Narco-cárceles

La fuga esta semana del Reclusorio Sur de la Ciudad de México de tres importantes operadores del Cártel de Sinaloa, Luis Meza, Víctor Félix Beltrán y Yael Osuna, quienes tenían pendiente un proceso de extradición a los Estados Unidos, además de recordarnos el culiacanazo del 17 de octubre pasado donde también se operó una fuga masiva del penal de aquella ciudad sinaloense en medio del fallido operativo en contra de Ovidio, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pone de relieve nuevamente lo colapsado que se encuentra el sistema penitenciario en nuestro País, y que es origen y a la vez consecuencia de la profunda crisis de inseguridad y violencia que padecemos desde hace más de una década.

El hecho que la Fiscalía capitalina investigue ya de seis a 10 custodios y autoridades de esa cárcel, deja claro los altos niveles de corrupción que hay en las prisiones mexicanas, sean federales o estatales, que siguen en manos de los autogobiernos delincuenciales.

Es prueba también que más allá del diagnóstico que hizo hace ya casi un año el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la República, Alfonso Durazo, en el sentido de que 50 por ciento del crimen organizado opera desde el interior mismo de las prisiones y que mientras no se recupere su control no se podrá pacificar el país, no ha habido acciones contundentes ni coordinadas entre autoridades federales y estatales para desmantelar las tramas de corrupción entre funcionarios carcelarios y las mafias.

Ante este nuevo episodio de podredumbre penitenciaria, es pertinente preguntarnos nuevamente qué se ha hecho en las cárceles de Jalisco, en especial en las hacinadas cárceles del complejo de Puente Grande, que quedó marcado por las fiestas documentadas que han organizado a su antojo las mafias que dominan las celdas y que las han convertido en una fuente inagotable de dinero que llega a las manos de funcionarios corruptos y grupos delincuenciales que amplían su poder corruptor y de fuego.

Repito dos preguntas que he formulado aquí a las últimas administraciones federales y estatales, incluida la actual que encabezan el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco:

¿Cómo pueden el gobierno federal y los gobiernos locales controlar y someter a los grupos delincuenciales que tienen en la zozobra y el miedo cada vez a un mayor número de mexicanos, si ni siquiera pueden hacerlo en los centros penitenciarios donde los tienen ya detenidos y en teoría bajo su tutela?

¿Tienen las autoridades alguna idea de cuánta violencia que padecemos en las calles del Área Metropolitana de Guadalajara y en muchos municipios de la entidad viene de las que ya podemos llamar narco-cárceles?

Insisto, los gobiernos deben abandonar la negligente idea de que como en los panteones, tampoco en las cárceles hay votantes, y atender con urgencia lo que ahí sucede si es que de verdad quieren hacer algo para atender la principal demanda ciudadana de someter a los grupos delincuenciales. En las prisiones los detenidos tendrán sus derechos electorales suspendidos pero la violencia que desde ahí despliegan puede acabar con las más ambiciosas carreras y pretensiones políticas. Urge saber lo que pasa tras las rejas y lo que sale de ellas.

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