Tarragona
La explosión de Iqoxe desnuda la inoperancia de la Administración
by Sara Sans- Denunciada la falta de control e inspecciones del Govern a la empresa accidentada
El reactor de Iqoxe que estalló la tarde del 14 de enero contenía alrededor de cuatro toneladas de óxido de etileno. La explosión causó una onda expansiva de tal magnitud que expulsó a casi tres kilómetros una pieza de acero de más de 800 kilos (la que provocó la muerte de un vecino en Torreforta), dobló vigas de acero, rompió cristales e hizo vibrar las casas de La Canonja y Bonavista. Fueron cuatro toneladas de óxido de etileno. A menos de cien metros del reactor que explotó, Iqoxe tiene los depósitos con capacidad para 1.470 toneladas del mismo producto. “Si cualquiera de los fragmentos de metralla hubiera impactado a alta velocidad en alguno de estos tanques, la explosión habría sido 300 veces superior”, asegura Ramon Mendo, del grupo ecologista Gepec.
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Una desgracia de proporciones inimaginables, añaden otras fuentes, máxime teniendo en cuenta que estos depósitos –cuatro de ellos, construidos en 1977– están conectados mediante tuberías con otras plantas del polígono y que a poca distancia están los tanques de Basf.
La noche del accidente que se cobró tres vidas y siete heridos, el azar quiso que ningún trozo de la metralla multiplicara la tragedia de forma exponencial. Aun así, se encontraron piezas de acero a varios kilómetros a la redonda y dentro del propio polígono. Uno de ellos dañó una tubería de abastecimiento de la planta de PDH (de deshidrogenación de propano) de Basf, que permanece parada desde hace dos semanas.
También fue crucial la acción de los empleados de Iqoxe que, pese a la explosión y las llamaradas en el reactor accidentado –el más nuevo y uno de los tres que la empresa tiene para fabricar derivados de óxido de etileno, los más rentables–, pudieron llevar a parada segura la planta de fabricación de óxido de etileno. Este reactor construido por Shell con tecnología propia en los años sesenta tenía una capacidad original para producir 70.000 toneladas al año. La cifra se ha ido incrementando hasta las actuales 140.000 toneladas. “La administración se ha limitado a considerar casi todos los cambios desde el 2001 como ‘no sustanciales’ para facilitar los trámites a la empresa, incluyendo el aumento de producción de óxido de etileno y la falta de aval tecnológico en la puesta en funcionamiento de la planta siniestrada”, mantiene la entidad, que entregará a la Fiscalía su informe, que apunta directamente al Govern y a su falta de controles e inspecciones.
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“El Departament d’Indústria ha interpretado la normativa de seguridad y las directrices europeas como Seveso II a medida de los intereses de las empresas”, afirma el abogado Pere Calduch, quien añade que Catalunya es la única comunidad autónoma que no dispone de ningún precepto legal que garantice una distancia de separación entre las instalaciones consideradas peligrosas y los núcleos urbanos. “Y este no es un problema de Iqoxe, sino de todo el territorio”, añade. No en vano, La Canonja está a 900 metros de las instalaciones de Iqoxe, y el barrio de Bonavista, a 700.
Desde que el grupo Cristian Lay, con Ricardo Leal y José Luis Morlanes al frente, adquirió la empresa en el 2014, “la inversión se ha destinado casi en exclusiva al aumento de la producción, no al mantenimiento y la seguridad, y siempre han contado con el aval de técnicos, directores de calidad ambiental e industria y los consellers del momento”. La entidad ecologista reclama al Govern una revisión profunda de todos los mecanismos de control y medidas de seguridad “como los que aplican otros países donde, por ejemplo, los depósitos de óxido de etileno están soterrados si hay población cerca o las salas de control están bunkerizadas”.
En contra de lo que viene siendo habitual en la política catalana, ayer en el Ayuntamiento de Tarragona todos los partidos sin excepción –ERC y ECP (en el gobierno municipal), PSC, Cs, JxTgn, CUP y PP– pactaron una declaración institucional con 16 acciones para endurecer la legislación y revisar los protocolos de emergencia.
A raíz de la explosión de Iqoxe, todos los grupos han acordado que el Ayuntamiento no sólo se personará en la causa penal abierta sino que instará a la Generalitat a personarse también como acusación particular contra Iqoxe para depurar responsabilidades penales. El acuerdo incluye la celebración de un pleno monográfico sobre el futuro modelo económico del Camp de Tarragona, “que contemple la diversificación económica y priorice la transición hacia una ‘química verde’ y la salud de las personas”. También han pactado instar al Parlament a crear una comisión de investigación, que se revisen los protocolos del plan de emergencia, un sistema de vigilancia remota de todas las industrias químicas y una nueva legislación más restrictiva sobre las medidas de control ambiental y de seguridad en el sector.