policía Nacional. Según la Fiscalía Provincial, no se ha podido establecer una conexión directa entre la entidad y las mujeres que supuestamente interpusieron denuncias falsas contra los padres de sus hijos, y además la mayoría de los supuestos se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre o cuando esta ya había dejado de tener actividad. "En todos los casos referenciados no consta dato alguno de que se haya incoado procedimiento judicial, de oficio o por denuncia de particular, por un posible delito de denuncia falsa", dice la Fiscalía.

La investigación se puso en marcha el pasado mes de julio a raíz de un informe de la unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de la plaza de Castilla de Madrid en el que se apuntaba que la asociación operaba como una "organización criminal" y se les acusaba de apoyarse presuntamente en profesionales de la medicina y la abogacía para tramitar denuncias que seguían el mismo patrón, con el fin de perjudicar a los padres para que les fuera retirada la custodia. La policía emitió dicho informe tras haber detenido por sustracción de menores en los meses anteriores a tres mujeres miembros de Infancia Libre, entre ellas su presidenta, María Sevilla. Su vicepresidenta, Rocío de la Osa, fue llamada a declarar por un caso similar.

Del supuesto entramado denunciado por la policía formarían parte las madres denunciantes, tres profesionales médicos, todos ellos ejerciendo sus funciones dentro del Servicio Público de Salud, dos en Granada y otro en Madrid, y dos abogados que habrían dado cobertura legal a estas actuaciones. La Fiscalía subraya en su escrito que dicho entramado "no queda acreditado": a lo largo de la investigación "únicamente ha quedado acreditada la comisión de un delito de sustracción de menores, en base a la acusación formulada por la Fiscalía, contra María Sevilla, y un delito de desobediencia por la acusación formulada contra Ana María Bayo", en ambos casos "por hechos cometidos cuando la asociación ya había dejado de tener actividad".

Por tanto, el hecho de que un miembro de una asociación cometa un delito "no conduce necesariamente a considerar que ese fin concreto era el exclusivamente buscado por la asociación a la que pertenecía", ya que la jurisprudencia exige que la finalidad delictiva "ha de ser querida y pretendida por la propia asociación, no por el propósito individual de alguno de sus miembros".

Vicente Tovar, abogado tanto de María Sevilla (presidenta de Infancia Libre) como de Rocío de la Osa (vicepresidenta de la entidad), muestra su satisfacción por la decisión. "El informe policial se puede calificar de malintencionado. Alguien tiene un especial interés contra esas madres y ha montado una película sin sustento. Pero ese informe ha servido para quitar a Rocío de la Osa la custodia de su hija durante varios meses, que por suerte ya ha recuperado. Ha servido también para que Infancia Libre haya aparecido en los medios como una organización criminal", señala Tovar. En su opinión, "aquí ha habido una coincidencia de varias madres que tienen una situación similar, pero que no se han confabulado para cometer delitos". Por ello, señala que sus representadas se plantean exigir una responsabilidad patrimonial al Estado porque "alguien ha hecho mal su trabajo".

Una veintena de padres se consideran afectados por Infancia Libre y no se explican el escrito de la Fiscalía. Uno de ellos es Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla. "No entiendo por qué no ven causa de delito. Un grupo de madres apoyadas por médicos de la Seguridad Social y otros profesionales se han inventado casos para apartar a los niños de sus padres. El modus operandi de todas ha sido el mismo", dice Marcos, que tiene la custodia del hijo común. El juicio contra su exmujer por sustracción de menores se celebrará el 6 de mayo, según confirma el abogado de Sevilla. 

"Hay muchas pruebas de que estaban funcionando como una organización. Somos más de 20 padres y nuestros casos tienen muchas coincidencias. A todos nos han puesto varias denuncias que no han llevado a nada", dice otro de los progenitores, que reside en Granada y pide anonimato. "Esto funciona así: te denuncian, archivan una causa, te denuncian por lo mismo en otro juzgado, lo vuelven a archivar... Y aunque no te quitan el régimen de visitas, la madre decide que no vas a ver a tu hijo. Yo llevo cinco años sin ver a mi niña", añade. El caso de este hombre no es ninguno de los cuatro que salió a la luz relacionado con la asociación.

Cuatro madres señaladas

El pasado 1 de abril, María Sevilla fue detenida por haber incumplido una sentencia que daba la custodia de su hijo de 11 años al padre del niño. Se ocultó con el menor, que en el momento del arresto llevaba seis meses sin escolarizar. Un mes después, el 11 de mayo, los agentes detuvieron a una segunda madre, Patricia González, por saltarse reiteradamente el régimen de visitas y por sustracción de menores. En ambos casos los niños quedaron al cuidado de sus padres. Días después, el 21 de mayo, fue arrestada Ana María Bayo, acusada de ocultar a su hija a su expareja durante dos años. En este caso la niña sigue con su madre, ya que el padre fue condenado por un delito de maltrato familiar y le fue impuesta una orden de alejamiento de la menor.

La cuarta mujer involucrada fue llamada a declarar el pasado 18 de junio. Rocío de la Osa, vicepresidenta de la asociación, fue localizada en Granada. La policía la acompañó al juzgado, donde estaba citada por, presuntamente, haber retenido a su hija, incumpliendo resoluciones judiciales. El juez acordó en ese momento como medida cautelar que la guarda y custodia de su hija pasara provisionalmente a una tía paterna con niñas de su edad, primas de la menor. En diciembre, la Audiencia de Granada restituyó la custodia a la madre.