Acusan al Estado de pisar derechos de los migrantes
“Opaca y errática”
CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Organizaciones de derechos humanos acusaron ayer al Estado mexicano de aplicar una política migratoria “opaca, errática y desordenada” que vulnera los derechos de los migrantes, y que se ha hecho presente en días recientes durante la última y fallida caravana de centroamericanos que trataron entrar.
Además, los activistas rechazaron la actuación de la Guardia Nacional en la contención de los migrantes y la reciente obstaculización del trabajo de las ONG y entidades civiles por agentes de seguridad, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Le exigimos al Estado mexicano que clarifique sus políticas migratorias”, expresó en conferencia en esta capital Quetzalcóatl Fontanot, activista y representante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT).
El activista, junto con representantes de 10 organizaciones, exhortó al Estado mexicano “que deje de darle vueltas y permita, lo más pronto posible, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los centros de detención de la frontera sur y norte”.
Aseguró que la CIDH, órgano perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), sólo está esperando la autorización del Estado mexicano para programa esa visita.
La principal demanda de unas 200 organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Red TDT, es la protección de los derechos humanos y la integridad quienes vienen huyendo, migrando y que son solicitantes de protección internacional y tiene el derecho a ello.
Además, el activista dijo que a las organizaciones y activistas les “preocupa que no se respete el derecho a defender derechos humanos de quienes estamos asistiendo a estas personas”.
Las organizaciones señalaron en conjunto que a los migrantes se les ha negado el derecho a recibir asistencia, acompañamiento integral, representación legal a migrantes, hay detención de menores y no se les ofrecen las mínimas condiciones de salud e higiene.
El pasado viernes, frente a las reiteradas dificultades de ingreso a las estaciones migratorias de la frontera sur y de Ciudad de México reportadas por algunas organizaciones, Amnistía Internacional publicó una carta abierta solicitando al INM que garantice el acceso.
Pero, el lunes el INM decidió suspender formalmente el ingreso de todas las organizaciones a los centros de detención migratoria del país.
Horas después de publicada esta información, el INM advirtió que se "reprogramarían" nuevas fechas de ingreso.
“Tenemos dudas del porqué no se deja entrar a organizaciones de la sociedad civil. Es para que no constatemos el desorden que ocurre en las estaciones migratorias que en México llamamos eufemísticamente albergues”, dijo ayer jueves la directora de Amnistía Internacional Tania Reneaum.
Mientras que la representante de Asylum Access México, Alejandra Macías, comentó que es más complejo entrar a las estaciones migratorias en todo el país que en “un reclusorio”.
También relató que existen represalias contra lo migrantes que solicitan ayuda legal y la situación empeora cuando un extranjero interpone un amparo.
Otra activista, Rita Marcela Robles, politóloga del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, dijo que uno de los temas centrales es que se obstaculiza la labor de los defensores de verificar temas fundamentales para garantizar los derechos humanos de los migrantes.
Migración
El Instituto Nacional de Migración dijo que el 1 de febrero podrán visitar refugios
Retorno asistido
Sin embargo, el instituto citó que “en la mayoría de los casos y una vez revisada la condición migratoria particular, se procederá al retorno asistido a sus países de origen en caso de que la situación así lo amerite”.
No suplen a la sociedad
A decir de los activistas, la labor de las agencias internacionales no suple el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, porque hay cosas que las agencias no pueden hacer.
2,303 hondureños
De hecho, Migración informó que se habían deportado —entre el 18 al 27 de enero— a 2,303 hondureños.